En mayo de 2018, una empresa de origen brasileño que trabaja hace 20 años en Uruguay puso 300 vacas con certificado de preñez para que pastaran en un campo cercano a la ruta 15 en Rocha. El contrato era por seis meses. Cuando se cumplió ese plazo, el dueño los reclamó, pero el hombre encargado de cuidar a los animales no los devolvió. El lunes 3 de diciembre, el dueño presentó una denuncia en el Chuy y el viernes pasado la Fiscalía Letrada de esa localidad dispuso la formalización de 13 personas (productores, intermediarios y operadores). Entre ellas se encuentra el empresario del taxi Óscar Dourado.

Paulo Priliac, abogado del dueño del ganado, describió el caso a la diaria. El hombre contratado por la empresa, que terminó suicidándose, vendió por lote las 300 vacas; les colocó caravanas falsas, pero no las remarcó. Ninguno de los seis productores implicados corroboró que la información de la guía fuera la misma que la marca. “Todos los productores rurales saben, o tienen que saber, que la marca es lo que prueba la propiedad”, dijo el abogado. Según su versión, algunos de los compradores alegaron que exigieron la trazabilidad, pero sin fijarse en la marca del vacuno, como indica la propiedad según la ley 17.997, que establece el Sistema de Identificación y Registro Animal. “Por eso se imputa la receptación”, dijo. Agregó que algunas caravanas decían que se trataba de machos de seis meses (y no vacas de cuatro años), por lo que no se podía alegar buena fe. “La buena fe es cuando hay una ignorancia excusable del ilícito, cuando una persona no se puede dar cuenta de que la están engañando”, argumentó.

Sobre Durado, Priliac dijo que, al ser productor, se le imputó el delito de receptación: “Dourado compró ganado por medio de un escritorio y no controló que perteneciera a la persona que se lo había vendido”. El empresario del taxi es uno de los dos productores que no accedieron a acordar con el dueño de los animales, por lo que deberá enfrentar un juicio civil, aseguró Priliac. Dourado sí acordó con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, a cambio de una compensación al dueño original. “Para la empresa, lo que queda es el daño y perjuicio, porque se llevaron el ganado y las vacas, y ya podrían estar entoradas [preñadas] otra vez”, explicó.

Sobre el proceso, Priliac dijo: “En este caso en particular, el nuevo Código del Proceso Penal funcionó a la perfección. La empresa está absolutamente conforme con los acuerdos alcanzados. Más allá del lío que tuvo que hacer, se vio resarcida completamente: en los casos en que no pudo recuperar los animales, llegó a un acuerdo económico”.

En octubre de 2018, tras una estafa millonaria en Treinta y Tres, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Enzo Benech, declaró a El Observador que los delitos de abigeato en Uruguay no son cometidos por personas que carnean animales para comer. “Es parte de un negocio, donde no necesariamente son chicos. Hay estructuras organizadas y en algún lugar se vende la carne”.

El diputado del Partido Nacional (PN) por el departamento de Rocha, Alejo Umpiérrez, dijo a la diaria que se siente muy consternado por el caso, porque la persona que procedió a vender el ganado de forma ilegal era su primo. Opinó que los implicados actuaron de buena fe y “los atrapó un tecnicismo jurídico, porque no corroboraron la propiedad que es la marca”. Sostuvo que no hay ninguna autoridad ni representante político del PN entre los implicados y descartó que dirigentes del movimiento Un Solo Uruguay estén entre los formalizados. Aseguró que su primo entró en “una calesita de deudas de varios años”, y por eso hizo la maniobra de cambiar caravanas para vender animales. El nacionalista, que, además de legislador y abogado, es productor ganadero, sostuvo que la trazabilidad en los hechos se transformó en la propiedad, en lugar de la marca. “Todos los que compramos ganado exigimos la trazabilidad como constancia de propiedad, a pesar de que jurídicamente la propiedad es la marca”. Explicó que comprobar la marca “es un trabajo chino”, porque hay que pasar los animales por el tubo y “mirarlos uno por uno en el cepo para corroborar que tengan la marca de la persona que los vendió”. Aseguró que en la actualidad muchos productores no remarcan el ganado como prueba del cambio de propiedad. Dijo que él remarca los animales, pero “jamás” se fija en la marca del que se los vendió: “No me pongo a revisar cada uno de los animales”.

Sobre la trazabilidad, Umpiérrez opinó que “tiene vacíos y problemas”. “Se lo dijimos al ministro cuando lo citamos en diciembre [a la comisión de diputados de Ganadería, Agricultura y Pesca]”, aseguró. En su criterio, el sistema favorece el abigeato y los mecanismos “perversos”, porque una caravana no quiere decir que ese animal exista, pero, por otra parte, “es un valor económico que sirve tanto para el balance de un banco como para la garantía de un crédito”.

El diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, Darcy de los Santos, dijo a la diaria que existen “sistemas organizados” de gente que no trabaja de forma aislada. “El agravamiento de la figura del delito en la reforma del Código que hubo en 2017 generó las herramientas para investigar, formalizar y procesar estos nuevos delitos”, aseguró.