Los miserables

En estos tiempos de turbulencia, la palabra “resistencia” aparece como reacción inevitable. Pero los pueblos, ni aún en los “mejores tiempos”, han dejado de enfrentar la continuidad de prácticas extractivistas. Las decisiones de un puñado definen los rumbos a seguir hacia la utopía neoliberal del “desarrollo”; el lobby de empresas trasnacionales seduce, sus operadores saben a quién acudir,cuáles son las cuerdas que hay que tocar.

Ante los intereses de una comunidad que no está dispuesta a naturalizar el despojo y la desterritorialización se impone la complacencia, la corrupción y la mirada corta de gobernantes que no entienden las implicaciones del deber y la responsabilidad que les fue conferida.

Estos tiempos merecen reflexión y sobre todo la atención de los movimientos políticos de izquierda que repiten los errores (horrores) que en otros territorios los han hecho comer polvo y poner en riesgo la vida de millones de personas en manos de una derecha oportunista y depredadora.

En nombre del progreso, dos trenes de la muerte se proyectan en nuestro continente. El tren “maya” en el sureste mexicano, afectará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. El otro, el “ferrocarril central”, conocido como el tren de UPM, busca partir en dos nuestro pequeño país, atravesando los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y Montevideo para transportar madera, celulosa y químicos. Si bien todavía no se ha firmado el contrato definitivo entre la empresa finlandesa y Uruguay, ya se han vulnerado derechos fundamentales y se ha puesto en evidencia la debilidad institucional.

Desde que empezaron las negociaciones con UPM Uruguay ha desconocido sistemáticamente su obligación de garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, así como la participación pública en los procesos de toma de decisiones que tienen un fuerte impacto ambiental,¹ como es el caso de la planta de celulosa y, en particular, el proyecto ferroviario que la hace viable.

Las disposiciones relativas al proyecto ferroviario se encuentran en las cláusulas 3.3 y 3.4 del proyecto contractual firmado entre el Poder Ejecutivo y UPM.

Vecinas y vecinos organizados, por el costado de la vía, han denunciado en diversos medios de prensa y por distintas instancias institucionales las profundas, graves e irreparables consecuencias que tendría desarrollar un proyecto ferroviario nacional de alta complejidad a lo largo de 273 kilómetros, sin los debidos estudios sanitarios, sociales, económicos y ambientales, sin garantizar la participación ciudadana ni la intervención académica, sin previsiones e ignorando a la ciudadanía en un acontecimiento grave para el país.

Los espacios de participación y consulta no han sido respetados. Si bien en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308) en los últimos días de 2018 se llevaron adelante dos audiencias públicas, estas fueron instancias que no garantizaron efectivamente la participación, la información, la consulta, el diálogo genuino y de buena fe en un proyecto que involucra a 35.750 habitantes de cinco departamentos.

Mucho se criticó el enojo y la tensión que se vivieron en las dos “audiencias públicas” impulsadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero poco se habló de la gravísima falta en la que incurrió el Estado con el despliegue teatral de un dispositivo que buscaba legitimar un proceso que no cuenta con el consentimiento de la ciudadanía y que está plagado de vicios, discrecionalidad e incertidumbre.²

Pareciera que se instrumentó en dichos encuentros algo que Mauricio García Villegas explica como la estrategia política de la cultura de incumplimiento: “Crear instituciones para obtener los beneficios de legitimación política de la legislación adoptada sin que ello implique aceptar los efectos prácticos de su puesta en funcionamiento”.

En una entrevista reciente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, tildó de miserables a los integrantes del grupo de vecinas y vecinos que, ante el drama que están viviendo, resisten con coraje el desprecio institucional. Ese repudio a la ciudadanía parece tan inexplicable como la predilección del ministro por las empresas que integran el consorcio Vía Central, encargado de llevar adelante el proyecto del tren y su gestión: ¿cómo es que “el proyecto de infraestructura más importante del quinquenio” tiene una sola propuesta aprobada para participar es la licitación?; ¿es razonable que para un proyecto de esta envergadura exista una sola propuesta que aplique cualitativamente, dejando al país entero dependiendo de una sola alternativa que cuenta, además, con antecedentes de incumplimiento y violación de derechos?³

Hay muchas otras preguntas que sistemáticamente se ha negado a responder el gobierno nacional en nombre de la confidencialidad y la protección de los inversores.

Más allá de las valoraciones que cada cual haga sobre las consecuencias del modelo forestal celulósico y la presión socioambiental en el territorio que implica esta tercera planta, lo que este proceso ha puesto en evidencia es la inconsistencia de un gobierno que recientemente asumió diversos compromisos de transparencia en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto, la insuficiencia de los mecanismos de control y protección de la ciudadanía y el medioambiente, el déficit institucional y el cínico manoseo a nuestro estado de derecho.

Tendríamos que aprender de los efectos devastadores que tiene desatender el grito de los pueblos, de esos miserables que no están dispuestos a permitir el avasallamiento de sus territorios. En Ecuador el marco regulatorio de las consultas públicas enfrentó al correísmo con el movimiento indígena, así como el Brasil de Lula y Dilma se convulsionó ante la imposición de la hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, o lo sucedido en Bolivia con el sueño del TIPNIS de Evo Morales y sus efectos en su base social y política.

El tren de UPM no va por buen camino. Tenemos que trazar una vía que no le dé la espalda a la población, que no niegue un proyecto país cuya base sea la justicia social y ambiental. Necesitamos transitar un camino que no sea funcional a los intereses corporativos, uno que sea capaz de resistir la nueva cartografía planetaria que ha impuesto la extrema derecha.

Valeria España es abogada, docente y consultora en derechos humanos y migración.