Uno de los pilares de la campaña de Edgardo Novick (Partido de la Gente, PG) es la seguridad. Ayer el precandidato publicó en su cuenta de Twitter que si gana las elecciones modificará el Código del Proceso Penal (CPP), porque en la actualidad “está dejando libres y sin antecedentes a ladrones que ‘devuelven’ lo que robaron”.
Robert Parrado, asesor de Novick en seguridad, dijo a la diaria que el nuevo CPP “ingresó en un momento muy inadecuado de la vida del país”, y que a su criterio “incrementó los niveles de inseguridad” al no cortar “la ruta criminal”. También aseguró que la persona que comete un delito debe tener un castigo, porque de otra forma “siente que hay un nivel de impunidad atroz”. Como ejemplo puso el reciente caso de abigeato en Rocha, en el que las 13 personas que compraron vacas preñadas robadas devolvieron los animales o los pagaron, gracias a lo cual el proceso fue suspendido y no quedarán con antecedentes.
El asesor dijo que es partidario de derogar el nuevo CPP, porque “generó mucho más daño que efectos positivos” y “el delincuente siente que no pasa nada”, pero admitió que este “no es el momento” para esa derogación.
A pesar de que en el caso de Rocha la víctima de abigeato está conforme con la solución a la que se llegó, el integrante del PG dijo que a este tema “hay que mirarlo como una política de Estado, no con un criterio individual”, y que “se debe pensar en una política criminal del país”.
Sobre la aprobación del CPP, que fue votado por todos los partidos, opinó que fue uno de los “errores del sistema político”, y acotó que entre los legisladores “hoy más de uno se rasga las vestiduras y se olvida de que fueron parte del problema” al aprobarlo.
Para cambiar el CPP aprobado por el Parlamento no basta con la voluntad presidencial, sino que debería votarse una ley, y lo más probable es que eso requiera el apoyo de más de un partido. “Se necesita que las manos se levanten para generar los cambios. En este caso debe haber voluntad honesta y sincera”, aseguró Parrado.
Una de las propuestas del PG es incluir en la hipótesis de formalización con prisión los casos de hurto agravado y abigeato agravado. En la actualidad, los artículos 258 y 259 del Código Rural dicen que el delito de abigeato será castigado con una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, y que esa pena podrá ser de hasta ocho años de penitenciaría cuando exista una circunstancia agravante.
El PG también plantea que “la aceptación de los hechos por parte del imputado no podrá modificar la calificación jurídica que el fiscal efectúe de la conducta posiblemente delictiva en cuestión”, según señala un documento que recoge las propuestas partidarias.
Parrado sostiene que una de las maneras de combatir el delito es hacer que las personas sientan “que la ley los toca”, que “no zafan”. Dijo también que quienes son condenados a prisión domiciliaria o a pasar determinada cantidad de horas en una comisaría deben sentir “el rigor y las consecuencias de haber atacado al sistema legal cometiendo una falta o un delito”. Por último, opinó que se debe utilizar un sitio especial “similar a la cárcel”, en el que la gente sienta cómo se “cierra el cerrojo” y pueda reflexionar sobre lo que es entrar “en un camino que no es bueno”.