El sindicato de la Dirección General Impositiva (DGI) realizó ayer una jornada de paro y concentración en la calle Avenida Gorlero, de Punta del Este, por el conflicto que los trabajadores tienen con esta oficina del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los trabajadores de la DGI están en conflicto por un decreto del jueves 20 de diciembre que establece una modificación en el pago de la prima por rendimiento, y que consideran que en los hechos es una rebaja salarial. No obstante, el director de la DGI, Joaquín Serra, dijo a la diaria el pasado 28 de diciembre que el Poder Ejecutivo no promovería un decreto que significara una rebaja salarial para los funcionarios: “No se puede hacer legalmente, pero además no lo haríamos por convicción, nos parece que es incorrecto”.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Impositiva, Aidemar González, explicó a la diaria que tanto en 2005 como en 2011 se optó por no incluir las metas institucionales en la partida por rendimiento. Sin embargo, el año pasado, por iniciativa “unilateral” del Poder Ejecutivo, se incorporaron los objetivos institucionales en la partida de 15% del salario mensual por productividad. “La partida de productividad deja de depender del trabajador y pasa a depender de las decisiones políticas”, acotó.

Como contrapartida, explicó González, los directores recibirán 175.000 pesos extras al año por cumplimiento de meta. Por lo tanto, la “meta de los directores pasa de 220.000 pesos a 395.000 pesos”, acotó. “Se aumenta el salario por meta de los directores, pero a los trabajadores nos bajan el salario”, subrayó. Agregó que solicitaron una entrevista con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y contactaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poder generar una nueva instancia de diálogo y destrabar el conflicto.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, José Lorenzo López, dijo a la diaria que cualquier rebaja salarial genera un conflicto, pero cuando “la rebaja es para financiar los sueldos más altos de la DGI evidentemente es mucho peor”. Una posible solución, acotó, es generar un convenio colectivo a dos años en el que se defina que no puede haber pérdida salarial para los trabajadores y, en el marco de lo que define el decreto del Poder Ejecutivo, se puedan “establecer metas institucionales e ir evaluándolas sobre la marcha con otro tipo de contrapartida para la institución”.