No caben dudas de que la seguridad marca la agenda política y los movimientos electorales. Muestra de esto son los plebiscitos que se han impulsado en las últimas tres elecciones nacionales.

En 2009 se intentó, -sin éxito y con complicidades varias- derogar la ley de caducidad que mantiene impune a la mayor confluencia de crimen organizado de la historia uruguaya. Los militares eran mala palabra. Eran todo a lo que no queríamos volver; su presencia remite simbólica y empíricamente a una época de enorme ferocidad y escasas garantías.

En 2014, otra vez la seguridad en el foco. El enemigo público del momento: los adolescentes. A pesar de que en aquel entonces los adultos eran responsables de 94% de los delitos -cifra que hoy es aún mayor- algunos tomaron la decisión política de responsabilizarlos de la situación delictual e intentaron bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Una generación entera se movilizó en todo el país y el plebiscito fracasó. También fue el ocaso de la carrera político partidaria de su mayor impulsor, Pedro Bordaberry, quien no logró recomponerse tras haber perdido el plebiscito y tras llevar al Partido Colorado a la peor votación de su historia. Otra cosa que fracasó tras ese plebiscito -hay que decirlo- es el abordaje de la política para los adolescentes en conflicto con la ley. El movimiento se disipó y el sistema penal adolescente quedó en el olvido, para varios. La reforma penitenciaria para adolescentes sigue siendo una deuda.

En 2019 estamos otra vez debatiendo sobre seguridad y demagogia punitiva. Una vez más, estrategias inexplicables con fuerte sostén popular ponen en riesgo la seguridad. Lo más sorprendente es quizás cuánto ha cambiado en tan solo diez años el significante “militares” y cómo a alguien se le puede haber ocurrido convocarlos para pensar en algo tan distinto a su rol, como es la seguridad interna.

El plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga que se someterá a voluntad popular el domingo 27 es un combo que implica altísimos riesgos para la seguridad. Las propuestas, con nulo acervo técnico, son: militarización de la seguridad interna, cadena perpetua, cumplimiento efectivo de penas y allanamientos nocturnos.

El problema de la letalidad

Para definir estrategias de seguridad es necesario visualizar qué delitos se persiguen y qué daños se quieren y se pueden reducir. También cuestionarnos, aunque la respuesta se mantenga inalterada en el tiempo, si nos interesa más salvaguardar la vida o la propiedad.

La letalidad es un problema. Hubo un aumento significativo de este fenómeno en 2018. Sin discriminar por género, los homicidios aumentaron 46%. En 2017 hubo 284 homicidios; en 2018 la cifra escaló a 414 homicidios.

358 (86%) de las personas asesinadas eran varones y 56 (14%) fueron mujeres. Producto de los roles de género, los hombres se exponen más -como víctimas y como victimarios- a la violencia. De los homicidios a varones, 60% fueron catalogados como “ajuste de cuentas” (una figura no jurídica que define un homicidio en el que se presume que el móvil tiene una vinculación con la actividad delictiva). 23% fueron conflictos entre personas que se conocen y otro tipo de conflictos, 12% derivaron de hurtos y rapiñas y 5% fueron asesinados dentro de las cárceles.

En el caso de los homicidios a mujeres, 64% fueron femicidios y homicidios domésticos, en manos de su pareja, ex pareja u otro familiar. 9% fueron asesinadas en agresiones sexuales. 16% no tenían ninguna relación con su homicida, dentro de lo que se incluyen los delitos de hurtos y rapiñas (12%).

Para ambos géneros, sólo 12% de los homicidios fueron derivados de hurtos, rapiñas u otro tipo de delitos contra la propiedad. La preocupación de la población, el miedo, y las estrategias securitanas discursivas y programáticas hacen foco en este tipo de homicidios. La inmensa mayoría de la letalidad (88%), que es de otra naturaleza y complejidad, queda excluida de la estrategia.

En este sentido, esta reforma no contempla en absoluto el problema de la letalidad, tampoco otros desafíos que hacen a la seguridad hoy en día, como son el crimen organizado, las economías ilegales, la violencia de género y la situación carcelaria, entre otros.

A los militares: no.

La seguridad en América Latina está fuertemente militarizada, sin resultados exitosos a la vista y con altísimos niveles de violencia y letalidad. Los militares nunca dejaron de estar en la política y han encontrado en la seguridad la excusa para volver a “poder ser” y para eso buscan generar marcos normativos que los avalen, como es el caso de este plebiscito.

Hay una falsa noción sobre la capacidad de los militares para hacerse cargo de la seguridad. En la dictadura, cuando los militares se impusieron por la fuerza y se hicieron cargo de todo, incluida “la seguridad”, los delitos comunes aumentaron. Y ni hablar de cuánto aumentaron los secuestros, las torturas, los delitos sexuales, los homicidios y las desapariciones.

La mayoría de los militares se oponen a esta reforma y reconocen que no están capacitados para asumir esta función. Para Carlos Silva, presidente del Círculo Militar, la Policía y el Ejército “tienen formas opuestas e incompatibles para operar”. Otro de los militares que se opuso a esta reforma es Julio Halty, ex presidente del Supremo Tribunal Militar, quien dijo que la intervención militar no estaría a la altura y podría generar repercusiones mucho más duras en la seguridad.

A nivel regional, Uruguay es el único país que confía más en la Policía que en los militares. La inclusión de los militares en la seguridad podría implicar la subordinación y el debilitamiento de la Policía. Actualmente hay 27 mil policías armados con una doctrina y una capacitación democrática para abordar la seguridad. Cabe cuestionar qué podrían aportar los dos mil militares que formarían la Guardia Nacional y cómo será la articulación entre ambas fuerzas.

Los militares no están formados para tareas de seguridad interna. Se forman para repeler injerencias y ataques de otros países, defendiendo así la soberanía nacional. Su doctrina es otra. Además, las leyes militares son opacas, no tienen la investigación entre sus capacidades y no están obligados a aportar información. También tienen su propio subsistema de Justicia, con todos los problemas que eso acarrea.

Por primera vez en democracia, estarían trabajando dos fuerzas que nada tienen que ver en una misma jurisdicción. Algunas preguntas evidentes al respecto: ¿De quién van a depender? ¿Cómo van a coordinar? ¿Cual estará subordinada a la otra? ¿Qué leyes orgánicas y procedimentales van a seguir? ¿Cómo se van a regular las zonas grises de acción conjunta?

La inclusión del Ejército no soluciona el problema y aumenta la incidencia de la violencia. Para abordar la seguridad interna es preciso dotar a la Policía de recursos y confianza. En este sentido, la profundización de la reforma policial con énfasis en la formación, recursos, el uso de investigación y tecnología es una necesidad.

A la cadena perpetua: no.

La pena máxima en Uruguay es de treinta años. Se pueden sumar 15 años más como medida de seguridad. Esto quiere decir que hoy en día una persona puede estar hasta 45 años presa en nuestro país. Estas penas se aplican a delitos particularísimos, de fuerte impacto mediático. Son crímenes tan particulares que se los conoce por un nombre, que en general es el de la víctima.

Estas penas se aplican mayoritariamente a casos de delitos sexuales seguidos de homicidio, también en casos de femicidios, entre otros. Las víctimas suelen ser niñas, niños y mujeres. Los ofensores suelen ser varones adultos. En el caso de los femicidas, que tienen un promedio de edad de entre 38 y 50 años, con las condiciones actuales, estos ofensores pasan prácticamente el resto de vida que les queda por delante dentro de la cárcel. Mismo devenir atraviesan los varones adultos que cometen otros delitos gravísimos como los antes dichos.

Además de estar cubiertos por el actual sistema de penas, estos delitos son marginales y no son representativos de la criminalidad, por lo que el impacto de esta medida sería escaso o nulo.

Al cumplimiento efectivo de penas: no.

Hay cosas que ya están harto dichas: las cárceles no sirven, las personas salen peor, si no hay propuestas intracarcelarias para romper con las trayectorias delictivas no hay alternativa posible, para que mejore la seguridad tienen que mejorar las cárceles. Pero, el encarnizamiento carcelario sigue presente en nuestra sociedad, más con un objetivo de castigo que como una política de seguridad.

Para quienes trabajamos en cárceles, determinadas políticas hacen la diferencia y logran impactar sobre el devenir delictivo. Tal es el caso de la redención de pena, que plantea a las personas privadas de libertad la posibilidad de reducir su permanencia en la cárcel si estudian o trabajan. Estas iniciativas son un pilar para los programas de trato y tratamiento, además de ser fundamentales para apoyar los procesos de desistimiento del mundo delictivo. Que las personas puedan abandonar el mundo del delito y dejar de generar violencia no depende del tiempo que pasen dentro de la cárcel sino de lo que pase durante ese tiempo de privación de libertad. Forzar al cumplimiento efectivo de penas demuestra el desconocimiento absoluto en el tema y disminuye las chances de que las personas logren volver a insertarse en la sociedad.

A los allanamientos nocturnos: no.

Los allanamientos nocturnos no tienen garantías y generan más riesgos para todas las partes que intervienen. Son un problema para la seguridad, tanto para quienes se presume están cometiendo delitos como para las y los policías que tienen que intervenir en los operativos.

La vanagloria de los allanamientos viene de la mano de la miopía de creer que el narcotráfico se combate atacando a las bocas de expendio de drogas. La persecución de los puntos de venta es una estrategia limitada, que no hace mella sobre la complejidad del narcotráfico.

La inteligencia e investigación actual permiten acumular información, además de la necesaria orden judicial, para realizar procedimientos con garantías y estrategias de seguridad que reduzcan los riesgos y daños para todas las partes.

Es necesario poner en discusión también qué pasa después de un allanamiento y cómo estos procedimientos impactan sobre los entornos de las personas que cometen delitos, en particular sobre las niñas y niños que habitan los territorios. Estos episodios generan altos niveles de violencia y requieren la presencia a posteriori del Estado en su integralidad.

El debate sobre el narcotráfico debe exceder el fetiche del allanamiento. La narcopolítica, el lavado de activos y el control de fronteras -a cargo de las Fuerzas Armadas, con fallas evidentes en el último tiempo- se deben incorporar a la discusión. También la existencia de otras economías ilegales, como es el caso de la trata de personas.

Reactivos

Si hay algo que han sabido las campañas plebiscitarias, “Para vivir en paz” y “Vivir sin miedo” es construir eslóganes potentes que conectan directo con la emoción y con la necesidad de una población que honestamente pide respuestas ante la necesidad urgente de encarar la criminalidad.

Ambas fueron enfrentadas por contracampañas jóvenes que surgieron del seno de los movimientos sociales, que se construyeron desde la empatía y no desde la violencia. Se pararon de frente a decirles que no: No a la baja, no a la reforma.

Así como “Para vivir en paz” cedió en las últimas semanas de campaña y pasó a llamarse “Sí a la baja”, “Vivir sin miedo” también cedió en estas semanas y hoy es conocida como “Si a la reforma”. En 2014 ese quiebre representó el momento en que empezaron a perder y el plebiscito que parecía imposible se pudo dar vuelta.

En la calle, otros caminos posibles

Construir alternativas posibles para abordar la criminalidad es sin duda una necesidad. Y en este sentido hay trabajo de sobra desde múltiples espacios que demuestran -no solo en épocas de elecciones- que hay otras formas de hacer las cosas, y que esas formas son mucho más eficientes.

Hay que dejar de lado la nostalgia por regímenes ya perimidos, que nunca sirvieron para mejorar la seguridad. Si queremos asumir la criminalidad del siglo XXI tenemos que asumir estrategias acordes a esta época, que apunten a la inteligencia y no a la fuerza bruta.

Se ha intentado achacar a las contracampañas la falta de propuestas alternativas en seguridad. Y la realidad es que estos movimientos son en sí mismo la alternativa. Son la reacción y la salvaguarda de la seguridad democrática. Son la respuesta a las reglas de un juego que propusieron otros. Es un juego que solo permite reaccionar y no admite otra respuesta. Porque a los impulsos reaccionarios se les dice que no.

Uruguay está próximo a definir su futuro. Una vez más, miles de personas ocupamos las calles para demostrar que otro camino es posible, que en Uruguay hay mucho más que miedo y violencia. En estos días en que no todos los países de la región tienen el derecho de ocupar las calles, marchamos porque podemos. Para que podamos vivir sin miedo, quienes tienen responsabilidad política tienen que dejar de promoverlo.

Denisse Legrand es coordinadora del proyecto socioeducativo en cárceles Nada Crece a la Sombra.