En el artículo titulado “Desbordó el vaso”, publicado por la diaria el 23 de agosto, cuestionábamos que no se hubiera alertado a la población sobre la posible inundación en Santa Lucía, cuando existían elementos de peso para hacerlo en tiempo y forma, como muestra el gráfico 1.

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Al mismo tiempo, expusimos interrogantes sobre la posibilidad de que la represa de Paso Severino colabore en mitigar inundaciones; durante la inundación de junio de 2019, el manejo de la represa fue casi equivalente a que esta no existiese, ya que se mantuvo una cota que no permite acumular agua para suavizar las crecidas. Comparando esta última crecida con la que tuvo lugar en 1986, antes de que se construyera tal represa, nos volvemos a encontrar con que la inundación de meses atrás fue mayor a pesar de haber llovido menos (ver gráfico 2). Esto motiva dejar de lado el argumento simplista que utiliza al “cambio climático” como chivo expiatorio, y empezar a entender que la diferencia fundamental que tenemos con aquella época no es la dinámica de lluvias, sino los cambios en el uso del suelo.

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Por tanto, en este artículo nos proponemos exponer cuál es el rol del modelo productivo en estas crecidas, así como dar la discusión poniendo sobre la mesa algunos costos que no están siendo considerados.

Cambios en el uso del suelo

Tal como se publicaba anteriormente aquí, tenemos suelos deteriorados y ríos que se desbordan. Es muy difícil no asociar estos dos procesos, y hay bastante investigación científica de distintas partes del mundo que así lo hace.

Investigadores del Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina llevaron adelante una investigación que les permite afirmar que la absorción de agua de un campo de soja transgénica es la tercera parte que la correspondiente a un campo de pasturas, y a su vez esta es la tercera parte de lo que absorbe un monte nativo;1 ¡hay una relación de 1 a 10 entre lo que absorbe un campo de soja y un monte nativo! En este sentido, los datos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) son claros: la superficie de secano (principalmente soja/maíz) en la cuenca del río Santa Lucía pasó de 500.000 hectáreas en el año 2000 a 600.000 hectáreas en 2015, incrementándose así 20% en ese período.

La Facultad de Ciencias de la Universidad de la República publicó recientemente un estudio2 realizado en la cuenca del río San José (perteneciente a la macrocuenca del río Santa Lucía), en el que respalda lo que comentábamos al comienzo. Las conclusiones de la investigación, relativa al período 1987-2017, pueden resumirse en tres afirmaciones:

Hay incrementos sustanciales en la frecuencia y la magnitud de las crecientes.

No hay cambios relevantes en el clima ni en el comportamiento de las lluvias.

El cambio sustancial se produjo en el uso del suelo: mientras que en 1987 “el área destinada a cultivos cubría 25%”, en 2017 “el uso del suelo predominante son monocultivos cerealeros (soja, maíz, sorgo) que cubren aproximadamente 43% de la superficie”.

La relación de causalidad entre la primera y la tercera afirmación está dada por la correlación temporal entre las lluvias y las crecidas: en el período 1987-1996, la respuesta del río frente a las lluvias era relativamente lenta, demorando unos tres días en manifestarse y manteniéndose durante unos seis días, mientras que en el período 2005-2018 la respuesta demora tan sólo un día en aparecer y su manifestación dura cuatro días. Esta celeridad cada vez mayor en la dinámica fluvial se asocia a “un aumento en la velocidad de escurrimiento superficial en toda la cuenca”.

Por otra parte, según expuso Beatriz Sosa, investigadora de la Facultad de Ciencias, en la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía (CCRSL)3 –y ha sido ampliamente estudiado–, los sistemas riparios, concebidos como las zonas de conexión e intercambio entre los sistemas terrestres y acuáticos (humedales, praderas inundables, bosques ribereños), cumplen funciones ecológicas fundamentales; no sólo intervienen para el filtrado de contaminantes provenientes del uso agrícola intensivo de las tierras altas, sino que tienen además un rol importante en la protección contra procesos erosivos e inundaciones.

Daños colaterales

Habiendo argumentos tan sólidos sobre las repercusiones negativas del modelo productivo imperante –y no hablamos sólo de las inundaciones, claro está, sino también de lo relativo a la salud, la calidad del agua, los derechos humanos y tantos otros aspectos que varios colectivos hemos planteado en diversas instancias–, nos preguntamos: ¿por qué se lo sigue promoviendo desde el propio gobierno? Si hablamos de modelo productivo, y más estando en campaña electoral, los argumentos de relevancia parecerían reducirse meramente a índices macroeconómicos. Es por ello que queremos poner algunos números sobre la mesa.

¿Cuánto nos cuesta una inundación en términos monetarios? Se solicitó información sobre cuantificación de costos y cantidad de hogares afectados a Leonardo Herou, Eduardo Puchy y Cono Arrúa, coordinadores de los Centros Coordinadores de Emergencia Departamental de Canelones, San José y Florida, respectivamente. Ninguno respondió.

Las inundaciones son cada vez más frecuentes y resultan en catástrofes porque el modelo productivo que se ha impulsado desde los gobiernos en los últimos 50 años es insostenible.

A partir de un estudio del Sistema Nacional de Emergencia sobre algunos de los costos de la inundación de 2001 en Artigas,4 se puede estimar que el costo de la inundación de junio pasado, sólo en Santa Lucía, supera ampliamente los dos millones de dólares –sin tener en cuenta la pérdida de vidas humanas, la depreciación de la vivienda, costos en el sistema de salud, horas extras de trabajadores, entre otros–. ¿Cuánto habrá sido el costo en todo el país, teniendo en cuenta que hubo ocho departamentos afectados? Debe hacerse notar que estos costos no recaen en quienes se enriquecen con el modelo productivo, sino que una parte –el costo estatal– lo pagamos todos, mientras que el resto lo pagan los propios damnificados, población que en general es socioeconómicamente más vulnerable. Una vez más, vemos que este sistema socializa los costos de quienes concentran la riqueza.

La voluntad política

Hasta aquí presentamos los planteos que ya realizamos, tanto en la CCRSL, frente a autoridades de los tres niveles de gobierno, el 30 de julio del corriente, como en la Junta Departamental de Canelones (JDC) el 14 de agosto pasado.

En la CCRSL el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca solicitó la postergación de las mociones que presentamos, relativas al modelo productivo y las zonas buffer (exclusión productiva a los márgenes de los cursos de agua). Accedimos a postergarlas para el 3 de setiembre, y se acordó –a solicitud nuestra– realizarla en la ciudad de Santa Lucía, para que más vecinos y vecinas directamente perjudicados por la situación pudieran aportar elementos en una instancia tan importante. La realidad es que la sesión no sólo fue postergada para el 26 de setiembre, sino que sin consulta previa se nos informó que se realizaría en Paso Severino. Entendemos que cuando en forma unilateral y sin consulta previa, se rompe un acuerdo, se rompe el respeto más elemental que debe primar en un ámbito de participación social.

El 17 de setiembre la JDC aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial Rural de Canelones, que, si bien prohíbe la soja transgénica en la denominada Zona 1 (Sauce, Toledo, Pando y La Armonía, entre otras), no lo hace para la región que el propio plan declara como de “protección de agua potable”, aun cuando se admite, en la redacción misma del plan, que 80% de la contaminación es causada por cultivos extensivos, lo cual resulta paradójico. Sorprende más aun cuando, una semana antes (el 10 de setiembre), la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo reconoce la problemática relativa a este tipo de cultivos. Además, considera que la propuesta –realizada reiteradas veces por diversos colectivos– de prohibirlos en Canelones es “atendible” y “debe ser considerada formalmente por parte del Estado”.

Para reflexionar

En tiempos en los que el presidente estadounidense, Donald Trump, niega la existencia del calentamiento global y su par brasileño, Jair Bolsonaro, arremete de lleno contra el medioambiente (entre otras atrocidades), parecería que la vara para medir la preservación de los ecosistemas y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de un ambiente medianamente sano está un poco desviada. Llama la atención la facilidad con la que se juzga, por ejemplo, el incendio de la selva amazónica mientras aquí, en territorio uruguayo, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca no le importa que la apicultura no pueda abrirse camino frente a la contaminación por el modelo productivo basado en agrotóxicos, que literalmente mata a las abejas.5 De hecho, el Ejecutivo sigue insistiendo en la aprobación de nuevos paquetes transgénicos que no cuentan con el aval de la academia ni del MVOTMA, ni la del propio Ministerio de Salud Pública.6 Las inundaciones son cada vez más frecuentes y resultan en catástrofes, no porque las lluvias sean cada vez más intensas, sino porque, entre otras cosas, el modelo productivo que se ha impulsado desde los gobiernos en los últimos 50 años es insostenible.

Andrés Seré, Andrea Tommasino, Santiago Dárdano, María Fernanda González, Joaquín Pisciottano, Daniel Larrosa, Laura Córdoba, Marcos Umpiérrez, Andrea Araújo y Carlos Dárdano son integrantes de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.