A dos meses de la inundación, Santa Lucía ya no ocupa los titulares de los periódicos y el tema parece haber sido olvidado por la mayoría de la población, o a lo sumo haber quedado guardado en la memoria como una anécdota más. Sin embargo, la vivencia es muy diferente en la población que habita en las más de 40 manzanas afectadas. Una recorrida por estas calles nos muestra persistentes manchas de humedad que delatan el nivel de agua alcanzado, así como a vecinos sacando a airear colchones y muebles cuando el clima lo permite. Mosaicos de fotos, dibujos y escritos desparramados buscan ser recuperados del olvido por el sol, al menos parcialmente. Eso no es todo: los carteles de alquiler y venta se han multiplicado y los precios de los inmuebles se han venido abajo. Los deshumificadores y los muebles escasearon en el mercado local, pero lo que sobran son las deudas, contraídas incluso por aquellos vecinos que no tienen la capacidad para hacerles frente con recursos propios. Gente agotada por tantas horas de trabajo no remunerado recuperando sus cosas, formando parte de ese enorme aluvión de solidaridad que en buena medida viene a remendar los vacíos del Estado al respecto. Los daños que hay son muchos y los más importantes, como las pérdidas de vidas humanas, resultan incuantificables. Las escasas pero bienvenidas ayudas estatales resultan irrisorias ante la magnitud de las pérdidas.

Buscando respuestas

Cuando empezamos a buscar respuestas nos chocamos una y otra vez con la explicación oficial, repetida como un mantra por los principales medios de comunicación hasta hacer mella en el sentido común. Esta apunta al cambio climático como el factor determinante, cuando no único, del desastre. Este argumento tiene el aliciente para las autoridades de diluir cualquier responsabilidad en el paraguas del fenómeno global. Alejados de las tesis negacionistas y a sabiendas de los estragos que el cambio climático está generando, entendemos que esta es una respuesta rápida y simplista que omite (en muchos casos intencionalmente) importantes variables que estuvieron presentes en esta inundación. Este artículo pretende poner sobre la mesa algunas de esas tensiones escondidas detrás del discurso que tiende a la naturalización del desastre, todas ellas ya puestas de manifiesto en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía (CCRSL) el 30 de julio.

Siguiendo la argumentación oficial sólo podemos pensar que estos eventos serán cada vez peores, y entonces nuestro rol como ciudadanos se limitaría a esperar la “ayuda” estatal o medidas posdesastre. No conformes con este lugar pasivo y ante la omisión de los organismos pertinentes, nos vimos en la necesidad de indagar en las diferentes variables que propician las crecientes. A pesar de que defendemos el control y monitoreo ciudadano, entendemos que son las instituciones estatales las que no sólo cuentan con los recursos humanos y materiales para realizar dicha investigación, sino que además tienen la responsabilidad de hacerlo. Este camino implica desnaturalizar las desgracias, lo que trae aparejado asumir las responsabilidades y los costos políticos de las gestiones.

Lo primero que descubrimos fue que si bien en Santa Lucía el nivel de agua en 2019 fue el máximo desde que hay registro (superando la marca histórica de 1900), los niveles pluviométricos1 fueron menores a los registrados en inundaciones anteriores, como las de 2016 y 1986, lo que nos reafirmó en la idea de que existen variables que no pueden simplificarse dentro del concepto “cambio climático”.

Sobre el manejo de las represas

Se realizó un pedido de acceso a la información pública a OSE solicitando datos pluviométricos por subcuenca para la cuenca del río Santa Lucía y el estado de las represas de Paso Severino, Aguas Corrientes y Canelón Grande (estado de las válvulas/compuertas y nivel del agua).

Sobre la ausencia de una alerta

La siguiente interrogante es si, habiendo realizado el manejo de la represa de Paso Severino con el agua por encima del nivel de rebalse, teniendo en cuenta las alertas climáticas y que el agua llegó a un máximo histórico durante la madrugada del 17 de junio, no estaban dadas las condiciones para alertar a la población del peligro inminente que podría ocurrir en los días subsiguientes.

La realidad es que la población no fue advertida a tiempo. Desconocemos cuál es el protocolo del Centro Coordinador de Emergencias Departamental para alertar a la población, ni si lo tiene, pero por las dudas ya ofrecimos a las autoridades nuestro megáfono para ello. Entendemos que un Sistema de Alerta Temprana eficiente puede ser la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre, y en ese sentido presentamos una moción a la CCRSL.

Conclusiones

Como podrán imaginar, la indignación recorre las venas de los vecinos que venimos descubriendo las inoperancias, los daños económicos, afectivos y psicológicos que se podrían haber evitado, las vidas que podrían haberse salvado.

Llamamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar las investigaciones pertinentes y asumir las responsabilidades que estas conlleven, lo que sería una buena forma de empezar a rectificar el camino. Son la justicia y la dignidad las que nos animan a buscar responsables, porque para que esto no se repita es necesario cortar con la impunidad, madre del olvido y la resignación.

Joaquín Pisciottano, Andrea Araújo y Andrés Seré son integrantes de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.


  1. Todas las referencias a información pluviométrica contenidas en este artículo se realizan respecto del promedio diario sobre la cuenca del río Santa Lucía. No disponemos de información más detallada (por subcuenca), y en ese sentido también presentamos una moción en la CCRSL para que estos datos –entre otros– sean públicos, en formatos abiertos y actualizados en tiempo real.