Siete ministros y ex ministros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, pertenecientes al Partido Nacional (PN) y al Partido Colorado (PC), impugnaron exitosamente tres artículos de la Ley 18.996 –interpretativos del Presupuesto 2011-2015– y lograron que sus sueldos sean igualados, desde 2012 y de forma retroactiva, a los de los ministros de Estado.

Los artículos impugnados hacían referencia al 64º del Presupuesto 2010-2015, que fue el que desató el conflicto de distintos actores judiciales con el gobierno: allí se igualó los sueldos de los ministros con los de los senadores, pero no se especificó qué tipo de ministros eran los señalados por la ley. El gobierno luego sustituyó ese artículo por el 16º de la Ley 18.996, que especificaba que se trataba de “ministros de Estado”, y estableció que para “toda otra retribución o dotación” se tomaría como base “el valor de los sueldos nominales de dichos cargos de 1º de enero de 2010”, es decir, antes de que se hiciera esta reforma salarial de los jerarcas.

En 2014 y mediante dos sentencias, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decretó la inconstitucionalidad de los artículos 14º, 15º y 16º de la Ley 18.996, por temas de forma. Los ministros argumentaron que por más de que estos estaban incluidos en una Rendición de Cuentas, no habían sido enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento –como establece la carta magna–, sino que fueron incorporados en el Senado sin que la otra cámara pudiera tratarlos. Además, los ministros de la corporación consideraron que el Poder Ejecutivo tampoco “argumentó sobre la necesidad o lo aconsejable de la reducción de las remuneraciones”, según establece el artículo 214º de la carta magna, “pues al no haber incluido las normas en el proyecto que envió al Poder Legislativo, no hubo oportunidad de hacerlo ni pudo después”.

Pero no sólo jueces, fiscales y funcionarios judiciales impugnaron esta norma exitosamente. También lo hicieron los ministros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas que representaban al PN y al PC en ese entonces. El recurso de inconstitucionalidad a esos artículos de la Ley 18.996 fue presentado por los ex ministros de la Corte Electoral Alberto Brause y Gustavo Silveira (PC), y Sandra Etcheverry y Margarita Reyes (PN); y del Tribunal de Cuentas Ruperto Long (PN), Beatriz Martínez (PN) y Álvaro Ezcurra (PC). Este último es el único que todavía se mantiene en el cargo.

El 10 de noviembre de 2014, la SCJ respondió afirmativamente al reclamo de los ministros y dio cabida al recurso, con los argumentos esgrimidos en los fallos anteriores. Como resultado, los entonces jerarcas vieron hipotéticamente incrementado su salario algo más de 30%, aunque nunca llegaron a cobrar el aumento obtenido mediante la impugnación. Todos los ex ministros consultados dijeron a la diaria que aún no cobraron la cifra total. “Ya no sé ni en qué está eso”, dijo a la diaria el ex ministro de la Corte Electoral Gustavo Silveira. En tanto, la nacionalista Sandra Etcheverry ironizó: “Creo que lo van a cobrar mis nietos”.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, aseguró que efectivamente se prevé ejecutar el pago a estos ex ministros y a Ezcurra, pero existe una “diferencia en cuanto a los temas de la liquidación y el número final” con el abogado que representa a los ministros de ambas instituciones, el otrora ministro de Salud Pública Carlos Delpiazzo. “Es algo de fácil solución y en los próximos días eso va a ir quedando pronto. No es porque el MEF no vaya a pagarlo ni mucho menos”, aseguró, descartando cualquier tipo de intencionalidad.

Los números

La cifra adeudada actualmente a los ministros del Tribunal de Cuentas asciende a 22.079.312 pesos según los cálculos del propio organismo, a los que accedió la diaria. En concreto, el Tribunal sostiene que la deuda total es de 7.679.321 pesos para Ezcurra, de 7.598.593 pesos para Long y de 6.801.398 pesos para Martínez, sumando todo lo debido desde 2012 y teniendo en cuenta la correspondiente actualización por el Índice de Precios al Consumidor y el interés devengado al 30 de junio de 2019. El salario actual de los ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral es de 165.454 pesos, mientras que el de los senadores es de 217.808, sin contar los gastos de representación, que lo elevan a 254.436.

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Esta cifra adeudada está dividida en dos períodos: del 28 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2012, y del 24 de mayo de 2014 al 7 de abril de 2019. El primero de estos períodos en realidad corresponde a la inconstitucionalidad de otra ley, la 18.738 –que había sido interpretativa del Presupuesto 2011-2015 y buscaba enmendar el error–, y el segundo a la ya mencionada impugnación contra la Ley 18.996. En ese ínterin los ministros no cobraron ningún aumento. Según Silveira, una posible explicación es que la SCJ dispuso que los cobros se hicieran desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad: “Ahí pudo producirse una suerte de escalón. Como sacaron otra ley, hasta que no se impugnaba esa nueva norma, quedaba vigente, y podía haber períodos intermedios cortados”.

Si bien el salario de estos ministros aún no ha sido igualado por vía legislativa con los de los senadores, otros que arribaron a estos cargos intentaron el mismo mecanismo. Uno de ellos fue el nacionalista Francisco Gallinal, actual ministro del Tribunal de Cuentas, pero la SCJ consideró que no correspondía darle cabida a su recurso porque no había sido damnificado directamente con la norma, por lo que no tenía “legitimidad activa”. El ex senador explicó que, no obstante, inició un recurso de inconstitucionalidad de la ley, pero apuntando al MEF. En su opinión, hasta que no se iguale expresamente los salarios por ley, cualquier ministro del Tribunal de Cuentas o la Corte Electoral podría iniciar un juicio. Gallinal explicó que, por lo general, “cuando pasan estas cosas, el Poder Ejecutivo envía una iniciativa para derogar la ley, cosa que todavía no hizo”. “Hasta que no laude el Poder Ejecutivo, hay otros que tienen el mismo derecho”, expresó. Su abogado también es Delpiazzo.

En concreto, el único que actualmente se sigue beneficiando del recurso es Ezcurra, debido a que aún permanece en el cargo, y de que en su sentencia se “laudó la fijación del sueldo” para el futuro, por lo que recientemente comenzó a cobrar un salario superior al resto de los ministros, explicó el propio jerarca.

Por qué sí y por qué no

El ex titular del Tribunal de Cuentas León Lev (Frente Amplio, FA) dijo que junto a la actual ministra Diana Marcos (FA), y los ex ministros Óscar Grecco (FA) y Siegbert Rippe (neutral y ex presidente del Tribunal) entendieron en su momento que no correspondía acompañar la acción de inconstitucionalidad. Para Lev, los ministros de la oposición se ampararon en un “subterfugio” y se aprovecharon de un “error de redacción” en la Ley de Presupuesto de 2011-2015. “Nosotros entendíamos que no era justo, porque hubo un error de redacción, pero el contenido de la ley no era para aumentar [el sueldo] a todos los ministros de todos los organismos”, indicó.

En el mismo sentido, Grecco opinó que en aquel momento no correspondía cobrar “la diferencia de sueldo” con los ministros de Estado, porque se había aprobado una ley interpretativa que, en definitiva, “aclaraba que se había votado sólo para los ministros del Estado”. “A pesar de que a nivel personal y material me podía convenir, entendí que lo que se había votado en el Parlamento no era con la intención de abarcar a los ministros de la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas sino a los ministros de Estado”, argumentó.

Pero para los ministros que llevaron adelante la acción, no se trató de un tema económico, sino de “legalidad”. “Fue un determinado cambio en la ley que desconoció la legislación que correspondía, y nosotros consideramos legítimo lo que la ley tomaba. No fue un tema económico, sino de aplicación de la ley. Diversas personas que tienen un buen conocimiento jurídico entendían que se habían violado las normas del país y por eso se llevó adelante el planteo”, dijo Long a la diaria.

En tanto, Martínez expresó que creyó “justo” el reclamo: “Por ley los ministros del Tribunal de Cuentas tienen que ganar lo mismo que los ministros de Estado y eso es lo que nosotros reclamamos, que era lo que correspondía. Y la SCJ nos dio la razón. Es tan simple como eso”.

Por su parte, Silveira dijo que lo que se buscó fue “apegarse al principio de legalidad”: “El Poder Ejecutivo no puede usar la legalidad a su criterio; integramos un organismo de contralor encargado de hacer cumplir la Constitución y la ley en todas las circunstancias y el Poder Ejecutivo debe cumplirla siempre, no cuando quiera y con quienes quiera”.