No hay lugar para el beneficio de la duda: Lacalle Pou y la agenda de derechos

“El beneficio de la duda” es una expresión utilizada tanto en el lenguaje cotidiano como en el contexto jurídico. Este concepto siempre ha buscado expresar una idea general: que ante la sospecha de que alguien puede comportarse de manera indebida, es preferible no prejuzgar de antemano.

En definitiva, se otorga a alguien el beneficio de la duda cuando no queremos pensar mal sobre él de manera anticipada y optamos por darle un margen de confianza. Este posicionamiento expresa un criterio ético: es injusto prejuzgar a las personas desde suposiciones o prejuicios.

El candidato del Partido Nacional ha expresado que no derogará las leyes que están vinculadas a la agenda de derechos. Incluso ha llegado a expresar que si fuera hoy “seguramente la de matrimonio [igualitario] la hubiera votado”;¹ ha afirmado que la gente tiene derecho a cambiar de opinión y pedido que tengamos confianza en su palabra.

Es con ese juego retórico del derecho a cambiar de posición que busca ampararse en el beneficio de la duda. ¿Cómo alguien puede ser tan obtuso de negarles la posibilidad de cambio de postura a las personas? Sin dudas, el ejercicio de Luis Lacalle Pou es inteligente y busca contactar con las miles de personas que en estos últimos años han cambiado de postura sobre el respeto y el reconocimiento de derechos a las personas de la diversidad sexual. De esta manera nos pone en una posición incómoda y no podemos recordarle o usar como argumento que no acompañó ni una sola de estas leyes, y diluye su responsabilidad en los momentos de toma de decisión.

Pero igualmente en esta táctica distractiva comete un grave error: en nuestro país no elegimos monarcas sino un programa político, representantes parlamentarios y un presidente que define el equipo que lo acompañará a dirigir el destino del país por cinco años. Por lo tanto, incluso si su cambio de postura es cierto, con eso no alcanza, y por eso es bueno repasar algunos de estos aspectos.

La propuesta programática del Partido Nacional sobre diversidad sexual tiene alguna referencia general y una sola propuesta concreta en sus 177 páginas: la creación de un Programa contra la Discriminación por Orientación Sexual, a través de una mesa interinstitucional conformada por algunos ministerios. Nuevamente, y como pareciera hacerse costumbre en las propuestas nacionalistas, se desconoce la existencia del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, sus cometidos y funciones, y también los objetivos planteados por el Plan Nacional que este Consejo presentara en 2018. A su vez, no parece tener clara la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ya que esta última categoría no existe en todo su programa.

En el caso de los equipos ejecutivos, el candidato nacionalista ya ha anunciado que Pablo Bartol, un numerario del Opus Dei, será quien ocupará la cartera de Desarrollo Social en caso de llegar al gobierno. Por lo tanto, será el responsable final de hacer efectiva la continuidad de la implementación de la Ley Integral para Personas Trans, el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, el programa de acompañamiento a familias de personas trans y la obligatoriedad de generar un nuevo Plan de Diversidad Sexual tal y como lo establece la Ley 19.670 en su artículo 229. Bartol señaló: “Vos te pensás que el Opus Dei invisibiliza estos problemas, cuando no es verdad. Los trabajamos. Hemos tenido chicos abiertamente homosexuales y... bo, respeto total. Funcionan”.² Como si por tener una orientación sexual diferente las personas puedan tener algún problema de “funcionamiento” cognitivo, o vaya a saber qué.

Por otra parte, encabezando varias listas del Partido Nacional se encuentran Carlos Iafigliola, Rodrigo Goñi, Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue, fervorosos miembros de la bancada evangelista, quienes entre sus propuestas electorales manifiestan que derogarán la agenda de derechos, incluso luego de haber fracasado rotundamente en los prerreferendúms revocatorios contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley Integral para Personas Trans. En el caso de Gerardo Amarilla, su fundamentalismo religioso llegó a tal punto que cruzó el charco y fue al Congreso de la Nación Argentina para “luchar contra el demonio abortivo” y comparó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva con el holocausto judío.³

Pero además, como ya nos anuncia Lacalle Pou, para poder acceder al gobierno sería necesario una “coalición multicolor”. Coalición en la que entrarían personas como Guillermo Domenech, candidato a vicepresidente y a senador por Cabildo Abierto, el mismo que afirmó que el Frente Amplio iba a imponer la homosexualidad obligatoria.⁴

En síntesis, tanto el programa como los actores elegidos para llevar adelante la política pública, y los votos de legisladores necesarios para conformar la coalición de gobierno, son datos más que relevantes que señalan que aun siendo cierto el discurso de Lacalle Pou, será muy difícil que no se detenga o se generen retrocesos en la agenda de derechos. La política siempre es negociación; para la bancada evangelista y la bancada militar el discurso moral conservador y antiderechos son puntos centrales de su planteo político, y por lo tanto condicionarán darle gobernabilidad al gobierno de la “coalición multicolor” a que se retroceda en derechos conquistados.

En definitiva, en el caso de la agenda de derechos, en un posible gobierno de Lacalle Pou no hay lugar para el beneficio de la duda.

Federico Graña es director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social.