Representantes del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? y abogadas del Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentaron ayer, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), una denuncia colectiva para exigir que se investiguen los casos de cinco mujeres desaparecidas entre 2008 y lo que va de 2019 en distintos puntos de Uruguay. Se trata de Sandra Cortazzo, Jennifer Mironi, Milagros Cuello, Ana Paula Navarro y Florencia Barrales. Todas son mujeres adolescentes y jóvenes, provenientes de familias pobres que “no han tenido acceso a la Justicia”, y en varios casos se sospecha que hay vínculos con la trata de personas con fines de explotación sexual, según dijo a la diaria Eva Taberne, del colectivo que impulsó la iniciativa.

Las mujeres ingresaron a la sede al grito de “queremos respuestas, el Estado es responsable”, en compañía de familiares de Sandra, Milagros y Florencia, quienes fueron recibidos por un grupo interdisciplinario. Una de las abogadas que están detrás de la denuncia colectiva, Valeria España, explicó que la comisión se encarga de analizar la denuncia para luego contactarse con las autoridades competentes, si así lo definiera la INDDHH, para que se activen las investigaciones. Su colega Georgina Barria es la otra abogada que trabaja en los casos.

“Lo que pretendemos es que los casos de las cinco chicas desaparecidas se muevan y que haya una investigación para determinar en qué situación están”, dijo Taberne, y aseguró que las familias, luego de hacer la denuncia por la desaparición, “no han tenido acceso al expediente, no fueron informadas sobre los procedimientos a seguir, no conocen el número de la denuncia y no saben qué se hizo por el momento”. Incluso explicó que “muchas veces” las autoridades han adjudicado a los propios familiares la tarea de investigar.

María Delia Cúneo, otra de las integrantes de ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, dijo que el caso de Milagros es probablemente el más “emblemático”, por la difusión que ha tenido en la prensa gracias a las movilizaciones convocadas por familiares y colectivos, pero también es “el que ha estado más trancado”. “Quizás sea uno de los casos más notorios de la falta de interés o voluntad en la investigación de las autoridades”, dijo Delia, y contó que varias denuncias quedaron “trancadas” en la comisaría y nunca llegaron a la Fiscalía.

“Hay una omisión por parte del Estado desde el momento en que se hace la denuncia de que hay una chica desaparecida y, después, en el seguimiento de los casos. Florencia, por ejemplo, desapareció en marzo de este año y recién el mes pasado fuimos con la mamá por primera vez a la Fiscalía a hacer la denuncia, porque no estaba hecha, quedó en la comisaría. Según el nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía es la que tiene que afrontar la investigación y mandatar a la Policía para que lleve a cabo los procedimientos correspondientes. Pero si no llega a la Fiscalía, eso nunca pasa”, denunció.

Taberne dijo que el colectivo no considera que la trata de personas sea el “único motivo” de las desapariciones, pero aseguró que en muchas situaciones es la conclusión a la que llega tanto la Policía como la familia, sobre la base de determinados indicios. En todo caso, dijo, las desapariciones “siempre están atravesadas por la violencia de género”.

Desde 2017 hasta la fecha, cerca de 40 mujeres adolescentes y jóvenes fueron desaparecidas, según el conteo que lleva a cabo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? Seguramente el número es mayor, ya que muchas veces no se llega a hacer denuncia. “Este tema tiene que ser absolutamente cardinal también para el feminismo”, opinó Cúneo. “Estamos hablando de nuestros cuerpos, de las violencias que sufrimos en todos los aspectos. Es quizá, junto con el femicidio, una de las formas más extremas de violencia de género”.

En un plazo máximo de cinco días, la INDDHH debe contactar a las autoridades involucradas, y en no más de 30 días estas deben dar una respuesta.