Once economistas publicaron un documento -coordinado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES)- con una serie de propuestas para reformar la gestión de las empresas públicas. El escrito, titulado “#ReformaEEPP: acuerdo de reforma para las empresas públicas” y firmado por 11 profesionales del ámbito económico, sugiere que estas compañías operen “en un marco de autonomía del poder político”, mejoren “sustancialmente” la rendición de cuentas que hacen y propone crear una nueva unidad especializada de contralor en el Poder Ejecutivo. El documento será presentado en los próximos días a las autoridades del nuevo gobierno y fue impulsado por la directora de ANCAP, Marta Jara.

El acuerdo señala que las normas que rigen a las empresas públicas actualmente “provienen de un mundo con otra velocidad, más predecible”, y que “los cambios tecnológicos que se avecinan en todos los mercados requieren adaptar su gobernanza y regulación para dar flexibilidades y garantías”. En este sentido, critica que estas empresas actúen fuera del marco de competencia, porque ello “no genera incentivos adecuados para la eficiencia y la competitividad”. “Esto ha llevado, en algunos casos, a las empresas públicas a desarrollar actividades no necesariamente vinculadas con su objeto, en ocasiones a pérdidas” y a “la utilización de las tarifas con fines no vinculados al funcionamiento del mercado donde las empresas operan”, asegura.

Para “fortalecer y modernizar” la estructura de contralor del Poder Ejecutivo, propone crear una nueva unidad especializada encargada de evaluar y monitorear el cumplimiento del objetivo clave y las políticas públicas establecidas para el sector, así como de calificar a los candidatos a los directorios de las empresas, identificar las desviaciones y sugerir remociones. “Los directores y gerentes de las empresas públicas deben ser seleccionados en base a sus antecedentes y deberán tener una remuneración acorde a la gestión que deben realizar, así como restricciones para presentarse a cargos electivos”, expresa el documento. Además, las empresas deben presentar información “detallada” del funcionamiento de cada una de las líneas de negocios, “de forma de poder evaluar el desempeño de cada una de ellas”.

Los economistas proponen desacoplar el retorno de las empresas al del desempeño fiscal del Estado, de forma de dar previsibilidad a la gestión. “Sin estas condiciones, nadie es responsable por consecuencias negativas ante la ineficiencia”, observa. Por otro lado, señala que los objetivos sociales de las empresas “deben establecerse explícitamente en una norma legal”, y el financiamiento debe estar “claramente establecido e identificado de forma que el impacto financiero negativo de los objetivos sociales no disimule las ineficiencias de gestión”. Asimismo, los subsidios que otorguen las empresas deberán estar explicitados y estar a cargo del presupuesto nacional con objeto, montos y plazos determinados. “Creemos que sobre las bases descritas anteriormente es posible llevar adelante cambios claves en dicho marco, sin la necesidad de recurrir a procesos demasiado complejos políticamente como reformas constitucionales o una amplia pluralidad de leyes. Entendemos que estos lineamientos de acción son necesarios para contar con empresas públicas modernas, pujantes y al servicio del país”, finaliza el documento firmado por Lucila Bonilla, Sebastián Fleitas, Bruno Gili, Juan Manuel Mercant, Ignacio Munyo, Gabriel Oddone, Alejandro Perroni, Pablo Regent, Pablo Rosselli, Guillermo Tolosa y Leandro Zipitría.