Este miércoles fue detenido en Villa Florida, una localidad del departamento paraguayo de Misiones, Dardo Víctor Barrios Hernández, un uruguayo de 67 años con solicitud de captura en Uruguay por el caso del asesinato de Francisco Chocho y otros casos de torturas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 “Laguna del Sauce”. Barrios, apodado Zorro, era buscado por su presunta participación en casos de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidos en la dictadura y fue detenido por agentes de Interpol, según consignó Montevideo Portal.

Se trata de un ex militar que entre 1972 y 1976 fue integrante del Batallón de Ingenieros Nº 4, una unidad vinculada a varios casos de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento y la captura de Barrios por la participación en el asesinato del militante nacionalista Francisco Chocho.

Chocho era taxista y dueño de un restaurante en Maldonado. La noche del 14 de octubre de 1972 lo detuvieron junto a otras personas y lo trasladaron al cuarto de interrogatorios en el batallón de Laguna del Sauce. Murió a causa de las torturas. Francis Chocho, su hijo, que integraba la Armada Nacional, intentó ponerse en contacto con el batallón tras enterarse de que había sido detenido. Horas después, le comunicaron que su padre estaba muerto. “No le brindan información clara sobre los restos de su padre, sin embargo en la tarde logra encontrar el cuerpo en la morgue de Maldonado en malas condiciones y ya habiendo sido realizada la autopsia”, establece el informe de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Pasado Reciente. Le comunicaron, falsamente, que murió a raíz de una “embolia cerebral”.

Además, Perciballe pidió el procesamiento y la extradición de Barrios por haber sido oficial S2 durante ese período y uno de los “responsables de los detenidos y fundamentalmente de sus interrogatorios”. Fue reconocido por varios sobrevivientes como responsable de las sesiones de tortura.

La mayoría de los denunciantes eran jóvenes de entre 18 y “veintipocos años” que integraban el Comité de Resistencia Antifascista y el Movimiento Marxista, “grupos que se dedicaban a realizar propaganda (pintadas, pegatinas, volanteadas) contra la dictadura y que por dichas conductas fueron sometidos a diversos apremios físicos y privados de su libertad por varios años”, informa Perciballe en el fallo.