Los Fondos de Incentivo Cultural (FIC, conocidos como “ley de mecenazgo”, ya que las empresas privadas financian proyectos culturales y, como contrapartida, obtienen beneficios fiscales) están integrados por cientos de proyectos anuales, como los festivales Jazz a la Calle, Jazz de Punta del Este y Música de la Tierra, o encuentros como Montevideo Comics.

Ayer, la Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay (CEACU), que hace unos meses fue creada por pequeñas y medianas empresas de gestores culturales que impulsan distintos proyectos, emitió un comunicado advirtiendo que un “reciente desacuerdo” entre las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “paralizará al sector cultural” y dificultará “el normal desarrollo” de los FIC durante el próximo año, al “impedir la ejecución de más de 300 proyectos culturales”, ya que, hasta que no se presente el balance anual de los fondos, no se abrirá el espacio fiscal 2020 destinado a los FIC.

Como publicó Búsqueda en su momento, distintos problemas e irregularidades motivaron una investigación de la Auditoría Interna de la Nación, que reveló nueve hallazgos de “extrema o alta criticidad” en la administración de los FIC y recomendó varios pasos a seguir. Según explicó a No toquen nada la contadora general de la Nación, Laura Tabárez, esta investigación constató “desprolijidades”, “falta de coherencia en las planillas de Excel en las que se registraban los fondos y falta de ‘formalidades mínimas’ en el libro de actas”. Por lo tanto, no se pudo confirmar que “los fondos se hayan destinado a proyectos culturales”.

Como consecuencia, cesaron a dos autoridades del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos y Culturales (Conaef, que preside el MEC y que está integrado, además, por el MEF, las cámaras empresariales, representantes de la actividad artística, el Congreso de Intendentes y los ministerios de Trabajo, Industria, Turismo y Relaciones Exteriores), que se encarga de los FIC: el presidente, Sergio Mautone (director nacional de Cultura), fue reemplazado por Alejandro Denes (coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales), y se removió del cargo a la coordinadora, Claudia Mera.

Ahora, el comunicado de la CEACU plantea que no habilitar el espacio fiscal hasta que se presente el balance anual es “contradictorio” con el proceder del MEF durante estos ocho años (de hecho, mantuvo a su delegada, Magdalena Terra, en el Consejo): encuentran que “no parece lógico”, sobre todo porque consideran que, de este modo, el MEF “parece no hacerse cargo de la responsabilidad” que le corresponde frente “a la mala administración”, y que, además, es “indiferente a las consecuencias” que genera esta decisión.

La cámara “no desconoce ni niega la necesidad de cumplir con los procedimientos administrativos inherentes al Estado”, y en esa línea advierte que desde fines de 2017 varios integrantes han denunciado la situación y reclamaron investigaciones administrativas, sin que por eso se paralizaran los procedimientos establecidos por la ley que se aprobó en 2005, “es decir, habilitar el espacio fiscal dotándolo de los montos previstos legalmente y realizar los llamados correspondientes, o, en su defecto, renovar los proyectos aprobados en 2018”.

En la carta, firmada por el presidente, Diego Barnabé, y el secretario, William Rey, se preguntan: “¿Cuál es la función que el legislador asignó al MEF en el Consejo si no otra que disponer de los controles financieros y administrativos necesarios, rendir cuentas a las autoridades y velar por la buena y transparente gestión de los fondos públicos?”. La “obvia respuesta”, dicen, “lleva a CEACU a plantear una rápida rectificación de las decisiones adoptadas por el MEF en el entendido de habilitar el espacio fiscal 2020 y concretar el postergado llamado a nuevos proyectos”. Y solicitan que el MEF designe a un nuevo representante en el Consejo para contar con las garantías necesarias.

El presidente del Conaef, Alejandro Denes, dijo a la diaria que se encuentran trabajando en esto: “Aunque sea independiente una cosa de la otra, el año pasado tuvimos una auditoría que marcó algunas recomendaciones, y una de ellas era no hacer un nuevo llamado hasta que no se regularizara”. En el documento del 15 de julio de 2019 de la Auditoría Interna de la Nación, se recomendaba tomar urgentes “medidas correctivas” que minimizaran los riesgos que exponía el informe, “procurando que en su mayoría” se realizaran antes del “último llamado a inscripciones de proyectos”, que ya fue postergado en dos ocasiones.

Para el presidente no está en duda la continuidad de la herramienta, y asegura que tienen “el compromiso de que los FIC estén formalizados antes de que finalice este gobierno”. Agregó que, seguramente, “también sean parte de la transición”, porque le consta que “el nuevo ministro [Pablo da Silveira] está interesado en esto”.

El panorama sigue siendo complejo, y, por lo pronto, peligra la realización de aquellos proyectos que se ejecutan durante los primeros meses del año, ya que por ahora no se les permite captar recursos del sector privado, y como no se ha realizado un llamado para 2020, tampoco pueden avanzar en ese rumbo.