En las calles Canelones y Yaro se vivió este lunes un intento de desalojo. Esta vez se trató de 23 personas, en su mayoría migrantes cubanos. Como si fuera consecuencia de un modus operandi, quienes habitan la finca declararon haber sido estafados por quien les alquilaba: la mayoría de ellos ya había pagado la cuota hasta febrero. De este presunto dueño no se sabe nada desde hace más de diez días. Del propietario oficial se supo al mediodía del lunes.

Según un informe presentado por Radio Uruguay, el propietario del inmueble planteó que quiere realojar a su familia en la finca. Asimismo, su abogada aseguró que quienes actualmente la habitan están cometiendo el delito de usurpación, ya que la finca no estaría ni a la venta ni en alquiler y que, sumado a varios plazos, el desalojo ya había sido anunciado por la Fiscalía.

Este lunes, en Canelones 1824 se vio a 23 personas bajar y subir las escaleras, tomar sus pertenencias y dejarlas en la vereda. Fiscalía, policías, la abogada del propietario e integrantes de la ONG Los Hijos de la Calle asistieron al lugar. Luego del transcurso de algunas horas, con intermediación de la Fiscalía, se resolvió brindarles una prórroga hasta el 13 de enero. Según afirmó a la diaria Walter Mendaro, integrante de Los Hijos de la Calle, “por orden judicial hubo una resolución que pasó a juzgado penal, por lo que van a tener que ir a declarar”.

Lupa

Mendaro aseguró que el presunto propietario les cobraba por cada habitación entre 5.000 y 10.000 pesos por persona. A su vez, les sumaba 400 pesos de la llave. Cubanos y uruguayos, entre ellos dos embarazadas y cuatro niños, son quienes, según Mendaro, habitan el sitio. “Con todo este momento feísimo, lo que más tienen es ganas de irse”, dijo.

Inmigrante en vivienda con amenaza de desalojo en el Centro de Montevideo.
Inmigrante en vivienda con amenaza de desalojo en el Centro de Montevideo.

Para Tatiana Machado el panorama es antagónico. Desde octubre habita la pensión acompañada de sus máquinas de coser; es costurera, modista. Machado delineó las escenas: cuando llegó en octubre, Ricardo Vázquez, el presunto dueño de la finca, le dijo que tenía una habitación para ella, a 5.000 pesos. Le mostró unos documentos de la Intendencia de Montevideo que estaban a su nombre, y aclaraban que estaba refaccionando la vivienda para finalmente apropiársela. Según señaló Machado, Vázquez le aseguró que en enero estaría todo tramitado y que entonces le daría el comprobante.

El 9 de diciembre Machado llegó de Brasil. Preguntó por el presunto dueño, quien vivía en la pensión con su esposa, pero no estaba, se había ido a la madrugada. Posteriormente, Machado se acercó a la seccional y le aseguraron que Vázquez estaba denunciado por usurpación de la finca. Desde la seccional, le pidieron a Machado que esperara.

El 17 de diciembre dos policías se acercaron a la pensión para buscar a Vázquez y a la esposa. Ninguno de los dos estaba. Le preguntaron a Machado y a otros habitantes quiénes eran. Les tomaron sus nombres. Les dijeron que al otro día fueran a la Fiscalía y que dentro de 48 horas iban a tener que desalojar la finca.

Entre idas y vueltas a distintas fiscalías, Juan Ceretta, abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la República, se hizo cargo del caso. Según Radio Uruguay, presentaron una denuncia penal contra el presunto propietario y se realizó un pedido a la Fiscalía para esclarecer la situación. En principio no tuvo éxito, pero finalmente, tras una negociación entre Ceretta y la Fiscalía, se logró la prórroga hasta el 13 de enero a las 11.00. Machado sostuvo: “Y ahí sí tenemos que desalojar la casa; queremos desalojarla porque no es nuestra, no nos pertenece, lo único que estábamos pidiendo es un poquito de tiempo para ver a dónde nos vamos, para no pasar estas tres fechas que vienen en la calle”.