La Torre Ejecutiva será la sede de la primera reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre la situación de Venezuela. El grupo estará formado por ocho miembros de la Unión Europea (UE) ‒Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia‒ y cinco países de América Latina ‒Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay‒. También participarán la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

En la previa al encuentro, los cancilleres Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Marcelo Ebrard (México) presentaron en una conferencia de prensa una propuesta para abrir un canal de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El canciller uruguayo remarcó que la idea es impulsar un diálogo sin condiciones de antemano: “Si pedimos elecciones en tal momento, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo. Son ellos los que deben acordar. Vamos al diálogo sin condiciones”, recogió Subrayado.

En el documento que detalla esa propuesta, llamada “Mecanismo de Montevideo”, al que accedió la diaria, los gobiernos de Uruguay y México, junto con la Comunidad del Caribe (Caricom) ‒organización compuesta por 15 países caribeños y dependencias británicas‒, marcan su coincidencia con la postura del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, acerca de que la “única vía” para abordar “la compleja situación” de Venezuela es el “diálogo” para la negociación.

Con el objetivo de promover que los actores involucrados encuentren “una solución a sus diferencias”, el “Mecanismo de Montevideo” se pone a “disposición” de los implicados y se presenta como “una alternativa pacífica y democrática que privilegia el diálogo”.

Se remarca que este mecanismo se “guía” por los principios de “no intervención en asuntos internos de los países, la igualdad jurídica de los Estados, la solución pacífica de controversias, el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos”. “La posición histórica de nuestros países ha sido y será siempre la de privilegiar la diplomacia sobre las demás alternativas, ya que sólo así se podrá alcanzar la paz y la estabilidad de manera sostenible, legítima y efectiva”, sostienen los firmantes.

La propuesta prevé cuatro fases, que se desarrollarían durante un “período razonable” y “previamente acordado por las partes”, explica el documento. La primera de ellas estaría marcada por “el diálogo inmediato” y la “generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, al amparo de un ambiente de seguridad”. El siguiente paso sería la “negociación”, en la que se presentarían los resultados de la primera fase, buscando “puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales”. El tercer momento implicaría la firma de acuerdos, y los compromisos asumidos serían implementados luego con “acompañamiento internacional”.

El objetivo declarado es evitar “una escalada de violencia” y tratar de “garantizar una solución pacífica y democrática”. Los facilitadores mencionados para llevar adelante esta iniciativa son la ex vicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, su antecesor Enrique Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ex canciller uruguayo, el ex canciller de México Bernardo Sepúlveda y un alto representante del Caricom, que no fue definido en el documento.

Otras voces

Guterres es una de las figuras internacionales que apoyan la iniciativa de buscar mediante el diálogo una “salida política” a la crisis venezolana. Dijo hoy que si bien se ha reunido con los “protagonistas de todas las iniciativas”, la ONU no participará directamente en ninguna de ellas, para darle “credibilidad a su oferta de buenos oficios”, según consignó ayer Deutsche Welle.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo en una conferencia de prensa que ese foro mundial pidió al gobierno venezolano que aceptara ayuda humanitaria para la población de su país, y opinó que “lo importante es que la ayuda humanitaria se despolitice y que las necesidades de la gente guíen en términos de cuándo y cómo se usa”, según informó la agencia de noticias Efe. También remarcó que esa asistencia debe ser “independiente” de “objetivos políticos, militares o de otro tipo”, y que las acciones de la ONU siempre han tenido como ejes la “humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, autoproclamado titular interino del Poder Ejecutivo, pidió que la ONU aportara ayuda humanitaria, pero el presidente Nicolás Maduro ha advertido públicamente que esta acción podría ser el puntapié inicial para la injerencia internacional en el país, consignó Efe.

Rodolfo Nin Novoa, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa, ayer, en la Cancillería uruguaya.
Foto: Secretaría de Eelaciones Exteriores de México
Rodolfo Nin Novoa, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, y el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa, ayer, en la Cancillería uruguaya. Foto: Secretaría de Eelaciones Exteriores de México

En paralelo, un grupo de parlamentarios, académicos y personalidades de la región se posicionó a favor de la iniciativa planteada por los gobiernos de Uruguay y México, para instalar un “diálogo para la paz en Venezuela”. En un comunicado publicado ayer, sostienen que el propósito de la misiva es “evitar y denunciar una posible intervención militar extranjera en nuestro continente”.

Marcan que si bien existen países que “apuestan a la guerra y a la intervención”, hay otros que “están impulsando con mucho esfuerzo el llamado al diálogo y la negociación como vías legítimas del derecho internacional para resolver los conflictos”. Desde sus diversos roles, afirman que adhieren a las “iniciativas de diálogo y negociaciones políticas” que tienen como objetivo la paz y, en ese sentido, están a favor de la reunión internacional en Montevideo.

Advierten que “la paz, la estabilidad, la cooperación y la integración en nuestra región están bajo fuerte amenaza, producto del hostigamiento e injerencia externa en la vida política venezolana”, y proponen “acompañar” y hacerle el “seguimiento” a la iniciativa del Grupo Internacional de Contacto.

Al cierre de esta edición, la carta había sido firmada por unas 600 personas de 27 países, entre ellas la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff; la argentina Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores uruguaya Belela Herrera; la diputada chilena Camila Vallejo; y el senador boliviano Ruben Medinaceli, entre otros.

Ayuda humanitaria

El senador y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga brindó ayer una conferencia de prensa en la que anunció que se comunicó con Guaidó para manifestarle su apoyo. El nacionalista dijo que en ese diálogo se ofreció a “trasladarle al gobierno” de Vázquez “que por lo menos canalice la ayuda humanitaria con destino al pueblo de Venezuela”. “Esto me parece absolutamente central, de derechos humanos, de solidaridad internacional, de humanismo. Es lo que vamos a propiciar”, indicó. Larrañaga expresó que como “segunda acción” iba a pedir a la agrupación parlamentaria del PN “que instruya a sus delegados a hacer contacto con los otros partidos” para convocar a una reunión del Parlasur en la que se trate la cuestión venezolana, “de la misma forma que lo hizo el Parlamento Europeo”. “La única salida son las urnas. Hay que ser claros, porque se nos han hecho acusaciones de que poco menos que estamos a favor de intervenciones militares, cuando nosotros estamos a favor de la libertad”, afirmó. Criticando a los países que se reunirán hoy en Montevideo para estudiar una salida negociada a la situación de Venezuela dijo: “¡Qué extraña paradoja! Se habla de neutralidad y de no intervención, y resulta que mañana se reúnen aquí todos menos las partes intervinientes vinculadas al gobierno de Venezuela”. “Es una reunión en la que van a brillar las ausencias de las partes involucradas, y en la que, en definitiva, por lo menos tenemos que criticar fuertemente al gobierno de nuestro país, porque lo único que hace es brindarle un tanque de oxígeno a un gobierno que agoniza, que es el gobierno constituido en dictadura del señor Nicolás Maduro”, volvió a cargar Larrañaga.

Finalmente, consultado sobre la versión que circuló el martes acerca de un intento de transferencia de 1.200 millones de dólares, por parte del gobierno de Maduro, desde un banco de Portugal a la filial uruguaya del Banco de Desarrollo (Bandes) venezolano, que habría sido bloqueado, Larrañaga dijo que fue “información incorrecta” y que “lo único que ha existido son intentos de transferencias minúsculas de terceros países, que hasta el momento no se habrían dado”.

Sobre este punto, una fuente del Banco Central del Uruguay (BCU) dijo a la diaria que sólo “se puede hacer un movimiento de esa magnitud en la medida en que sea legítimo”. “Lo que es muy difícil es hacerlo con fondos de origen ilegal. En este caso en particular, el BCU no tiene ningún conocimiento de que se haya intentado hacer una transferencia de ese calibre”, agregó. El monto sería “elevadísimo para la plaza financiera de Uruguay”, una cifra “totalmente desproporcionada”, que “no pasaría inadvertida para el banco”, aseguró.

Más tarde, el Directorio del PN hizo pública una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez en la que se le solicita que “sea portavoz de la sensibilidad necesaria a efectos de garantizar el efectivo ingreso de la ayuda humanitaria indispensable en estos duros momentos que se viven” en Venezuela. “Dejamos constancia de que la presente misiva no se basa en los aspectos de la política exterior del gobierno ‒que obviamente no compartimos‒, sino estrictamente en la imperiosa necesidad de colaborar con el pueblo venezolano, víctima no sólo de violaciones permanentes a los derechos humanos, sino también de una grave crisis humanitaria ante la cual entendemos se debe tratar de garantizar, por lo menos, lo mínimo indispensable”, finaliza la carta.

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