Dos mociones acerca de la situación que vive Venezuela fueron presentadas ayer en la Comisión Permanente: una fue impulsada por el oficialismo y la otra por la oposición. La primera fue aprobada sólo con los votos del Frente Amplio (FA), pero no fue firmada por todos sus legisladores. El diputado Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, planteó previamente a la bancada del FA que no firmaría la moción porque él estaba a favor de que se incluyera un pedido de liberación de los presos políticos –punto que no se incorporó en la propuesta de declaración–, pero adelantó que de todos modos la votaría.

Pozzi explicó a la diaria que su sector siempre se posicionó en contra de que las personas fueran presas por “expresar sus ideas”. En ese sentido, dijo que buscó ser “coherente” con lo que históricamente han planteado: “En Venezuela hay gente presa por defender sus ideas, y nosotros entendemos que para que haya elecciones libres y democráticas tienen que participar todos”, manifestó.

La declaración aprobada tiene cuatro puntos. En primer lugar, se respaldan “todas las acciones realizadas” por el Poder Ejecutivo a efectos de encontrar una “salida en paz, negociada y acordada por los propios venezolanos”. También se exhorta a respetar los “asuntos internos” de cada país y se rechaza “todo tipo de intervención militar”. Por último, se demanda que cese el “bloqueo comercial” que se le aplicó a Venezuela, y se insta a encontrar una salida por medio de la “vía democrática, que es siempre la consulta popular, de acuerdo a los mecanismos previstos en la Constitución venezolana”.

La posición del PIT-CNT

La Mesa Representativa del PIT-CNT también tomó posición ayer sobre la situación de Venezuela. Se posicionaron en contra de la “política intervencionista” de Estados Unidos y a favor del Mecanismo de Montevideo (impulsado por Uruguay, México y la Comunidad del Caribe, y que no plantea condiciones previas al diálogo) como “vía de salida a la crítica situación” del país caribeño, además de exigirles a los gobiernos “injerencistas” que pongan fin a sus “planes de agresión militar”. En la próxima reunión, se propondrá a los sindicatos que integran la Mesa Representativa que, ante cualquier “agresión militar”, se lleve a cabo un paro parcial con movilización.

El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo en diálogo con la diaria que la moción opositora “definía lo que había que definir: el reclamo de las elecciones libres, la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de derechos humanos”. Según el legislador, esa propuesta estaba “muy en línea” con la postura que “terminó adoptando” el Ejecutivo uruguayo en el encuentro del Grupo de Contacto Internacional (GCI) en Montevideo. Agregó que se decidió no votar la iniciativa del FA porque incluía “un respaldo al gobierno por toda su actuación en este proceso, y nosotros fuimos muy cuestionadores de todas las actitudes previas que adoptó el gobierno antes [de ese encuentro del GCI]”, y además por considerar que esa moción terminaba siendo “complaciente” con “el régimen de [Nicolás] Maduro: no hablaba de elecciones; no hablaba de presos políticos y tampoco existía un consenso generalizado dentro del FA”.

En tanto, la senadora Ivonne Passada, del Movimiento de Participación Popular, explicó que lo que resolvió la bancada del FA fue acompañar lo realizado por el Ejecutivo. Sobre la decisión de no exigir la liberación de los presos políticos en la declaración, Passada expresó que la bancada oficialista se mantuvo en la misma sintonía que la cancillería, y por eso consideró que lo mejor era eliminar “los escollos” que puedan impedir el acuerdo entre las partes.

Cae por su propio peso

La Comisión Especial de Lucha contra el Lavado de Activos recibió ayer a las autoridades del Banco Central (BCU) para que informaran sobre los controles ante operaciones financieras “sospechosas”. La convocatoria fue impulsada por los diputados nacionalista Rodrigo Goñi y Graciela Bianchi, a raíz de una denuncia del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, quien afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro intentaba transferir 1.000 o 1.200 millones de dólares a Uruguay.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti manifestó a la diaria que las autoridades citadas transmitieron, con “absoluta tranquilidad”, que no puede suceder lo que dijo Guiadó y preocupaba a Goñi. “No tiene ningún fundamento”, dijo Asti, y añadió que les preguntaron a los convocados cómo es considerado el BCU a nivel internacional. “‘La respuesta fue obvia: Uruguay, por el control que tiene, sería el país menos indicado para hacer una maniobra de ese tipo”. Bianchi se desmarcó de la denuncia: aseguró que ella le tiene “mucha confianza” al BCU, y mencionó incluso que el Partido Nacional tiene un representante en el directorio de ese organismo. “Como trabajo con el tema de lavado desde la década del 90, 1.200 millones de dólares nunca pudieron haber entrado al sistema financiero, porque saltan todas las alarmas”, dijo, y explicó que “el que lava bien, lava de a poco. De lo que sí estoy segura es de que pueden estar usando casas de cambio, y por supuesto dinero físico”. Sobre ese punto, la legisladora consultó a las autoridades, que, según contó, reconocieron que tienen “problemas con las casas de cambio y con los corredores de valores, y que necesitan más recursos” para fiscalizar.

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