El senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou anunció ayer su intención de impulsar una comisión investigadora para analizar varias situaciones que tienen como protagonista al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y que califica de irregulares. Así lo anunció ayer en su cuenta de Twitter: “Vamos a plantear a los distintos partidos políticos la necesidad de iniciar una comisión investigadora en Diputados, sobre la situación del Mides. Muchos de los recursos de todos los uruguayos destinados a los más vulnerables se gastan irregularmente y sin control”.
El encargado de articular con los otros partidos de la oposición en la cámara baja e impulsar el debate sobre el tema será el diputado Martín Lema, integrante del sector Todos, que lidera Lacalle Pou. En diálogo con la diaria, Lema se mostró confiado en obtener la mayoría necesaria para promover la investigadora, porque, según planteó, existen muchos ejemplos de “irregularidades” en la gestión de la cartera. “Estamos hablando de una gestión plagada de irregularidades, en la que hay una falta de transparencia notoria y, lamentablemente, una postura soberbia por parte de la ministra [Marina Arismendi]”, sentenció el legislador. La cartera, según dijo, tiene 14 pedidos de informes “vencidos, sin respuesta”.
Entre las presuntas irregularidades, el legislador mencionó que, a partir de un informe de la Auditoría Interna de la Nación, se puede ver una “cantidad” de observaciones por compras directas, pagos realizados por el ministerio antes de constatar el cumplimiento de la prestación, y pasajes al interior de trabajadores que son dependientes de organizaciones de la sociedad civil, pero no del Mides. Sobre este punto, Lema destacó que se trata de un monto “millonario” de pasajes que fue observado por el Tribunal de Cuentas. También se refirió a la firma de un convenio “irregular” con el Ministerio de Salud Pública de Cuba. “Se les paga a los técnicos cubanos desde los pasajes hasta los utensilios de cocina. La ministra no nos explica si en Uruguay, particularmente en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, no existen personas que estén en condiciones de prestar ese servicio”. Otro punto cuestionado por el diputado es la contratación de una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención de personas con discapacidad mental. “Claramente bajo ningún concepto una cooperativa con estas características está en condiciones de brindar un servicio de ese tipo”, sostuvo Lema.
Otro de los temas arriba de la mesa es la contratación de la asociación civil Eusebio Vidal. El País informó el domingo que el ministerio contrató esa ONG para gestionar un refugio en San José, pese a que había sido creada con el propósito de lanzar una radio comunitaria, y que uno de sus referentes es un edil del Partido Comunista. Según informó el medio, el Tribunal de Cuentas observó seis veces el gasto correspondiente. “No estamos cometiendo una ilegalidad”, respondió Arismendi mientras se encontraba en el Consejo de Ministros de Durazno, según recogió el portal de Presidencia. La ministra recalcó que los cuestionamientos de Lema a la contratación de esa asociación civil ya habían sido respondidos durante su comparecencia ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados. También comentó que le llamaba la atención que el legislador nacionalista dijera que se está cometiendo una ilegalidad, ya que no sólo es diputado, sino también abogado. Según explicó, los ministerios tienen “la obligación, cuando se trata de personas en situación de calle, como en este caso, de reiterar el gasto”.
El diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista, dijo a la diaria que el Frente Amplio siempre ha tenido como criterio estudiar “los elementos” vinculados con las denuncias, para ver si se justifica llevar adelante una comisión investigadora. Sobre este caso en particular, Núñez considera que no existen elementos valederos. A criterio del legislador, el Partido Nacional ha demostrado un “profundo desprecio” por las políticas sociales que se convierte, en última instancia, en un desprecio por “los pobres de nuestro país”.
Núñez no cree que Lacalle Pou mantenga intactas esas políticas públicas si llega a la presidencia de la república. “Lo que buscan es deslegitimar las políticas sociales –enfrentar a los pobres contra los pobres, a los trabajadores contra los trabajadores– para que después tenga justificación su recorte. De hecho, Lacalle padre había pedido la motosierra [para recortar el gasto público] y hace poco Lacalle Pou habló de un shock de austeridad del gasto general”, sostuvo. El diputado, además, resaltó que el planteo de crear una comisión investigadora surge en un año electoral. “La mayoría de los pedidos de información fueron respondidos por escrito, o en comparecencias ante comisiones parlamentarias. Me parece que hay un claro objetivo: embarrar la cancha”, sentenció.