El peón rural Hugo Leites, agredido a rebencazos por el capataz de la estancia Flor de Ceibo en setiembre de 2017, llegó a un acuerdo de conciliación con los propietarios de ese establecimiento, Ernesto Estévez, y su esposa, en una audiencia realizada el 7 de febrero en la ciudad de Salto, ante la jueza civil Lorena García. Leites consiguió que se le pagara un monto de dinero como indemnización por una golpiza que, además de los daños físicos, tuvo como consecuencias la pérdida de su empleo en Flor de Ceibo y la imposibilidad hasta hoy de conseguir uno similar, como una especie de “escarmiento” por haber hecho una denuncia pública de lo que le pasó. El capataz que lo golpeó fue procesado sin prisión por lesiones personales. La demanda entablada por el abogado de Leites, Gabriel Cartagena, reclamaba un monto de alrededor de 800.000 pesos por créditos laborales adeudados. A la salida de la audiencia de conciliación, Cartagena fue abordado por un periodista del portal Cero Estrés, se mostró conforme con la solución alcanzada y declaró que por acuerdo con su cliente iba a mantener en reserva la indemnización que se había acordado. Luego comenzó a lanzar críticas contra el PIT-CNT, el Sindicato de Peones de Estancia (Sipes), los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo y hasta el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. “Quiero recordarle al PIT-CNT que después de un cierto tiempo se olvidó del apoyo que le había dado al trabajador rural [...], en la ciudad de Salto se olvidaron de defender los derechos del trabajador, y lo digo con toda convicción: abandonaron la situación del peón rural Hugo Leites, y muchos políticos que se sacaron fotos en aquella conferencia de prensa cuando el tema penal también se olvidaron de que Hugo tenía que seguir trabajando, de que tenía que seguir alimentando a su familia”, expresó, entre otras cosas. También criticó que no se haya cumplido la promesa de crear una comisión para el seguimiento del cumplimiento de la ley de ocho horas para el trabajador rural. “Todo ha quedado en declaraciones o en las fotos que se sacaron con Hugo, y ninguno le aportó y ninguno lo defendió como sí –y lo digo con mucho orgullo– lo he hecho yo”, agregó Cartagena. Al día siguiente, en una entrevista con Canal 4 de Salto, el abogado volvió a hacer las mismas críticas: “Hay responsables con nombre y apellido como el PIT-CNT y el Sipes, desde el ministro [Murro], pasando por los dirigentes sindicales a nivel local y nacional”, afirmó en esa ocasión.

Todo lo contrario

El dirigente del Sipes César Rodríguez salió al cruce de Cartagena y dijo a la diaria que con Leites mantiene contacto permanente, y que el propio peón rural le manifestó su molestia por las declaraciones del abogado: “Me dijo que se fue de boca, que salió a enchastrar a gente que siempre estuvo al pie del cañón”, afirmó. Además, Rodríguez contó que el Sipes le transfirió a Leites 10.000 pesos mensuales para pagar el alquiler, ya que al perder su trabajo se quedó sin vivienda, y que se buscó una solución laboral para el peón intentando que se incorporara a algún emprendimiento productivo colectivo, por intermedio del Instituto Nacional de Colonización, pero que “él no quería alejarse demasiado de la zona de Salto” y estaba más interesado en “una solución individual”. “Es más, él hace trabajos en cuero, y le propusimos que si le daba para generar un stock para la Fiesta de la Patria Gaucha, que es en marzo, nosotros le gestionábamos y financiábamos un espacio”, dijo Rodríguez.

Por su parte, consultado por la diaria, el sindicalista Carlos Cattani, ex presidente del PIT-CNT de Salto, calificó a Cartagena de “un oportunista” que utilizó el caso para hacerse visible como profesional. “Hay hechos concretos. Tuvimos tres peones rurales que fueron golpeados. Hubo uno al que Cartagena quiso tomar como cliente, pero el PIT-CNT lo dejó afuera y puso otro abogado, para no exponer a esa persona de la forma en que Cartagena expuso a Leites, y este otro peón hoy está trabajando en Tacuarembó”, dijo Cattani. El sindicalista contó que el tercer caso, de un trabajador que recibió una golpiza en una chacra, fue tomado también por Cartagena y que este “arregló por una plata para que todo quedara quieto”. “Cambiamos una golpiza por un poco de dinero... No estamos de acuerdo con eso”, expresó, y enseguida agregó: “Nosotros no compartimos que las personas fueran expuestas. Lo que hay que exponer son los derechos que fueron atropellados. Ahora [Cartagena] sale de vuela a atacar a los demás, como culpando y poniéndoles responsabilidades de su incapacidad profesional, porque llegó a un acuerdo lamentable. Hizo un acuerdo de partes por el que se perdieron las posibilidades a nivel penal, y ahora sale negociando económicamente todo ese proceso. Nosotros no negociamos derechos de los trabajadores”, concluyó.

Según dijeron a la diaria otras fuentes sindicales, Cartagena tiene aspiraciones políticas, y es allegado al senador Carlos Coutinho, del Partido Colorado, con quien trabajó cuando este fue intendente departamental (2010-2015). En esta ocasión brindará su apoyo al candidato a diputado Pablo Perna, conocido como "el Bolsonaro salteño" por su propuesta de "mano dura y plomo".