El presidente Jair Bolsonaro se propone regenerar Brasil y hacer que la sociedad y el Estado retornen a su pureza original, que habría sido distorsionada por el socialismo, el comunismo y el petismo. Propone el “cambio”, un programa económico moderno (que no detalla), la lucha contra la violencia y la corrupción, y una lucha ideológica para extirpar el “marxismo cultural”. De hecho, la sociedad y el Estado brasileños tienen características que es necesario combatir.
La sociedad brasileña se caracteriza por extremas disparidades de renta y de riqueza, de género, étnicas, educativas, culturales, entre regiones, entre las periferias y las zonas ricas de las ciudades. Estas disparidades, resultado histórico de la esclavitud, el latifundio y el colonialismo, son responsables del débil desarrollo de la demanda y del mercado interno, del desequilibrio de las regiones en términos de desarrollo, de la tensión social y, en parte, de la violencia. El Estado brasileño agrava más las desigualdades debido a la tributación regresiva, a la financiación privilegiada de grandes empresas sin contrapartidas, a la ineficiencia de los servicios, a la connivencia ante la succión de la economía por el sistema financiero y a la parcialidad de la Justicia. La sociedad y el Estado se caracterizan por vulnerabilidades externas, de naturaleza política, militar, económica, tecnológica e ideológica. A estas características se debe el insuficiente desarrollo del potencial productivo y distributivo de Brasil, de su fuerza de trabajo, de su capital, de sus recursos naturales.
Los países que pueden defender mejor sus intereses son aquellos que tienen gran territorio, gran población, gran cohesión social y convicción de destino. El territorio extenso permite una gama mayor de recursos minerales, incluso energéticos, y una agricultura diversificada. Tener mucha población urbanizada permite el desarrollo de una economía y un mercado interno amplios, capaces de producir y absorber los bienes de las más diversas líneas de producción industrial. La mayor cohesión social es un factor fundamental para el desarrollo y para la acción externa eficiente.
La convicción de las clases hegemónicas, y de las elites que dirigen el Estado en su nombre, de que un país que reúne las condiciones mencionadas tiene la capacidad y el deber de realizar su potencial de forma autónoma está presente en sociedades y estados como China, Rusia y Estados Unidos; ahí radica su papel protagónico en la política internacional.
En el caso de Brasil, que reúne las condiciones ya referidas, esta convicción existió en diversos momentos de su historia, pero no en el presente. El presidente Bolsonaro se presenta como un defensor radical de las políticas del mercado y tiene como principal asesor económico a Paulo Guedes, economista ultraneoliberal, formado en los principios de la antigua escuela de Chicago. Jair Bolsonaro, presidente, y Paulo Guedes, superministro de Economía, declararon que era necesario proseguir, acelerar y profundizar medidas que son en su conjunto lo que se puede definir como un “proyecto del mercado” para Brasil.
El “proyecto del mercado” para Brasil es el proyecto de los ricos, de los intermediarios, de las empresas extranjeras, de los rentistas, de los grandes ruralistas, de los propietarios de los medios de comunicación de masas, de los grandes empresarios, de los grandes banqueros, y de los representantes de todos ellos en la política, en los medios y en la academia. Es el proyecto de una ínfima minoría del pueblo brasileño para una pequeña parte del pueblo brasileño.
Según la Secretaría de la Receita Federal, un total de 30 millones de brasileños presentan una declaración de renta en la que revelan tener un rendimiento superior a dos salarios mínimos, unos 500 dólares al mes. Por lo tanto, de los 150 millones de brasileños adultos que son electores, 120 millones ganan menos de dos salarios mínimos al mes y están exentos de presentar declaración de renta. En el otro extremo, 6.000 brasileños declaran voluntariamente tener rendimientos superiores a 320.000 reales al mes. Sin embargo, se puede decir que los que “controlan” el mercado serían aquellos que declaran tener ingresos superiores a 160 salarios mínimos por mes, cerca de 20.000 individuos.
El proyecto económico ultraneoliberal de Bolsonaro y Guedes se fundamenta en premisas simplistas: a) la iniciativa privada puede resolver, sola, todos los problemas de los brasileños; b) la iniciativa privada extranjera es siempre mejor que la brasileña; c) el Estado impide la acción eficiente de la iniciativa privada al recaudar impuestos extorsivos, proteger el trabajo y perjudicar el capital, regular en exceso las actividades económicas, distorsionar la economía con la acción de sus empresas, privilegiar empresas de capital brasileño, causar inflación, generar corrupción, inhibir la iniciativa privada extranjera; d) es correcta y debe aceptarse la teoría de las ventajas comparativas para explicar la división internacional del trabajo entre naciones industriales y naciones productoras/exportadoras de materias primas, lo que incluiría entre esas últimas a Brasil; e) Brasil debe buscar aliarse con estados poderosos de Occidente, en especial con Estados Unidos, y no con países subdesarrollados, pobres, atrasados, turbulentos.
Algunos breves comentarios sobre las premisas del proyecto del “mercado” para el “mercado” son las siguientes:
La iniciativa privada: en una economía como la brasileña, en la que 53 millones reciben el subsidio Bolsa Familia y 50% de la fuerza de trabajo recibe una remuneración menor al salario mínimo, la mayoría de la sociedad no puede comprar, en el mercado, los servicios de educación, salud, previsión, transporte y vivienda.
La iniciativa privada extranjera, cuando actúa en sectores orientados hacia el mercado interno (en la educación, en la salud, etcétera), no genera ingresos en dólares y, por lo tanto, contribuye al desequilibrio del balance de transacciones corrientes. La iniciativa privada, al remitir por lo menos parte sustancial de sus ganancias hacia el exterior, reduce la capacidad de inversión y desarrollo de la economía brasileña.
El Estado no cobra impuestos extorsivos de la población, en especial de la más rica, pues es uno de los dos únicos países en los que los rendimientos del capital (como los dividendos) no pagan el impuesto sobre la renta.
En cuanto a la protección del trabajo en perjuicio del capital, la evolución de la masa salarial y de la masa de beneficios permite concluir que ha ocurrido justamente lo contrario.
No se reglamentan en exceso las actividades económicas, como se verifica por la deforestación, por los accidentes de trabajo, por los desastres como los de Mariana y Brumadinho.
La mayoría de las empresas estatales surgieron debido a la falta de voluntad del capital privado de invertir a gran escala en sectores como la energía, la minería, los aeropuertos, etcétera. Aun hoy, las empresas privadas sólo invierten en determinadas áreas con el apoyo del Estado y cierta “garantía” de rentabilidad.
La corrupción no la genera el Estado, sino los esfuerzos del poder económico privado para controlar el sistema político y el proceso de elaboración de leyes y reglamentos.
Brasil estimuló las inversiones extranjeras, que, además, dieron en diversas ocasiones una importante contribución al desarrollo.
El proyecto del mercado que profundizarán Bolsonaro y Guedes incluye: congelación constitucional de los gastos públicos primarios, en términos reales, por 20 años; prioridad absoluta e indiscutida del pago del servicio de la deuda pública; no aumento de impuestos e incluso reducción de impuestos (y, por lo tanto, de ingresos públicos); privatización de todas las empresas del Estado, de forma acelerada; reforma (privatización) de la previsión social; apertura de todos los sectores de la economía a empresas extranjeras; revocación (en la práctica) de la legislación laboral, con eliminación de derechos, para reducir el “costo” del trabajo; política antiinflacionaria, de real valorado e intereses elevados, con consecuente desindustrialización; deducción de los impuestos sobre los ricos y las empresas; desregulación general (y autorregulación); reducción del Estado al mínimo, y su degradación técnica, con reducción de órganos, funcionarios y salarios; alineamiento político, militar y económico con Estados Unidos.
Estas medidas, según los defensores del proyecto del mercado, serían capaces de recuperar el equilibrio fiscal, el grado de inversión y la confianza de los consumidores e inversores nacionales y extranjeros, confianza que sería suficiente para generar las inversiones necesarias para la reanudación del crecimiento y el aumento del empleo.
La política económica por la que aboga el mercado y que implementa Guedes se choca con la realidad brasileña, y llevará al aumento de la concentración de la renta y de la riqueza; al aumento de las disparidades sociales de todo orden; al agravamiento del desempleo; al agravamiento de las vulnerabilidades externas económicas, políticas y militares; al aumento de la división social y de la violencia.
El proyecto social
Junto a este proyecto económico ultraneoliberal del mercado hay un proyecto social retrógrado para Brasil, patrocinado por organizaciones religiosas y por los sectores más conservadores de las elites y las clases medias, cuyas premisas serían: la mayoría de la población, debido a su situación económica y cultural, está sujeta a ser manipulada por individuos populistas, socialistas, comunistas, etcétera, que hacen promesas irrealizables para conquistar y explotar el poder; la sociedad brasileña es intrínsecamente corrupta; los políticos y los partidos son corruptos; los gobiernos se sostienen mediante la corrupción y la compra de votos; la violación de derechos constitucionales y legales por miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público se justifica para combatir la corrupción; las investigaciones del caso conocido como Lava Jato habrían “revelado” que la corrupción en el sistema político habría sido promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), conducido por Luiz Inácio Lula da Silva; se ha convertido en un objetivo no sólo político, sino ético y moral para combatir la corrupción, principal mal de la sociedad brasileña, impedir por todos los medios que el ex presidente Lula pudiera postularse y engañar al pueblo ingenuo, para ser elegido y reimplantar los mecanismos de corrupción; una de las causas de la corrupción en la sociedad, en la economía y en la política brasileñas es el abandono de los valores tradicionales de la familia, de la moral y del comportamiento adecuado; el abandono y corrupción de los valores se hizo mediante métodos de enseñanza permisivos, en especial en las escuelas públicas, y por la llamada “revolución de costumbres” promovida por el Estado, dirigido por el PT y por la acción del llamado “marxismo cultural”.
Las políticas a ser ejecutadas para implantar este proyecto social para Brasil son: la “escuela sin partido”; la enseñanza a distancia; la reforma despolitizadora y militarizada de la enseñanza, con la no obligatoriedad de la enseñanza de filosofía, historia y sociología y el regreso de la disciplina Moral y Cívica; el fin de la “libertad de cátedra”; la “neutralización” de los profesores “marxistas”; el permiso implícito de lucha contra la libertad de orientación sexual; la criminalización del aborto en cualquier circunstancia; la represión implacable del consumo, el tráfico y la producción de cualquier tipo de droga; la promoción del uso de la violencia policial extrema, incluido el asesinato, para combatir la criminalidad; el armamento general de la población civil; la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal a 16 y hasta a 14 años; la restauración del control masculino sobre la familia y la mujer; la censura a manifestaciones culturales no conservadoras.
La naturaleza de este proyecto político y socialmente retrógrado no necesita ser argumentada. El proyecto económico ultraneoliberal de Guedes y el proyecto social del retroceso, ejecutados por Bolsonaro y sus ministros, y la campaña diaria de incitación al odio en las redes sociales contra “izquierdistas” en general instigan conflictos sociales y violencia, y hacen cada vez más difícil la tarea de construir una sociedad democrática, justa, próspera y soberana, a la altura del potencial de Brasil.
Bolsonaro está ejecutando, con más rapidez de lo que se juzga, la “destrucción” del Estado como impulsor del desarrollo y la fragmentación de la sociedad, en todos los sectores. Es necesario y urgente que las fuerzas sociales y las instituciones permanentes de la nación y del Estado tomen conciencia de las consecuencias de la situación actual y defiendan el derecho de la sociedad y del pueblo brasileño a la democracia, al desarrollo, a la justicia, a la paz social y a la soberanía.
Samuel Pinheiro Guimarães es embajador y fue secretario general de Itamaraty.
(*) Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en portugués en revistaforum.com.br.