Vivir bien: el discreto encanto de la hoja de coca

“La masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”, estableció el artículo 49 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. El presidente de Bolivia, Evo Morales, compareció nuevamente en Viena ante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas para dar cuenta, responsablemente, de la aplicación de un modelo alternativo, renovador, apegado a decisiones soberanas y a derechos humanos en políticas de drogas.

Han pasado diez años desde que la comunidad internacional lanzó una Declaración Política y Plan de Acción en la que se planteaba objetivos que en parte no se han cumplido. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, a nivel global no se ha conseguido reducir la oferta de drogas ni su consumo o los daños asociados. Tampoco hay cifras significativas sobre reducción del lavado de activos o de la corrupción inherentes a estos fenómenos. Insólitamente, se pone más energía en atacar las alentadoras experiencias de los mercados regulados de cannabis. Es lo mismo que hicieron con Bolivia, que debió recurrir in extremis a salirse de la Convención y a volver a firmarla con reservas.

Evo Morales pone sobre la mesa la urgente perentoriedad de continuar abriendo y promoviendo un debate abierto, inclusivo y sin tabúes, asumiendo las virtudes de los enfoques regulatorios, que toman las singularidades de los estados y comunidades para diseñar sus políticas de desarrollo. En base a sus tradiciones culturales y sus desafíos sociales, amparando la salud pública, los derechos humanos y un enfoque de desarrollo humano. A la manera del “vivir bien”, como nos enseñan los y las hermanas bolivianas.

El modelo alternativo de Bolivia

Hace diez años, Evo también estuvo en Viena. Un murmullo y, luego, un aplauso coronaron la elocuencia de su intervención cuando, al finalizar, tomó una hoja de coca y comenzó a masticarla. Fue contundente.

Ahora el Estado Plurinacional de Bolivia presenta su evaluación y resultados. No es esperable que otros estados presenten responsablemente balances similares. Estados Unidos, que pobló con equipos y bases militares nuestro continente, so pretexto de la lucha contra las drogas (incluido el bombardeo de las plantaciones y cultivadores del Chapare), deberá dar cuenta de la “crisis de los opiáceos”, que sólo en un año ha significado la muerte por sobredosis de 70.000 personas.

Enfocada en erradicar una planta en origen, la “guerra” se concentró en Bolivia en la represión a la población campesina e indígena. Se la combatió, estigmatizó y criminalizó. El Plan Dignidad de Hugo Banzer, apoyado en todas sus líneas por Estados Unidos, significó el bombardeo de plantaciones y la represión a los cocaleros. Torturas y maltrato por parte de la Policía y el Ejército, encarcelamiento masivo, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Ese era el modelo de erradicación de coca.

El gobierno boliviano desarrolló dos programas para la erradicación consensuada con control social y su alternativa de lucha contra el narcotráfico: Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca (2007-2010) y Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca (2011-2015). Con financiación de la Unión Europea y con monitoreo de la Oficina para la Droga y el Delito de la ONU (UNODC) se llevó a cabo, no exento de discusión y ajustes, el cálculo de las hectáreas necesarias para el uso tradicional de la hoja de coca y luego la instrumentación de un enjudioso programa de control social. Fue un diálogo, por momentos fuerte, con las propias bases sociales que llevaron a Evo a la presidencia. Pero se dio con lealtad, coraje y responsabilidad.

Uruguay y Bolivia: políticas de drogas y DDHH

“Uruguay comparte la iniciativa presentada por Bolivia al secretario general de la ONU para que en la Comisión de Estupefacientes se elimine la prohibición del masticado de la hoja de coca, manifestando su apoyo a lograr que la comunidad internacional acepte adaptar los instrumentos jurídicos existentes para reconocer esta práctica tradicional”, establecía el comunicado conjunto de Tabaré Vázquez y Evo Morales en 2009, ratificado por José Mujica en 2010 en Cochabamba.

En 2008 Bolivia copatrocinó la Declaración 51/12 que promovió Uruguay en la Comisión de Estupefacientes. Lo hizo junto con Argentina, Suiza y la Unión Europea. Fue una sesión tumultuosa, que abrió caminos. Proponía “la debida integración de los instrumentos de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas”. Hoy forma parte del discurso global sobre drogas.

Cuando Bolivia presentó por primera vez el Plan de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD, OEA) celebrada en Santa Cruz de la Sierra en 2006, Uruguay fue el único país que defendió ese derecho. Según el acta de la sesión, el delegado de Uruguay planteó: “La posición de la delegación boliviana debe ser de recibo, en tanto Bolivia evalúa con pleno derecho (de acuerdo al punto 6 de la Introducción a la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, 1998) que la erradicación forzosa les ha traído más costos económicos y sociales que, lejos de resolver, han agravado el problema. Que Colombia planteó también que su forma de solucionarlo era otra y está en su derecho. Bolivia plantea que está abogando por una reconversión industrial y por una erradicación consensuada. Lo único que podemos y tenemos que hacer en base a la cooperación regional y la responsabilidad compartida es ayudar a Bolivia y, en todo caso, exigirle que estructure un programa concreto, viable, coparticipado con nuestros países, sujeto a monitoreo y evaluación, como también tendrían que monitorearse y evaluarse otros caminos ensayados en el hemisferio”.

En esa reunión agregué: “La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha realizado un fallo por unanimidad que ha determinado que el uso de ayahuasca para fines religiosos no es punible. ¿Por qué? Porque entendió que la tutela del derecho a profesar un credo religioso está por encima de los eventuales daños que las agencias especializadas no pudieron demostrar ante esa corte. Reclamo este derecho para Bolivia. Lo reclamo también para Colombia. Pero, más que nada, lo reclamo para todos nuestros países. Es un tema complejo, difícil y complicado. Démonos la forma de abordarlo con seriedad y no con consignas. Mucho menos con prejuicios”.

Este desafío sigue en pie. Esperamos que haya apertura y flexibilidad para las nuevas experiencias. Si continúa el dogmatismo fundamentalista, los estados innovadores nos veremos tentados a recorrer el camino sugerido por nuestros amigos expertos de la sociedad civil: los acuerdos y modificaciones inter se. Amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se pueden generar acuerdos de países afines a los mercados regulados, que permitan una cooperación e intercambio (incluso comercial) sin renunciar al cumplimiento de las convenciones y de los compromisos con la comunidad internacional.¹

Milton Romani fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y secretario general de la Junta Nacional de Drogas.