El viernes, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en Maldonado recibió la rendición de cuentas de la Intendencia de ese departamento, y según los dirigentes de la coalición de izquierda, los datos arrojan un déficit de más de 101 millones de dólares, y un aumento de la deuda en el ejercicio 2018 de 1.128 millones de pesos, casi 60 millones de dólares. La información fue enviada a la Junta Departamental cuatro días antes de que se venciera el plazo del que disponía el gobierno encabezado por Enrique Antía para responder a un pedido de acceso a la información pública presentado por ediles frenteamplistas, que debió ser planteado por vía judicial, ya que la comuna se había negado a darle respuesta.

El edil frenteamplista Fermín de los Santos aseguró que cuando terminó el último gobierno departamental del FA, en 2015, una auditoría indicó que el endeudamiento era de 46 millones de dólares, que “a valores reales era menos que con lo que cerró Antía su primera administración en 2005. Dijimos que lo íbamos a mantener y lo mantuvimos”. Según De los Santos, el grueso de los préstamos para financiar esta situación “vencen en julio de 2020”, mientras que el Ejecutivo departamental “no ha cambiado un ápice [su política] y sigue endeudándose con subrogaciones y cargos de confianza”. Al cierre de esta edición, la Mesa Política departamental del FA analizaba convocar a la Junta Departamental al intendente Antía.

En respuesta a un comunicado del FA emitido el viernes, la Intendencia publicó en su sitio web una respuesta en la que asegura, en cambio, que la actual administración heredó un déficit de 93 millones, “más cuentas a pagar, así como la destrucción total de la infraestructura, patrimonio, espacios públicos y salarios sumergidos de nuestros funcionarios, pero salimos adelante con equipo y gestión”. En ese comunicado se acusa al FA de bloquear “soluciones para evitar caer en la cesación de pagos”, y se sostiene que el gobierno nacional disminuyó el aporte de recursos a la comuna. “En 2018 se recibió 80,12% menos de recursos de origen nacional que en 2014”, asegura la Intendencia. Agrega que a esto se suman la caída del subsidio que recibía el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares, y un cambio en la redistribución de ingresos de los programas de caminería. “A pesar de estos recursos que no obtuvimos, proyectamos, ejecutamos, construimos. De no haberlo asumido, tendríamos un departamento paralizado, sin oportunidades, sin seguridad, sin trabajo. Nos habríamos pasado pagando las cuentas que nos dejaron y que hoy alegremente olvidan”, afirma la comuna.