Para que una propuesta de reforma constitucional se pueda votar en forma simultánea con las elecciones nacionales de octubre, las más de 260.000 firmas requeridas se pueden presentar hasta el sábado 27 de abril (seis meses antes de los comicios de octubre). Es por eso que los organizadores de dos de las iniciativas en curso –que buscan eliminar, respectivamente, la “obligatoriedad” de la inclusión financiera y la existencia de tributos a las pasividades– analizan seriamente aplazar la entrega de las papeletas, con miras a que los proyectos se plebisciten en oportunidad de las elecciones departamentales de mayo de 2020.

Hay dos iniciativas que buscan poner fin a la “bancarización obligatoria”. Una de ellas fue lanzada por el abogado Gustavo Salle, hoy candidato del Partido Verde Animalista, quien dijo a la diaria que mañana, martes, es el día “clave para definir” si se alcanza la cantidad necesaria de firmas. En junio del año pasado, el propio Salle había previsto que no llegaría al objetivo, tras haber reunido unas 50.000 adhesiones, pero ayer sostuvo que ya logró “200.000 y pico”. La otra campaña la iniciaron la Cámara Regional de Comerciantes del Este y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. José Pereyra, de la Cámara Empresarial de Maldonado, explicó a la diaria que la recolección de firmas se revitalizó en los últimos días, pero aún no es posible saber si se llegará a la cantidad requerida. “El martes nos llegarán las planillas de Un Solo Uruguay, que son el gran malón. La gente de [Jorge] Gandini tiene como 20.000 para entregar, y también hay gente de [Luis] Lacalle Pou para entregar ese día. Además, en Maldonado está juntando prácticamente todo el espectro político”, afirmó el empresario. En su departamento, hasta el diputado frenteamplista Darío Pérez adhirió a la campaña.

A pesar de esto, Pereyra admitió que en caso de llegar con las firmas “muy justas” (o de no lograr las que precisan), estas no serán presentadas. La alternativa que manejan los impulsores de la campaña es recolectar más y presentar todas antes de noviembre, para que la consulta popular se haga en 2020. El mismo camino aspira a tomar el Movimiento de Defensa del Artículo 67 de la Constitución, impulsor de una reforma para dejar establecido expresamente que las pasividades “no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que consienta su titular”.

Sergio D’Oliveira, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y portavoz de esta campaña, dijo a la diaria que hicieron consultas a los constitucionalistas Martín Risso y Jaime Sapolinsky, y que en opinión de estos juristas la carta magna permite que el recurso sea plebiscitado en ocasión de elecciones departamentales o incluso de un balotaje. “La reforma que introdujo el balotaje y la separación en el tiempo de las nacionales y las departamentales es posterior al artículo [331] de la Constitución que establece los mecanismos para su propia reforma”, señaló D’Oliveira. Este último sólo indica que, cuando el procedimiento elegido es el de recolección de firmas, si estas llegan a la cantidad requerida, el proyecto será “sometido a la decisión popular, en la elección más inmediata”. Antes de la reforma constitucional de 1996 no había posibilidad de segunda vuelta, y las elecciones departamentales eran simultáneas a las presidenciales y parlamentarias, de modo que había una sola elección, cada cinco años, pero ya no es así, y la reforma de 1996 no cambió el artículo 331.

Fuentes de la Corte Electoral explicaron a la diaria que el argumento “no es traído de los pelos” y deberá ser considerado por ese organismo si se presentan las firmas necesarias para alguna de las iniciativas luego de este sábado. Si esto ocurriese y la Corte aceptara esa interpretación, sería la primera vez que un plebiscito nacional (o dos) se lleve a cabo junto con las elecciones departamentales. Esto, a su vez, permitiría que las campañas de recolección de firmas se extiendan, puesto que el plazo para presentarlas terminaría el 10 de noviembre.

Visión contraria

Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera sostuvo que, si bien es la Corte Electoral la que debe definir la validez de esta alternativa, el artículo 331 de la Constitución debería ser interpretado “con lógica y sentido común”. “Comenzaron a juntar firmas con el objetivo concreto de hacer un plebiscito en octubre de 2019, de modo que si no llegan ahí, me parece que no es válido el recurso, aunque la palabra final la tendrá la Corte Electoral”, alegó. Carrera se preguntó además qué pasaría si tampoco llegan, en noviembre, a la cantidad de adhesiones necesarias para que el plebiscito sea simultáneo con las departamentales. “¿Van a seguir juntando firmas hasta octubre de 2024?”, ironizó.

Para el senador, estas campañas no alcanzarán las firmas por la sencilla razón de que “la gente no está con estos temas” y porque carecen de “referentes”. “Se plantean juntadas de firmas con base en premisas falsas. Con la inclusión financiera se han tomado medidas para facilitar el acceso a la gente del interior. Ir en contra de esta inclusión es estar en contra de la lucha contra el lavado de activos y de la transparencia fiscal”, sostuvo.