Ayer empezó el sexto día de la huelga de hambre que están haciendo tres trabajadores de Montevideo Gas, en una carpa ubicada en Juan Carlos Gómez y Sarandí, a pocos metros de una de las oficinas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). La Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) había exhortado a la cartera a que negociara la salida de la empresa Petrobras, para así “resguardar el servicio público, a los usuarios y a la fuente laboral”, según un comunicado del sindicato.

La Uaoegas también había pedido dejar sin efecto los envíos al seguro de paro y los despidos previstos, ya que la empresa había despedido a un trabajador, mandado al seguro de paro a otros 20 y anunciado el despido de 37 más. A su vez, el sindicato le pidió al presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, que la fuerza política ayudara en el proceso de búsqueda de soluciones.

Ayer de tarde, el diputado del FA Luis Puig, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento y ex dirigente de la Uaoegas, visitó la carpa y, en declaraciones a la diaria, informó que su sector, el Partido por la Victoria del Pueblo, le pidió al FA, mediante su mesa política, que participara en el tema y se comunicara con el Poder Ejecutivo para “plantearle medidas alternativas y de solución”. Con estos fines, se creará un grupo que empezará a funcionar en estos días. “Nos parece básico que se tome contacto con el Ejecutivo y haya medidas desde el propio gobierno que aseguren mantener el servicio público”, indicó.

Además, Puig señaló que en 1995, cuando se privatizó la empresa, había 408 trabajadores y hoy sólo hay 167, pero que también hay que tener en cuenta que Petrobras plantea despedir a 37. “Se estaría llegando a la eliminación de 75% de los puestos de trabajo desde que se privatizó la empresa”, sostuvo, y agregó que eso hace insostenible que se pueda brindar un servicio público.

Puig subrayó que en los últimos años de gestión Petrobras no mostró interés en brindar “un servicio de calidad”, al no realizar inversiones, “plantear una reestructura y al mismo tiempo decir que se va”. “El MIEM, que es el titular del servicio, debe definir con absoluta claridad plantearse que esta empresa no puede llevar adelante una reestructura con pérdida de puestos de trabajo y seguir atentando contra el usuario al mismo tiempo que dice que se va. Por tanto, creo que el Estado debe intervenir, porque los trabajadores están quedando de rehenes de esta situación”, indicó. Por último, subrayó que lo primero que hay que hacer es evitar los despidos y los seguros de paro, y luego “buscar soluciones de fondo”. En ese sentido, sostuvo que la intervención del Estado se pueda dar en el marco de la ley 14.142, de 1973, que declaró de utilidad pública la expropiación, por el Estado, del patrimonio de la Compañía del Gas y Dique Seco de Montevideo Limitada. En el artículo 8, establece que el Poder Ejecutivo “asegurará la continuidad del servicio de gas por cañería y los cometidos que realiza el Dique Seco, por intermedio de una comisión interventora, que tendrá personería jurídica”. “Dicha comisión podrá adquirir e instalar una planta generadora de gas a partir de derivados de petróleo, siempre que cuente para ello con la aprobación del Poder Ejecutivo”, se indica en el mismo artículo.