Con los votos del Frente Amplio (FA), el Partido Independiente (PI), el Partido de la Gente (PG) y Unidad Popular (UP), la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma de la Ley Orgánica Militar. El proyecto fue remitido rápidamente a la Cámara de Senadores. El Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) consideraron inconveniente votar esta reforma en contexto electoral y señalaron contradicciones en la redacción.

La diputada del FA Mariela Pelegrín explicó que la reforma “define el marco superior de las Fuerzas Armadas [FFAA]”: establece “los principios y disposiciones que rigen la composición, jurisdicción, organización, misiones, personal y logística” de las tres fuerzas y deja atrás la ley aprobada en 1974, “que no se ajusta a la realidad internacional y a las necesidades del país”.

Entre las principales modificaciones, la diputada mencionó la reducción de la cantidad de coroneles (de 198 a 130) y generales (de 16 a 12), que actualmente “es desproporcional en relación al número de subalternos”. Además, destacó la eliminación de los tribunales de honor, que a partir de ahora sólo funcionarán en las causas en curso. En su lugar se instalará un Comité de Ética de Conducta Militar cuya “conformación, alcance y facultades” estarán definidas por ley y tendrá 180 días para emitir su fallo.

Pelegrín resaltó que el proyecto otorga a los militares el carácter de “funcionario o servidor publico”, y “eleva a rango legal derechos para el personal militar”, por ejemplo, licencias especiales por enfermedad, por maternidad y paternidad, lactancia, estudio, así como presenta “avances sustanciales” en materia de género. “El proyecto supone un reconocimiento expreso de los derechos adquiridos y reconocidos para todos los trabajadores de nuestro país”, añadió.

El proyecto también modifica el “alcance del secreto profesional militar”, que no podrá invocarse cuando la información solicitada se refiera a “violación de derechos humanos o sea relevante para investigar prevenir o evitar violaciones de los mismos”. Además, limita el “principio de disciplina” con “la posibilidad de baja”, cualquiera sea el rango, por “falta muy grave”.

El informe de la Comisión de Defensa contrario a la propuesta fue presentado por el diputado Guillermo Facello (actualmente sin partido), que manifestó que este proyecto es “un entrelazado de normas que dista mucho de configurarse como una Ley Orgánica Militar”. Sostuvo que “carece de visión estratégica” y está  “elaborado sobre bases ideológicas de un preconcepto y con una animosidad [de la bancada oficialista] hacia las FFAA”. “Estamos seguros de que no va a durar más de los 40 años que duró la ley que se va a modificar”, añadió.

Guillermo Facello, durante la votación de la Ley Orgánica Militar, ayer, en la Cámara de Diputados.
Guillermo Facello, durante la votación de la Ley Orgánica Militar, ayer, en la Cámara de Diputados.

Asimismo, Facello planteó que el proyecto carece de “consenso” y que las FFAA “no fueron escuchadas profesionalmente”, lo que se constituye un “aspecto discriminatorio” sin antecedentes con ningún otro colectivo. Según dijo, tampoco se consultó a otros “especialistas no gubernamentales”.

El diputado planteó que de los 172 artículos que integran el proyecto, “134 están referidos al estatuto del personal militar” y “ocho son medidas transitorias”. Por lo tanto, “83% del proyecto no se relaciona con el contenido conceptual que una Ley Orgánica Militar debe tener”, señaló. También sostuvo que es inconveniente aprobar una reforma cuando en octubre se votará un plebiscito que va a afectar el ejercicio de las FFAA, en referencia a la reforma constitucional que impulsa el senador nacionalista Jorge Larrañaga.

A medias

El diputado del PI Iván Posada planteó varias salvedades a los contenidos del proyecto, pero acompañó la propuesta en general como “señal”. Entre sus reparos, planteó que la reducción de personal militar activo “tiene un impacto directo” en las jubilaciones del personal retirado, y que “analizar este tema absolutamente descolgado es un error”. También señaló que en el caso de los tribunales de honor, lo único que hace el proyecto es “cambiar el nombre pero mantiene una idea que es equivocada”.

En la misma línea se pronunció el diputado de la UP Eduardo Rubio, quien también votó el proyecto de forma general. Rubio expresó que la reforma constituye “el primer paso” para “transformar cosas que son insostenibles” con la “vida democrática”. Acompañó las críticas de Posada a las modificación de los tribunales de honor y cuestionó que se habilite a las FFAA a realizar tareas “industriales y comerciales” y otras “nuevas tareas subsidiarias” que no tienen que ver con el ejercicio militar.

Momento inoportuno

Por su parte, el diputado Gustavo Penadés planteó que el PN está de acuerdo con la “necesidad de una reforma” de la Ley Orgánica Militar, pero que este proyecto ocasionará “un daño irreversible a la institución en sí y al país”, y dijo que contiene “falta de pericia en la redacción” y aspectos “incomprensibles”. Asimismo, manifestó que “promover un proyecto de esta magnitud a cuatro meses de las elecciones nacionales es algo absolutamente inconveniente”. Por su parte, el diputado del PC Tabaré Viera sostuvo que su partido rechazó la propuesta porque “tiene grandes defectos, carencias y enormes contracciones”, y señaló que el proyecto “abandona la idea de una política de Estado”, ya que “no se buscó el consenso”. Además, resaltó la inconveniencia de tratarlo durante un año electoral, con “decisiones teñidas de intenciones políticas”.