“Después de las internas yo no tengo ningún problema en debatir”, dijo ayer al mediodía el precandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez, después de participar en el lanzamiento de campaña de la Vertiente Artiguista (VA). Martínez fue consultado sobre las declaraciones del precandidato del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga, quien dijo a varios medios de prensa que quiere debatir sobre seguridad pública con Martínez o con la también aspirante frenteamplista Carolina Cosse. El dirigente nacinalista sostuvo que en 15 años el partido de gobierno no pudo solucionar los problemas de inseguridad, y que Martínez carece de propuestas al respecto. El frenteamplista respondió enumerando las medidas que prevé adoptar si es el candidato del FA y este accede por cuarta vez al gobierno nacional. Dijo que habrá 10.000 cámaras de seguridad más, que se reforzará el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) policial, que se tenderá a cárceles más chicas con un “tipo de persona detenida más pareja, más similar” en cada una de ellas, para que no haya “contaminación de gente más profesional del delito” hacia la gente “nueva”, y que habrá una coordinación diferente de la actual entre la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior. Añadió en esa lista de acciones contra la delincuencia que reforzaría a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), porque “quienes tienen cargos deben dar el ejemplo en todo sentido”.

Desde la VA también se cuestionó a los precandidatos de la oposición. Enrique Rubio, quien pasó a ocupar la presidencia del sector tras la asunción de José Bayardi como misnitro de Defensa Nacional, y encabezará la lista 77 al Senado, puso en duda la viabilidad del ahorro estatal de 900 millones de dólares que promete el precandidato del PN Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos. “Con mera austeridad y un buen manejo no se logran esos resultados ni por asomo”, dijo ayer a la diaria.

Rubio señaló además que la medida de ahorro que Lacalle Pou plantea en relación con el ingreso de funcionarios públicos ya está vigente desde la rendición de cuentas de 2016, en la que se aprobó que por cada tres que se retiren, ingresen dos. El programa de gobierno de Todos dice que si el PN accede al gobierno no se cubriría anualmente 21% de las vacantes (salvo en los casos del personal ejecutivo del Ministerio del Interior y de los docentes), y que eso supondría un ahorro de 100 millones de dólares por año (con un acumulado de 500 millones en el quinquenio).

Rubio opinó que “la oposición en general no maneja el programa real que piensa ejecutar”, y que “parte de la base de que estamos en crisis, lo cual no es cierto”, pero no propone medidas contracíclicas, sino “medidas de ajuste”, aunque no lo reconoce porque “manejar eso tiene consecuencias electorales”. “Un cambio significativo” en el balance de las empresas públicas “se logra sólo con recortes que afecten las políticas de inversiones”, afirmó, y concluyó que “el programa real de la oposición es el de siempre”, que ajusta los ingresos de los trabajadores, “licuando los Consejos de Salarios para habilitar una rebaja del salario real”.

Rubio admitió que al actual gobierno le hace falta mejorar sus políticas de austeridad, y puso a ANCAP como ejemplo de mala gestión. “Hubo que cambiar y se pasó a una política de buena gestión que ya ha dado resultados muy importantes”, dijo. En cambio, señaló a UTE como un caso de buenos resultados.

Sobre la propuesta de reforma constitucional impulsada por Larrañaga, el presidente de la VA dijo que algunos de los cambios planteados se podrían llevar a cabo mediante simples leyes, y que la creación de un cuerpo militar que cumpla tareas policiales es, a su entender, “un error garrafal”, en vista de las ideas predominantes en los mandos del Ejército, que quedaron en evidencia con la actuación del Tribunal de Honor formado para evaluar las conductas de José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, que no los condenó por su actuación como represores.

Rubio comentó que “en realidad no importa tanto Gavazzo”, y que “cargar todo en él es errar, por más execrable que sea lo que hizo”, ya que hubo responsabilidades institucionales. Opinó además que “un problema tan relevante como el de la verdad y la justicia es que las Fuerzas Armadas nos deben un reconocimiento claro de que violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad dentro y fuera del país. Es necesario un sinceramiento con la sociedad, un juramento de que no van a volver a ejercer el terrorismo de Estado, y eso es un cambio de doctrina”.

Uno de los argumentos de Larrañaga para defender la creación de una Guardia Nacional es que ya hay militares cumpliendo funciones de custodia de la frontera, por decisión del gobierno frenteamplista. Rubio sostuvo que eso responde a problemas de soberanía y de dominio territorial, que “hay que desarrollar con más potencia”, en especial en el mar, porque “tenemos que pasar a un modelo de desarrollo de cara al mar y no exclusivamente de cara a la pradera”.

Por otra parte, ayer la Asamblea Nacional de la VA decidió que, para las internas del FA, Mariano Arana encabezará su lista a la Convención Nacional, y Adriana Barros la correspondiente a la Convención Departamental de Montevideo.