Pablo Bartol, asesor del precandidato del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou, hizo unas declaraciones ayer en una entrevista con Desayunos informales (Canal 12) que generaron revuelo. Además de fundador del Centro Educativo Los Pinos de Casavalle, gestionado por el Opus Dei, Bartol es el hombre que el precandidato Luis Lacalle Pou ha designado para hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de cuyo funcionamiento es muy crítico.

En la entrevista, el asesor dijo que habló con “mucha gente” que trabaja en el Mides que le dice: “Vengan, por favor, no los bancamos más, te bloquean toda idea”, en referencia a los jerarcas de ese ministerio. Agregó que un funcionario le pasó “la clave de intranet” para que “busque información, porque estaba todo bloqueado”. “Nos dicen ‘¿qué más necesitás? Nosotros queremos que haya un cambio de cabeza’”, sostuvo. Por último, dijo que quienes le pasan información son “gente que todavía está dentro del gobierno y no puede dar la cara”.

Ante esto, Federico Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Mides, escribió en su cuenta de Twitter: “La ansiedad que genera el poder en un pretendiente a ministro de Lacalle hace que diga públicamente que hay funcionarios que supuestamente le dan clave de acceso a bases de datos de un ministerio, violando la ley de protección de datos. Y después se la dan de serios y legalistas”. En diálogo con la diaria, Bartol prefirió no hacer más aclaraciones que las que hizo en Twitter: publicó que cuando se refirió a “información no accesible por el público” quiso decir la que ahora está disponible en un enlace de la página web de la cartera, que básicamente tiene los datos de la estructura del organismo y el nombre de los jerarcas que la integran. Bartol agregó que “en su momento” esa era “información pública no disponible”. “Nunca accedí a información privada. Bajen el pánico”, finalizó.

Según pudo saber la diaria, el Mides está llevando a cabo una investigación administrativa y, a su vez, el Poder Ejecutivo analiza presentar una denuncia penal, amparado en los artículos 300 y 301 del Código Penal. El primero establece: “El que, por medios fraudulentos, se enterare del contenido de documentos públicos o privados, que por su propia naturaleza debieran permanecer secretos, y que no constituyeran correspondencia, será castigado siempre que del hecho resultaren perjuicios”. El castigo es de una multa de hasta 400 unidades reajustables (cerca de 460.000 pesos). En tanto, el artículo 301 dice: “El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio”, con una multa de hasta 600 unidades reajustables (cerca de 700.000 pesos).

Una fuente del Mides indicó que, en realidad, en la intranet “no hay nada”, ya que es una página de funcionarios de la que se puede descargar el recibo de sueldo, reservar salas del ministerio o anotarse a capacitaciones. Es decir, información que sólo sirve para quienes trabajan en el Mides, aclaró. La información inherente a las políticas sociales del ministerio, en cambio, está en un sistema llamado SMART. Parte de la investigación en curso radica en confirmar a cuál sistema pudo tener acceso el asesor blanco.

A su vez, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo a la diaria que el equipo de abogados de la lista 1001 también está estudiando la situación, ya que se podría haber configurado una ilegalidad. Al legislador le dio la impresión de que Bartol, al utilizar una contraseña que “deberían usar los funcionarios del Mides para datos que son del ministerio”, dio “un paso muy en falso” que significa “un atropello”.