En el poema “En el camino con Mayakovsky”, muchas veces atribuido erróneamente al poeta ruso, el autor Eduardo Alves da Costa describe el proceso de avance autoritario y la ausencia de resistencia, desde los actos más simples hasta que ya no es posible resistir. De la retirada de flores del jardín a arrancar la voz de la garganta, lo inexorable es que, al permitir ese avance, no hay qué hacer cuando todo se consume.
Desde el 9 de junio, cuando los primeros contenidos de conversaciones entre el entonces juez y hoy ministro Sérgio Moro y el procurador Deltan Dallagnol y demás fiscales de la operación Lava Jato fueron revelados por el portal The Intercept, se debatió, se escribieron artículos, reportajes y, sobre todo, se intercambió en las redes sociales.
Curiosamente, la disputa de narrativas no se dio entre mentira y verdad, ya que los personajes de los eventos cuyos diálogos fueron publicitados no negaron su autenticidad, limitándose a atacar la forma en que fueron obtenidos y diciendo que habían sido víctimas de hackeo. Asumieron como legítimos los diálogos que dijeron considerar normales, sin ningún problema. Y al hacerlo adoptaron el comportamiento que viene siendo legitimado desde que aparecieron en el escenario nacional.
Es un hecho que la conducción por la fuerza, sin citación previa, las delaciones premiadas con reos presos usadas como prueba sin nada que las corroborara, la publicidad de contenidos de testimonios e incluso de conversaciones privadas y la prisión automática tras juicio en segunda instancia sin tránsito por el juzgado fueron practicadas asiduamente, y cuando se las recurrió judicialmente se mantuvieron. De ese modo, la operación Lava Jato ha practicado abusos desde hace cinco años como si fueran normales, sin reparaciones, impunemente. Quienes la llevaron adelante, lejos de ser cuestionados, eran ovacionados y pasaron a operar en una lógica totalmente mediática, con el ojo puesto en la aprobación popular y en los focos, pronunciando charlas, dando entrevistas y dialogando con las manifestaciones en las calles. Mientras tanto, sus pares del sistema de Justicia ignoraron los cuestionamientos que se les hicieron tanto dentro como fuera de los expedientes, que no fueron pocos.
No es absurdo decir que los contenidos revelados por el portal The Intercept no sorprenden a nadie, aunque muchos afirmen estar asombrados. La operación Lava Jato, si en algún momento fue pensada para enfrentar la corrupción sistémica, no captó las contradicciones en su interior, y trató desde siempre la política como delito, eligiendo actores a quienes alcanzar de acuerdo con las preferencias políticas de sus miembros. Utilizó el sistema de Justicia y específicamente el Poder Judicial para alcanzar sus fines, maximizando objetivos particulares y no republicanos.
De todos modos, no es extraño que tanto el juez Sérgio Moro como el procurador Deltan Dallagnol hayan respondido acerca del contenido divulgado que se trata de cosas “normales”. En la lógica lavatista de incumplir normas, principios constitucionales y procesos legales, no pasó nada malo. Que el magistrado se porte como superior jerárquico del procurador, echándole broncas, instruyendo la búsqueda de fuentes, sugiriendo investigaciones e inversión del orden de las etapas, anticipando decisiones aún no pronunciadas en diálogos cotidianos, es “normal”, las reuniones y las llamadas telefónicas cotidianas para discutir los casos son normales. También es normal que un grupo de procuradores no se interesen en los datos y en el rumbo de la investigación sobre la cual eran titulares, sino en fórmulas y métodos de cómo impedir una entrevista autorizada por el Supremo Tribunal Federal porque esta, en teoría, ayudaría al candidato con el que ellos no simpatizan políticamente.
En ese camino de la nueva normalidad, los miembros de la operación Lava Jato están al amparo social y político de los que se apoyan en el argumento fácil de que todo fue hecho para combatir la corrupción, el fundamento más utilizado en todo el mundo en el surgimiento o renacimiento de regímenes autoritarios para hacer valer el desprecio por los valores e instituciones de la democracia.
En un espectro amplio, esas posturas se alinean con la búsqueda de la naturalización del absurdo, que se va imponiendo paulatinamente en Uruguay. Los ejemplos no nos faltan, desde la exaltación a la tortura y torturadores dentro del plenario de la Cámara de Diputados en la votación del impeachment hasta el destrozo de una placa con el nombre de una concejal asesinada, ambos actos bajo aplausos de multitudes. Y la operación Lava Jato, es preciso reconocer, se ha convertido en una operación famosa no sólo por sus cifras y su discurso de combate a la corrupción, sino por la puesta en escena de la selectividad del proceso penal brasileño, y por el incumplimiento de normas procesales, sin que jamás sus miembros, servidores públicos, respondieran por sus actos.
Las garantías del proceso penal son marcos civilizatorios. El juez y los fiscales de la operación Lava Jato las despreciaron totalmente, atropellándolas. No se puede sostener la normalidad de relaciones de colusión ante evidencias sistematizadas. No hay explicación convincente capaz de modificar el degradante espectro que sostuvo esa investigación y costó la libertad de ciudadanos y su execración pública.
De la aberrante divulgación de escuchas telefónicas ilegales que involucraban a la ex presidenta de la República Dilma Rousseff hasta la aceptación del cargo de ministro del gobierno a quien benefició en las elecciones, retirando al adversario de escena, Moro probó todos los límites, impunemente. Desde el bizarro Power Point de la denuncia de Lula a la fundación para gestionar recursos públicos, Dallagnol perdió la posibilidad de cualquier actuación comedida. Se retiraron las flores del jardín de la legalidad, mataron al perro e invadieron la casa. Ahora hay que gritar mientras todavía haya voz en la garganta, actuar antes de que sea tarde. Si no decimos nada, es probable que ya nunca más podamos volver a hablar.
Tânia MS Oliveira integra la coordinación ejecutiva de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Esta columna fue publicada originalmente en portugués en el sitio Carta Maior. Traducción: Natalia Uval.