El precandidato del Partido Nacional (PN) Juan Sartori (Todo por el Pueblo) anunció este lunes, que luego de “ganar” las elecciones internas, ensobrará papeletas para la aprobación de la reforma constitucional sobre seguridad impulsada por el precandidato del PN Jorge Larrañaga (Juntos).
“Quiero reconocer el esfuerzo de Jorge Larrañaga al haber recogido 405.000 firmas que avalan su propuesta de reforma [...] por eso hoy anuncio mi respaldo a la iniciativa, y una vez gane la candidatura me comprometo a ensobrar su propuesta”, dijo este lunes en un acto en su sede partidaria.
Al mismo tiempo que Sartori hacía este anuncio, Larrañaga inauguraba la sede central de la Lista 2004 en la calle Brandzen. Consultado por Telemundo, el senador agradeció el apoyo del empresario, aunque de todas formas dijo que él es el “candidato de la reforma”, porque “en esta situación me han colocado como consecuencia de la falta de respaldos”.
Del discurso del empresario lo más destacado fue el anuncio de respaldo al plebiscito, ya que la enumeración de las 15 medidas para mejorar la seguridad las dio el comisario mayor (r) Washington Cruz. El asesor dijo que la batería de propuestas se pueden implementar entre tres y seis meses, y después el precandidato aseguró que esto no requerirá más presupuesto.
Entre los primeros puntos de la propuesta está la “descentralización” de la Justicia, con sedes de la Fiscalía General de la Nación en las zonas donde se cometen más delitos: Cruz citó a los Municipios F, G, A, D de Montevideo. En un documento entregado este lunes a la prensa, se asegura que con esta medida “los delincuentes sabrán que serán detenidos y juzgados en tiempo y forma”. Además, se propone reforzar las Comisarias en las zonas en las que hay más delitos, que son “entre ocho y diez”. A juicio de Cruz, en estas debería haber entre 100 y 120 policías.
Juan Sartori durante la presentación de propuestas en seguridad en su sede de Plaza Independencia.
Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS
El comisario retirado dijo que sólo con cambiar la Ley de Faltas y la ley de Vagancia cambiaría “el paisaje de la metrópoli”, porque “todos vemos el problema de la insalubridad que hay en las calles por los campamentos” [de las personas en situación de calle], lo que genera “sensación de inseguridad”. Sartori propone que sean modificadas las sanciones que son de carácter obligatorio. Por ejemplo, la Ley 10.071, promulgada en 194,1 dice que una de las medidas de seguridad es la internación “en un establecimiento de régimen de trabajo obligatorio, por tiempo indeterminado, que no será menor de un año ni mayor de cinco”.
Para reducir “los efectos negativos del Código del Proceso Penal”, Sartori implementaría una “herramienta de evaluación de riesgo universal en la Justicia”. La idea es que las condenas sean impartidas según el perfil de quien comete un delito, para evitar la arbitrariedad de los fallos.
Sobre las cárceles, afirmó que los pabellones se dividirán para que no tengan más de 500 reclusos, que estarán distribuidos de acuerdo a su categoría de peligrosidad. “Habrá un comando y personal único en cada edificio con una relación guardia por persona privada de libertad”. El nacionalista plantea que los presos tengan uniforme, calzado y elementos de higiene, y Cruz explicó que se aplicaría “un proyecto de reinserción con abastecimiento general; trabajarán con empresas para su autoabastecimiento”. En el texto de las propuestas, se dice que “los reclusos producirán su propios alimentos e insumos, trabajarán diariamente ajustados a una regulación legal del trabajo penitenciario”.
En cuanto a la prevención del delito, el documento dice que se desarrollarán “coaliciones comunitarias” que son el vehículo “para unir sectores” como, por ejemplo, jóvenes, padres de familia, vecinos, empresas, comerciantes, medios de comunicación y representantes de la educación. Estos grupos, junto con la Policía, llevarán adelante la “metodología de policiamiento comunitario orientado a la solución de problemas”.