La jueza Agatella Ciuffrida ingresó en el aula de la Primera Corte de Apelación de Roma a las cinco en punto de la tarde para la lectura del fallo, acompañada por la jueza adjunta Caterina Brindisi y los seis jueces populares, luego de una intensa jornada del consejo. Empezó a leer la sentencia en el silencio absoluto del aula, donde se había reunido una numerosa concurrencia: abogados, periodistas, familiares de las víctimas, militantes de derechos humanos.

Cuando quedó claro que 24 de los 25 imputados (de los 27 involucrados en ese juicio, Luis García Meza y Pedro Richter Prada fallecieron, y se confirmó la absolución de Ricardo Chávez Domínguez) habían sido condenados a cadena perpetua por homicidio voluntario muy especialmente agravado, un suspiro de alivio atravesó la habitación. Zelmar Michelini y Aurora Meloni, familiares de víctimas del Plan Cóndor, llegaron cuando la lectura había ya empezado. Al interrogar con la mirada a los presentes, casi no podían creer lo que estaba sucediendo.

Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia de Uruguay, presenció de pie la lectura del fallo, al lado del abogado Andrea Speranzoni. Los dos permanecieron inmóviles hasta que finalizó la lectura del fallo y se dieron un abrazo cuando la jueza abandonó la sala.

Cristina Mihura, viuda del desaparecido Bernardo Arnone, se encontraba en ese momento sentada en el banco que ocupó durante todas las audiencias de apelación y trataba de contener la emoción. “He escuchado decir varias veces que la Justicia cuando llega tarde no es justicia, y hoy digo que eso no es cierto. Mis pensamientos y mi abrazo hoy es con las familias de las víctimas de [Jorge] Tróccoli, que nunca habían conocido la justicia en todo lo que habían pasado. Creo que esta Corte de Apelación ha corregido el camino, en gran parte errado, de la sentencia en primera instancia. Para Bernardo es una sentencia que llega en un tercer país [su detención y desaparición se cometieron en Argentina]. Ahora me falta encontrarlo, pero ha tenido justicia”, dijo.

Al final de la lectura, en la sala se confundieron lágrimas y abrazos. Pasado un rato, empezaron las llamadas entre Italia y Uruguay, Chile y Bolivia, así como las preguntas de los periodistas. Michelini dijo que sentía “una gran emoción por todos los compañeros que han recibido justicia”. “Y una gran satisfacción, porque esa es la prueba de que no hay que parar nunca en el empeño, de que no hay que dudar y de que es necesario seguir adelante hasta que haya justicia y verdad para todas las víctimas de la dictadura uruguaya y del Plan Cóndor”, añadió.

Miguel Angel Toma y Andrea Speranzoni, en la lectura de la sentencia, en julio.

Miguel Angel Toma y Andrea Speranzoni, en la lectura de la sentencia, en julio.

Foto: Nadia Angelucci

Ya fuera del tribunal, Toma aseguró, en diálogo con la diaria, que el presidente Tabaré Vázquez, con quien había hablado hace minutos, le había manifestado “su emoción por esta sentencia y por haber cumplido el compromiso de continuar hasta las últimas instancias judiciales con aquellos delincuentes que, amparados en la dictadura, cometieron crímenes atroces”. “Trajimos a Roma nueve sentencias ejecutadas y pruebas relevantes referidas a los legajos de Tróccoli, de [Luis] Maurente, de [Jorge] Silveira, además de toda la información que surge de los registros del Fusna [Fusileros Navales] que probaban en forma abrumadora la responsabilidad de todos los imputados. Este es el justo epílogo de la lucha que hemos llevado adelante acá, en Roma. En Uruguay seguimos trabajando y trajimos todos nuestros esfuerzos”, expresó.

Por su parte, la abogada Alessia Liistro –que representó a Néstor Gómez Rosano por el homicidio y la desaparición de su hermana Célica Gómez Rosano, quien fue vista por última vez en el Fusna, en Montevideo– se mostraba satisfecha y emocionada: “Ha sido una gran victoria. Yo siempre mantuve mi esperanza, y finalmente se hizo justicia en la apelación”, expresó.

Al final de la jornada, el abogado del Estado uruguayo, Speranzoni, dijo a la diaria que si bien había “mucha confianza, no sabíamos cómo terminaría”. “Mi racionalidad me llevó a ser optimista, porque la evidencia de estos delitos y de la conducta individual de los acusados estaba allí, y los llevamos a la corte. Hicimos un trabajo extraordinario con Presidencia de la República para dar ímpetu a las pruebas. El tribunal las consideró válidas y hoy tenemos muchas condenas, en lugar de todas las absoluciones que se habían dictado en la sentencia de primer grado. Es una gran emoción para los uruguayos, para las víctimas y para todos los que en América Latina trabajan a diario para construir la democracia. Este fallo es una respuesta legalmente correcta y completa que da justicia a estas víctimas”.

En cambio, el abogado de Tróccoli, Francesco Saverio Guzzo, dijo que no esperaba un fallo como ese y que estaba convencido de que la Corte de Apelación iba a confirmar la sentencia en primera instancia, porque “estaba muy bien motivada, equilibrada y completa”. “Hablé con mi cliente, quien expresó su repudio y lamentó la sentencia. Leeremos las motivaciones y luego apelaremos ante el Tribunal de Casación”, explicó.

Una de las últimas personas en abandonar el Tribunal fue Meloni: “Al principio casi no podía entenderlo, no lo creía, pero ahora estoy feliz. Han pasado demasiados años. En nuestros países esto es simbólico pero importante: para mí, para mi familia, para las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos y las hijas. Me han escrito uruguayos desde todo el mundo: ¡Por fin la justicia!”.

Grupo por Verdad y Justicia presenta información sobre su trabajo a la bancada del FA

Hoy de mañana, la bancada de Diputados del Frente Amplio se reunirá con Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), y con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. El objetivo del encuentro, explicó Michelini, es contar a los legisladores lo que fueron “estos cinco años de experiencia del grupo”.

Michelini piensa que la búsqueda de detenidos desaparecidos tiene que ser llevada adelante en el marco de otra institución, que no sea el Poder Ejecutivo, y que tenga “otro nivel de autonomía”. Según dijo, es necesario promover un “diseño diferente” que permita al Estado avanzar en ese cometido, y este será uno de los temas que planteará a los legisladores. “La búsqueda de los detenidos desparecidos es una responsabilidad estatal”, señaló, y agregó que es necesario resolver cuál es la mejor forma de cumplir con esa obligación.

Sobre la sentencia, Michelini destacó el rol que tuvo el GTVJ en el proceso y opinó que se trata de un “reconocimiento” a las víctimas y familiares. En la misma línea declaró ayer el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, quien aseguró en una rueda de prensa que esta segunda instancia “pone las cosas en su lugar y el fallo cumple con las expectativas que uno tenía”.