El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Intendencia de Montevideo (IM) firmaron ayer un convenio para el inicio del Programa Piloto de Alquiler Social, en el que se construirán 120 viviendas en cuatro predios de la Ciudad Vieja. El director nacional de Vivienda del MVOTMA, Salvador Schelotto, dijo que el proyecto se enmarca en lo establecido por el Plan Quinquenal 2014-2019 y se ejecuta por intermedio de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) y el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).
A pesar de que ayer fue el lanzamiento oficial y los llamados de tres de las obras ya se hicieron, el jerarca estimó que los trabajos, que podrían iniciarse a fin de año, se extenderán entre 24 y 30 meses. El llamado público a los interesados en alquilar por este sistema no se hará hasta que las obras tengan por lo menos un avance de 70%, por lo que no se podrá acceder a esta forma de alquiler hasta finales de 2021. “El objetivo es ampliar la oferta desde el punto de vista de las soluciones de vivienda, con una forma de pago accesible, encuadrada en las disposiciones legales”, dijo Schelotto. El jerarca explicó que en el programa piloto se aplicará, entre otras, la Ley 19.588, que establece el Sistema de Subsidios a la Demanda Habitacional. La norma determina “topes diferenciales para distintos niveles de ingresos familiares, con el objetivo de instrumentar un régimen de tipo progresivo que privilegie a las familias de menores recursos”. La ley dice, por ejemplo, que el porcentaje máximo de afectación de los ingresos será 25%, en una familia de un integrante que tenga un ingreso de de 11 CBA (Canasta Básica de Alimentación). Según el Instituto Nacional de Estadística, en Montevideo la CBA estaba en 3.377 pesos en diciembre de 2018. Por lo tanto, una persona que tenga un ingreso de 37.147 pesos (11 CBA) no podrá destinar al alquiler más de 9.286 pesos, y la diferencia estaría subsidiada por el programa.
Schelotto aclaró que la vivienda será propiedad del MVOTMA y aseguró que si bien una persona podría, en teoría, empezar a ocupar con un subsidio total, a medida de que tenga más ingresos podría llegar a pagar todo el alquiler. El jerarca dijo que “se trata de un esfuerzo interinstitucional destinado a recuperar espacios urbanos degradados”. “El derecho a la vivienda adecuada es parte de una aspiración más abarcativa, que es el derecho a la ciudad”, afirmó.
De los cuatro predios seleccionados, dos son del MVOTMA, uno es de la Agencia Nacional de Vivienda y el otro de la IM. Uno está en la calle 25 de Mayo, cerca de la plaza Zabala; otro es la antigua casa de José Enrique Rodó, ubicada en Treinta y Tres y Buenos Aires; el tercero está en 25 de Mayo y Solís, y el cuarto son dos padrones de la IM frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la calle Juncal. En ese lugar, hasta mayo de este año, funcionaba una boca de venta de droga que fue desmantelada por el Ministerio del Interior. En la actualidad el edificio de tres pisos está tapiado. El jerarca destacó que se pudo acceder a los lugares gracias a la Ley 19.676, de Inmuebles Vacíos y Degradados, aprobada en octubre de 2018.
Schelotto dijo que el proceso de selección de los inmuebles fue realizado por el MVOTMA y la IM, y que se analizó la viabilidad de la construcción. Si bien sostuvo que se cuidará el patrimonio –sobre todo en las fachadas–, informó que se incorporará “una obra nueva, en algunos casos de 100%”.
Edificio en Ciudad Vieja.
Foto: Ricardo Antúnez
El programa será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que hará un aporte de 70 millones de dólares; como contraparte el Estado aportará 30 millones de dólares por el Fondo Nacional de Vivienda. Morgan Doyle, representante del BID en Uruguay, dijo ayer que se trata de “un instrumento renovador”, que marcará “una diferencia a nivel nacional” cuando se extienda al resto del país. “Para nosotros es una oportunidad de aprender, porque lo que hemos podido trabajar acá [en Uruguay] se ha podido llevar a otros países de la región”, aseguró.
De las 120 viviendas, la IM pidió que se reservara 10% para residentes de la zona, una medida contra la gentrificación. En la presentación del Programa, en la Torre Ejecutiva, la directora de Desarrollo Urbano de la IM, Silvana Pissano, dijo que el proyecto forma parte de “las responsabilidades del gobierno departamental” de “darles cuerpo a los derechos para que sean realidad”. Con respecto al 10% destinado a los residentes de la zona, dijo que está pensado para proteger “el derecho a permanecer”, porque “no queremos que familias en situación vulnerabilidad se sientan desplazadas hacia la periferia”. Con medidas como esta “podemos dar un nuevo paso para decir no a la gentrificación”, sostuvo.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Eneida de León, aseguró que este programa es de los más importantes de su cartera. “Siempre hemos tratado de buscar soluciones para el gran abanico de problemas que tiene nuestra población para acceder a una vivienda segura”, declaró. Según dijo, dentro de unos años el programa puede llegar a otros lugares del país.