El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, y el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, anunciaron ayer que en los próximos días se impulsará un “nuevo plan nacional de combate al tráfico de drogas y al crimen transfronterizo”, dijo este último en una rueda de prensa. Dio la noticia a la salida de su comparecencia ante la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, a la que también asistió el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani.

Ferreri dijo que las medidas incluirán ajustes en los controles aduaneros y policiales en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Para estos fines se comprará un escáner, que tiene un costo de unos 3,5 millones de dólares. Además, habrá una “mesa de análisis del movimiento de contenedores en el puerto”, en la que estarán presentes funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Dirección Nacional de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Administración Nacional de Puertos y la Prefectura Nacional Naval, explicó. El subsecretario de Economía y Finanzas –cartera de la que depende la DNA– dijo también que los controles a los aviones privados ya no se harán a requerimiento, sino que serán solicitados por la Policía Aeroportuaria (dependencia del Ministerio de Defensa) cuando se detecte alguna irregularidad.

En mayo de este año, un avión privado que había pasado por el aeropuerto de Carrasco fue detenido en el aeropuerto francés de Mulhouse con 603 kilos de cocaína. Luego de que a fines de julio se conoció la noticia, el entonces director de Aduanas, Enrique Canon, dio una conferencia de prensa en la que contó que la esa dependencia sólo había controlado el arribo de la aeronave privada. Comentó que en las partidas sólo está la Policía y si ella ve “alguna irregularidad”, se llama a un funcionario de Aduana para que haga la inspección, algo que no sucedió en esa ocasión.

Unos días después se supo que personal de Aduana del puerto alemán de Hamburgo había encontrado una carga de cuatro toneladas y media de cocaína en un barco contenedor procedente de Montevideo. Su destino era la ciudad belga de Amberes. Tras este nuevo caso, Canon renunció a su cargo y fue sustituido por Borgiani.

Ayer Bayardi informó que el precinto del contenedor que llegó a Alemania no estaba adulterado. Esto indica que la droga fue cargada en Montevideo o en alguno de los puertos que visitó previamente, en Brasil o Senegal. Una de las hipótesis del jerarca era que la carga hubiera sido cambiada en un puerto posterior, como había sucedido en abril de este año cuando un cargamento de arroz fue adulterado en la ciudad brasileña de Santos.

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Tras la sesión, la diputada del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi dijo a la diaria que la explicación que dieron las autoridades fue “muy decepcionante”, porque la información “es la misma que nos están dando desde 2016”. Bianchi aseguró que en la última carga hallada participó la misma compañía italiana que lo había hecho en el caso anterior. “Se usó la misma empresa que en el caso en el que se violaron los precintos en Santos. Por perfil de riesgo, que dicen que es como trabajan, era claro que tenían que tener una sospecha”, sostuvo.

Bianchi también se mostró preocupada porque en el caso de los 603 kilos de cocaína hallados en el avión “los nombres de las personas que subieron eran todos de origen ruso o checo”. “Las 12 personas que formaron parte del vuelo estuvieron dos días en Montevideo, y se habrían alojado en el hotel Sofitel Montevideo Carrasco”, aseguró.

“Yo no cité [a las autoridades] para ver si tuvieron la droga en el Sofitel, o no, pero están tratando de ver cuál fue el trayecto de la droga. Yo querría que me contestaran cómo entró, porque Uruguay no es productor y menos en esas cantidades”, afirmó.

La nacionalista sostuvo que el avión había estado dos veces más en Uruguay, en base a información a la que aseguró que accedió por intermedio de integrantes del sindicato de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia). Con respecto a esta denuncia, Bayardi dijo que no hay registro de que la nave haya estado en Uruguay en otras oportunidades y opinó que si la representante tiene la información, debería presentarla en la Justicia.

Para Bianchi, la responsabilidad mayor está en la DNA, pero también en la Dinacia, porque “sabe que salen aviones de los aeropuertos de forma permanente y sin control”. La diputada se mostró sorprendida porque Borgiani dijo que los contenedores se controlan de manera aleatoria con el conocimiento de los despachantes de aduana. “Yo me quedé espantada”, sostuvo. Según el relato de la nacionalista, las autoridades alegaron que se hacía de esa manera para cuidar el comercio exterior. “Van a cambiar el protocolo para que los despachantes no sepan cuando van a poner los controles”, contó. Sobre la compra del escáner, dijo que hace tres años que lo anunciaron y aseguró que el costo es “caja chica” para el Estado.

Fronteras vulneradas

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti dijo a la diaria que por más que haya que hacer esfuerzos para controlar las fronteras, siempre es difícil. “Todas las fronteras son vulneradas, y también la de los países centrales”, afirmó. En el caso de la carga de cocaína que se transportó por avión, admitió que se produjo una falla en los controles, ya que de otra forma “no se justifica que un avión privado de gran porte, con una autonomía de vuelo de 20 horas, salga con más equipaje del que llegó”. “Se supone que ese aumento pudo ser la droga que se incautó, pero por ahora, mientras no se termine la investigación de la Fiscalía, no podemos determinar si fue así”, expresó. Una de las hipótesis que manejó Asti es que la droga haya sido trasladada desde la bodega al equipaje de mano.

Sobre la propuesta del candidato del PN Luis Lacalle Pou de promover una ley de derribo, dijo que se trata de un “lindo disparate”. “Sé que otros países la tienen, pero con la característica de Uruguay, pensar que la Fuerza Aérea pueda tener la capacidad de derribar un avión, con la consecuencia de una muerte que implica, parecería una medida desmedida”.