“Se eliminará la discriminación que actualmente sufre la agropecuaria en el acceso a personas jurídicas admitidas en otros sectores. La prohibición de la utilización de Sociedades Anónimas o en Comandita es una limitante a la integración de capitales al sector”, dice el punto 7 de las medidas a impulsar en el capítulo Agro del programa de gobierno 2020-2025 del Partido Nacional (PN). La información fue publicada ayer por el portal Sudestada y refiere a la Ley 18.092, de titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.
Dicha ley, aprobada en 2007, dispone que las sociedades anónimas y en comandita “podrán ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas”. Juan Ignacio Buffa, asesor en agro del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, expresó que este tipo de legislación hace, por ejemplo, “que una sociedad de hermanos enfrente algunas rigideces a la hora de conformar su paquete accionario, porque genera restricciones para diseñar figuras que permitan la viabilidad para que esas empresas puedan seguir funcionando”.
Cuando la norma fue aprobada, Lacalle Pou, por entonces diputado, no sólo votó en contra, sino que también fue el informante en minoría de la comisión. “Se ve aquí por parte del gobierno a la sociedad anónima con acciones al portador casi como una organización delictiva [...] Y si siguiéramos la lógica de razonamiento del partido de gobierno, tendríamos que prohibir las sociedades anónimas en todos lados, empezando por los casinos y por los hoteles”, expresó en la sesión del 12 de diciembre de 2006. “Y créanme que va a haber personas que adoptaron una personería jurídica para asociarse, que no van a estar interesadas en seguir explotando predios rurales”, advirtió en ese momento.
En filas frenteamplistas consideraron la propuesta nacionalista un ataque directo a la transparencia. “Es un retroceso. Un país como Uruguay, que depende de la producción agropecuaria, necesita saber a ciencia cierta quiénes son los dueños de la tierra, que tiene un valor superlativo y escaso en el mundo”, dijo el diputado Alfredo Fratti.
Por su parte, el también diputado frenteamplista Alfredo Asti sostuvo que su fuerza política es defensora de la “nominatividad de todas las personas jurídicas, y eso lleva a no diferenciar en el tema del agro, un sector en el que la concentración de la tierra es un elemento importante”. El legislador dijo que con la medida se busca evitar la falsa de transparencia en la propiedad de las acciones, pero la normativa también contempla excepciones, que deben ser avaladas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando se trata de un fondo que cotiza en la bolsa. “Si quieren defender la opacidad en el tema, es consecuente con lo que hicieron en el transcurso de esta legislatura al oponerse a todas las normas de transparencia”, recordó, haciendo mención a la Ley de Inclusión Financiera y a la Ley de Lavado de Activos, entre otras.
En tanto, Buffa respondió que no entiende por qué se pide este requisito únicamente en las empresas agropecuarias, cuando “en otras ramas de actividad no ocurre esa restricción. ¿Por qué se discrimina al sector agropecuario?”, se preguntó.