El objeto de la ley, según expone en el texto es propiciar “un modelo de desarrollo sostenible mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar valor y empleo”.

La presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), Patricia Gutiérrez, señaló a la diaria que desean “que se apruebe”, y aseguró que los empresarios que no quieren que se vote favorablemente la ley no quieren “pagar los impuestos de lo que tiran a la calle”. La Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) se mostró contraria a la aprobación de la ley. Los industriales se quejaron del Impuesto Específico Interno (Imesi). Este impuesto indirecto se aplicará a algunos residuos “especiales”. Para la ley son residuos especiales: envases y embalajes, residuos de baterías y pilas, residuos electro-electrónicos, neumáticos y automóviles fuera de uso y aceites usados. 

“Queremos que pague el que tira la basura a la calle, que para nosotros es materia prima. Porque al final nosotros somos los que más trabajamos y los que menos ganamos. Queremos que esa plata no la siga agarrando el que la tiene, sino que la distribuyan entre los verdaderos clasificadores, que somos los que más trabajamos, el resto de la gente no mete la mano en la basura ni siquiera para separarla en su casa”, expresó la clasificadora.

Guitiérrez reconoció: “Muchos beneficios no son ahora, sino que aportan a futuro”. Sin embargo, consideró que “la ley es muy positiva” ya que “el clasificador va a tener la posibilidad de tener más cooperativas”. La sindicalista se quejó que a los clasificadores los “tiraron a todos para la periferia”, con la implementación de los nuevos contenedores, y con la delimitación de las zonas de exclusión. 

“Sufrimos una zona de exclusión que nos perjudica, no podemos estar en Ciudad Vieja, ni por Bulevar Artigas, ni en el Mercado Modelo, que antes mal o bien nos podíamos traer fruta y verdura aunque fuera picada”, agregó. Pero también, los clasificadores saben que no todos los lugares se prestan para la clasificación, por ejemplo por la peligrosidad: “En la rambla es obvio que no se puede”.

La ley

El proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado, establece la categorización de residuos, dividiéndolos en: domésticos, procedentes de los espacios públicos, de actividades económico productivas, los sanitarios, de obras de construcción, de suelos contaminados, de sedimentos y residuos especiales. 

La normativa exhorta a la población a cumplir el deber general de minimizar la producción de residuos. En caso de ser aprobada en el día de hoy en Diputados, corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la aplicación de la norma.

Clasificadores de residuos en la explanada de la Intendencia de Montevideo (archivo, setiembre de 2014).
Clasificadores de residuos en la explanada de la Intendencia de Montevideo (archivo, setiembre de 2014).

El capítulo II de la normativa aborda “la política nacional de gestión de residuos y sus instrumentos”, se basa y complementa, según explica el texto, en la ley  Nº 17.283, referida a la protección del medio ambiente, aprobada en el año 2000. 

La nueva propuesta de ley establece que “la gestión de los residuos tenderá hacia un modelo integral, que contemple todo el ciclo de vida de los productos”, incluidas, “aquellas asociadas al diseño y uso", de forma de evitar y minimizar la generación de residuos y facilitar la valorización de los que se generen”.

Asimismo señala la “responsabilidad social del asunto”, y plantea la “concientización de los distintos sectores, así como la implantación de modalidades de producción y consumo sostenibles”. Reconoce los residuos como “bienes capaces de generar valor” y prevé que el generador internalice los costos de la gestión de residuos. También se propone evitar el trabajo informal en la clasificación y recolección, a través de la promoción de la actividad formal, que aseguren el cumplimiento de “las condiciones sanitarias y ambientales”. El Poder Ejecutivo queda a cargo de regular la actividad de los clasificadores "Sin perjuicio de las medidas que se establezcan a nivel departamental" con el objetivo de "facilitar su inclusión al sistema formal y la generación de condiciones adecuadas de trabajo".

Otros pronunciamientos sobre la Ley de Gestión Integral de Residuos:

Bebida fría

Según pudo saber la diaria, en el PIT-CNT se informó sobre este proyecto, pero no se tomó una posición. Es más, hay gremios que se han mostrado preocupados por la norma como la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB). Su presidente, Fernando Ferreira dijo a la diaria que cuando fueron citados por la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados, manifestaron algunas “preocupaciones” porque el texto “no tiene una claridad en cuanto a qué se va a hacer en materia impositiva, lo que se va a gravar, las distintas categorías de envases, en nuestro caso: el vidrio retornable o descartable, el plástico, y la lata. Hay también una posibilidad de una devolución por la recuperación de la totalidad del envase retornable o del descartable, pero no marca a cuanto podría llegar. Todo está liberado a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Tampoco se marca las prioridades en cuanto a lo nacional sobre lo importado en cuanto a la utilización de envases”. Ferreira dijo que van a esperar a ver si estas cuestiones se aclaran en la discusión de hoy y luego cómo se redacta la reglamentación.