Ayer se aprobó en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el proyecto de ley que disuelve el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y traspasa el cometido de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la dictadura cívico-militar a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
La iniciativa contó con el voto de los representantes de todos los partidos, salvo con el del senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry. El senador y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, contó que el senador colorado planteó algunos reparos y dijo que “no estaba convencido de que fuera constitucionalmente correcto”.
Bordaberry planteó en la comisión que la ley contradice las verdaderas tareas de la INDDHH y que sus objeciones son “principalmente desde el punto de vista jurídico”, según consta en la versión taquigráfica. El senador añadió que tampoco le parecía el “momento adecuado” y que no comprendía “el apuro de hacerlo ahora, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio y después del funcionamiento de la INDDHH durante dos períodos”.
Por su parte, Mieres dijo a la diaria que la ley le parece “muy necesaria”. “Es muy importante dar señales de que esto tiene que continuar, porque es un deber ético hacia los familiares y hacia nuestra propia historia”, dijo, y añadió que “estamos en deuda con ellos”.