En una caja azul, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (Femi) entregaron ayer a la Justicia unos 80 expedientes que contienen los resultados de tribunales de ética médica que evaluaron el accionar de médicos durante la última dictadura.

Luego de firmar el acta de la entrega de la custodia de los documentos, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, valoró en rueda de prensa que se trata de un “momento histórico”: “Lo que entregamos aquí es información vinculada a colegas que lamentablemente participaron en violaciones a los derechos humanos y tortura durante el período de la dictadura. Es algo que la memoria de nuestro país no puede permitirse olvidar”, dijo en la sede judicial ubicada en la calle 25 de Mayo.

Los archivos estaban resguardados en un cofre fort en el Banco República, pero en abril de este año los gremios resolvieron entregar la información a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Patricia Nava, presidenta de la Femi, aclaró que la información siempre estuvo al alcance de la Justicia, pero ahora están “dadas las condiciones” para que la Justicia resguarde los documentos que están en formato papel y digitalice los archivos.

Grecco agregó que hasta el momento los gremios tenían la custodia de los archivos y periódicamente los jueces solicitaban información para las causas en curso. “Lo que estamos haciendo en este momento es transferir la custodia de los expedientes –que siempre estuvieron a disposición de la Justicia–, de tal manera que si hay información relevante que pueda contribuir a esclarecer algún elemento de aquel período, sea utilizada para que haya verdad y justicia. Es lo que todos queremos”, afirmó.

Uruguay Russi, ex presidente de la Femi e integrante de la Comisión Nacional de Ética Médica –conformada por los dos gremios y encargada de juzgar los casos que se presentaban–, estuvo presente ayer en la sede judicial y relató que los gremios trabajaron junto con el Colegio de Abogados para recibir las denuncias contra médicos que participaron en torturas durante el período dictatorial.

Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior (Femi), y Uruguay Russi, ex integrante de Femi, el 13 de setiembre, en la sede judicial de la calle 25 de Mayo. Foto: Ernesto Ryan.
Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Patricia Nava, presidenta de la Federación Médica del Interior (Femi), y Uruguay Russi, ex integrante de Femi, el 13 de setiembre, en la sede judicial de la calle 25 de Mayo. Foto: Ernesto Ryan.

Russi recordó que hubo médicos que firmaron documentos falsos o establecieron causas de muerte que no eran las reales. También mencionó que algunos médicos atendieron a personas en condiciones en las que no debían ser atendidos, como estando encapuchados o en presencia de militares.

El asesinato del médico Vladimir Roslik, en 1984, llevó a que se presentaran una serie de denuncias ante los gremios. El médico falleció por las torturas que recibió en el centro militar, pero la autopsia indicaba que había muerto por un paro cardíaco.

Los criterios que se fijaron en su momento para investigar, explicó Russi, fueron que el médico tuviera –al menos– dos denuncias. Una vez que la comisión analizaba los hechos y tomaba los testimonios a las víctimas, se le otorgaba el derecho a que el médico se defendiera. Esto llevó a que se expulsaran a cuatro médicos de los gremios y muchos otros fueran sancionados por “faltas éticas de distinta identidad”. Russi explicó que la comisión de ese momento no podía expulsar a los médicos del sistema, pero mencionó, por ejemplo, que en el caso de la Femi “si te expulsan como socio gremial no podés trabajar en ninguna institución asistencial”.

Con la vuelta de la democracia, opinó Russi, “muchos querían mirar para el costado, pero los gremios dijeron ‘no, hay que investigar’. Eso enorgullece al sindicato y a la Femi de ese momento y de hoy, que comparten esto con la población en un acto de verdad y justicia”.