Iván Posada: “La coalición de gobierno como tal es una coalición sui generis”

El edificio anexo al Palacio Legislativo, donde están los despachos de la mayoría de los diputados, estaba vacío. Cerradas las puertas de vidrio, el correo amontonándose en el piso, sólo se escuchaba el murmullo de las conversaciones de los funcionarios que estaban en la cocina del piso en el que están las oficinas de los diputados del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente (PI). El despacho de Iván Posada (PI) está sobre el final del corredor y tenía el mismo aspecto que los demás, pero al llegar a la entrevista con la diaria el representante se ocupó de levantar el correo y prender las luces y el aire acondicionado. Contó que se quedará en ese despacho, pero todos sabemos que ahora tendrá nuevos compañeros de piso.

El PI no tuvo una elección buena...

Eso es una forma muy sutil de decirlo: tuvo una muy mala elección.

¿Cómo piensa manejarse ahora, que es el único representante del PI en un Parlamento muy diverso?

A mi favor juegan muchos años de experiencia: en este período voy a completar 30 años en la Cámara de Diputados, y eso me lleva a ordenar el trabajo en función de sus exigencias. No hay que olvidar que mi actividad parlamentaria se concentra en dos comisiones, la de Hacienda y la de Constitución y Códigos, en la que, en todo caso, voy a ser delegado de sector. Es allí donde se trata una serie importante de temas.

Pero los interlocutores van a ser diferentes, hay nuevos diputados.

En la Comisión de Hacienda hay diputados del Frente Amplio [FA] que se van a repetir, y seguramente también se repita el del PC [Conrado Rodríguez]. En donde va a haber más cambios es en el Partido Nacional [PN]. Yo creo que es bueno que se dé el intercambio en el Parlamento; de alguna manera, la decisión de [Luis] Lacalle [Pou] de hacer público el anteproyecto de la ley de urgente consideración y que se recojan opiniones del FA es una muestra de que debe haber un ámbito de diálogo.

En la campaña el PI aseguró que era la “garantía del cambio”. ¿Con esta representación puede serlo?

Está claro que el voto del PI en la Cámara de Diputados no es garantía de nada, en el sentido de que los votos nuestros no son necesarios para aprobar o oponerse a una ley. Desde ese punto de vista fue un eslogan de campaña. Sí creo que somos la garantía de que habrá una visión socialdemócrata, una visión de izquierda, que va a estar presente en las discusiones y en el intercambio dentro de la coalición de gobierno.

Sin embargo, Pablo Mieres fue designado ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Esto refuerza el peso político del PI?

El peso político del PI en el Poder Ejecutivo no responde a los votos, responde a que tenemos una visión distinta de la que pueden ofrecer el propio PN, gran parte del PC, y, sin duda, diferente de Cabildo Abierto [CA].

La futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira (CA), dijo que no sería lo mejor tener un candidato único en Montevideo. ¿Se habló de hacer un acuerdo sin CA?

Todo este tema había entrado en el freezer. La primera semana de enero, en el Parlamento se sucedió una serie de contactos informales, y eso ha generado ciertos avances en la idea de que se vaya hacia una candidatura única. La persona que reunía el consenso era Sebastián Bauzá, pero es notorio que ha rehusado ser candidato; por otra parte, se manejó, no por el PI, el nombre de Gerardo Sotelo, que para nosotros era un muy buen candidato.

¿Le sorprendió que surgiera el nombre de Sotelo?

No, pero nosotros no manejamos nombres porque no estábamos en condiciones de hacerlo, desde el punto de vista de lo que fue nuestro desempeño electoral.

En una conversación con la diaria dijo que no se puede hablar de coalición. ¿Puede profundizar esa idea?

La coalición de gobierno como tal es una coalición sui generis. No es una coalición en el sentido típico en el que se entiende un gobierno de coalición. Los acuerdos que se generaron y se manifestaron por medio del Compromiso por el País fueron acuerdos bilaterales que llevaron cada uno de los partidos con el entonces candidato a la presidencia de la República y su equipo. Es la expresión de lo que podría ser la voluntad de un acuerdo de coalición, pero es bilateral.

¿Por qué dice que es sui generis?

Porque no reúne las características una coalición tal como se entiende en la ciencia política.

¿Lo que quiere decir es que es un acuerdo entre los partidos y el PN, no entre todos?

Y ni siquiera con el PN, sino con el candidato y su equipo. Es indudable que en la elaboración de este acuerdo quien llevó la conversación fue el candidato.

¿Qué garantías ofrece esa situación al cumplimiento del compromiso? En definitiva, es el Parlamento el que vota.

El objetivo es que la ley de urgente consideración esté consensuada cuando entre al Parlamento.

El diputado electo Álvaro Viviano (Alianza Nacional) dijo a la diaria que en la próxima legislatura propondrá proyectos de ley similares a las propuestas de Vivir sin Miedo. ¿Cree que este podría ser un punto de quiebre en el acuerdo entre los partidos?

Nosotros rechazamos ese proyecto de reforma, creemos que las medidas son claramente negativas, y, felizmente, la ciudadanía lo rechazó, porque hubiera sido un profundo retroceso desde varios puntos de vista. Tenía una gran confusión, porque la seguridad pública es un asunto del Ministerio de Interior. Se debe tratar de fortalecer el instrumento Policía, que ha seguido un modelo gubernativo según el gobierno de turno. No ha tenido el objetivo de transformarse en una Policía profesional. Nosotros creemos que tiene que ser de tiempo completo, concebida como una función que no admita otro tipo de actividad.

¿Sin 222?

Sin 222. Lo que se había reducido del 222 suponía un avance claro en la profesionalización y, de hecho, estuvo acompañado de un incremento salarial, a lo que se sumó, a partir de 2015, la consideración en la Ley de Presupuesto de una compensación salarial para los que tuvieran una dedicación full time. Creo que hay que insistir en esa línea de trabajo. Yo sé que hay una gran limitación, que es la fiscal, el tema del gasto, pero me parece que hay que ir hacia una Policía profesional, de tiempo completo, en régimen de dedicación total, similar al que tiene la Dirección General Impositiva.

¿Cree que el tema de la seguridad puede ser una diferencia que lleve al quiebre en el acuerdo entre los partidos?

Cada partido ya se manifestó, y es notorio cuál es la posición del PI. También hay que decir que ese proyecto [de modificación de la Constitución] no contó con la aprobación del presidente electo ni de todo el Herrerismo.

Pero se incluyeron algunos puntos en el borrador del programa de gobierno que firmaron los partidos.

Sí, pero frente al planteo hecho por el PI y por el PC esos puntos se retiraron.

Usted ya ha manifestado diferencias con el gobierno electo, como, por ejemplo, en lo relativo a la venta del avión presidencial.

Creo que en el momento en que se hizo el gasto había mejores oportunidades para gastar ese dinero, que ascendía a más de un millón de dólares. Ahora, la pregunta es: si un avión de esas características sale a la venta al mercado, es muy difícil que se pueda recuperar el valor invertido, y de hecho puede cumplir una función de auxilio desde el punto de vista sanitario, como la que ha cumplido, a pesar de que se ha usado pocas veces. En todo caso, es una discusión que debe hacerse mesuradamente, sin adelantar camino. Tampoco es un tema importante; es minúsculo dentro de lo que tiene el gobierno por delante.

Parece ser más una señal, como lo es que Lacalle Pou vuelva a ocupar la residencia de Suárez. ¿Qué opina de esa decisión?

Me parece una muy buena señal, porque es parte del estatus de la presidencia. Lamentablemente, no lo hizo Tabaré Vázquez ni José Mujica; creo que eso hace a la idea del presidente de la República.

Usted fue uno de los legisladores que participaron en la redacción de la base del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo...

Me siento absolutamente representado con esta ley de despenalización del aborto. El aborto como tal sigue siendo un delito desde el punto de vista penal, pero se establecieron condiciones para la persona que acude al sistema y que cumple con los plazos establecidos en la ley. A mi juicio, ha sido un avance sustancial; la ley está inspirada en lo que hoy es la legislación alemana.

Hubo voces que se han manifestado en contra. ¿Le parece que se podría revisar esta ley?

Hay un compromiso muy claro de Lacalle Pou de respetar la agenda de derechos; no sólo lo ha dicho él, sino que es un compromiso bilateral entre el PI y él. Nosotros confiamos en la palabra empeñada, no tenemos ninguna duda de que estos temas están fuera de la agenda de gobierno.

Pero sin necesidad de derogar la ley, se puede dificultar su cumplimiento.

Todas las acciones que se puedan desarrollar tendientes a la mayor comprensión y apoyo a las mujeres, tratando de darles un ámbito diferente para proseguir con el embarazo, van en un sentido positivo, por lo tanto no veo problemas. El tema es cumplir con la ley en todo lo que establece, y en eso hay un compromiso de seguir haciéndolo.

Hay otras leyes que se van a revisar, como la ley de medios.

Nosotros somos partidarios de derogarla. El único artículo que hay que mirar con detenimiento es el que refiere a Antel. Todo el resto, a nuestro juicio, retacea la libertad de expresión.

¿Qué piensa que pasará con la Caja Militar?

Eso va a ser abordado, porque si se quiere hacer una reforma de la seguridad social no sería entendible que no abarque a todas las cajas. En los hechos, el servicio de retiro militar no es una caja al igual que el policial, pero fueron mencionados dentro de los cambios que deben hacerse. Creo que hay que tratar de llegar a soluciones lo más consensuadas posibles. Es un caso claro de una política de Estado que se tiene que traducir en una ley. Las modificaciones en la seguridad se hacen para que rijan muchos años, por tanto deben tener un apoyo partidario importante. Es deseable que las modificaciones que se introduzcan tengan una amplia base de apoyo Parlamentario. En el retiro militar hay una doble consideración, porque el problema es que se redujo la cantidad de soldados entre 1985 y 2018 –se bajó de 42.000 a 26.000–, pero el problema también está relacionado con el número de la oficialidad. En la época de la dictadura hubo un sobredimensionamiento, en especial en el Ejército: se aprobó una modificación de la estructura orgánica que multiplicó el número de oficiales, y eso es parte del desbalance.