La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Uruguay), que integra el Comité de los Derechos del Niño, emitió este lunes un comunicado con el Centro Cooperativo de Investigación y Formación para el Desarrollo Humano cuestionando algunas de las reformas propuestas en la ley de urgente consideración, elaborada por el gobierno electo, vinculadas a la seguridad pública y la materia penal adolescente.
En dicha misiva se advierte que el incremento de las penas y la consiguiente utilización de la privación de libertad en dicha población “resultan claramente violatorias de los compromisos asumidos por el Estado uruguayo al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño”.
“Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, como el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, acordes con la doctrina de la protección integral, se han pronunciado por el derecho penal mínimo, debiendo ser la privación de la libertad el último recurso, y, en su caso, deberá serlo por el menor tiempo posible”, señalan las organizaciones. Por el contrario, en el quinto capítulo del borrador presentado la semana pasada por Luis Lacalle Pou, que refiere a las normas sobre los menores privados de libertad, sustituye al artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia y extiende la duración de las medidas de privación de libertad de cinco años a diez.
“Nos preocupa inmensamente que las nuevas autoridades del gobierno insistan en la utilización de la violencia estatal y la privación de la libertad como mecanismo de respuesta a los graves problemas multicausales derivados, entre otros factores, de la injusta distribución de oportunidades y posibilidades de vida, enfocándose por tanto en las consecuencias y no en las verdaderas causas del delito”, continúa el comunicado, en el que se advierte que este proyecto impulsa medidas “de probada ineficacia”, que “seguramente redunden en una intensificación del clima de violencia social”. “La reciente experiencia nacional indica que [ni] el incremento de penas ni el establecimiento de mayores mecanismos de control policial producen una disminución en los niveles de violencia e inseguridad. El número de personas privadas de libertad ha crecido de manera dramática en el transcurso de las últimas dos décadas sin que se haya registrado disminución ni en el número de delitos ni en la sensación pública de seguridad”, observan las organizaciones.
Por otra parte, los colectivos advierten que “en el extenso paquete de medidas proyectadas” ninguna contempla “el arbitraje de ningún mecanismo eficaz para, al menos, contener el proceso de fragmentación y segregación social, que viene afectando en múltiples sentidos a la comunidad”, y que, por el contrario, se insiste “en la aplicación de medidas que sólo pueden redundar en el incremento de la segmentación y estigmatización social de los sectores más vulnerados de la población”. Las organizaciones consideran preocupante “que se planteen soluciones en base a una presunción de inocencia social, que parece sustentar la idea que la desigualdad, la pobreza y el imperio del consumo no tienen ninguna incidencia en la generación de la violencia social”.