El 15 de febrero Conrado Rodríguez asumirá por segundo período consecutivo una banca en la Cámara de Diputados, en representación del Partido Colorado (PC), por el sector Batllistas. Es una de las caras jóvenes de la bancada colorada y, paradójicamente, uno de sus caballitos de batalla es el proyecto de ley que presentó en diciembre de 2018 de “jubilación activa voluntaria”, que en parte está comprendido en el borrador de proyecto de ley de urgente consideración (LUC) del gobierno de coalición, uno de los temas sobre los que Rodríguez conversó con la diaria.

¿Qué te pareció el borrador del proyecto de LUC?

Es un proyecto de ley muy importante. Toca muchas temáticas que la oposición en general habló de que había que modificar. También es importante el mecanismo. Algunos políticos del Frente Amplio (FA) lo critican, pero es un mecanismo constitucional. El Poder Ejecutivo y el gobierno electo entienden que los cambios no pueden esperar. Si tenemos que discutir proyecto a proyecto cada uno de los temas en un proyecto separado, muchas de estas iniciativas pueden entrar en vigencia recién el año que viene, por los tiempos de la discusión en la comisión de una cámara, luego en el plenario y en la otra cámara. Entonces, está bien que se utilice esta herramienta para lograr modificaciones que entren en vigencia lo más rápido posible. Por supuesto, hay cosas que podrían perfectamente no estar y ser discutidas en leyes aparte. Y seguramente hay cosas que podrían ser incluidas; eso es objeto del estudio del PC en estas horas.

¿Cuál te parece que es una de las cuestiones más urgentes que hay que tratar?

El país tiene una necesidad imperiosa de tratar el tema de la seguridad social. Esto no solamente es una preocupación que surgió de los partidos de oposición, y especialmente del [ex] presidente [Julio María] Sanguinetti, sino también del gobierno del FA, ya que tanto el presidente [Tabaré] Vázquez como [Danilo] Astori dijeron que había que hacer una reforma de la seguridad social. Ese tema debe ser abordado este año, porque reformas tan importantes si no se hacen en el primer año de gobierno –o en el segundo como máximo– después es muy difícil poder lograr los consensos e implementarlas de buena forma. Lo que establece la LUC es la posibilidad de la creación de una comisión de expertos que va a elevar un informe en diciembre de 2020 y otro en diciembre de 2021. Creo que esos plazos se tienen que acortar.

¿En qué consistiría esa reforma? ¿Extender la edad mínima para jubilarse, por ejemplo?

Van a estar muchas cosas arriba de la mesa para analizar la sustentabilidad del sistema y cómo mejorarlo. Yo soy partidario de dar estímulos a la gente para que se quede en la actividad, por eso en diciembre de 2018 presenté un proyecto de ley que llamé “jubilación activa voluntaria”. Se trataba justamente de derribar la incompatibilidad entre la percepción de una jubilación y el ejercicio de una actividad remunerada. En la actualidad, en la mayoría de los casos no se puede trabajar y al mismo tiempo cobrar una jubilación. Es un buen estímulo para las personas que se sienten bien y quieren seguir siendo útiles para sí mismas, sus familias y la sociedad, que puedan permanecer en la actividad y que difieran su jubilación, teniendo el premio de que cuando se jubilen pueden quedar habilitados para seguir trabajando. Entonces, cobran la jubilación por un lado y pueden ganar su remuneración y seguir aportando a la seguridad social, justamente para darle más oxígeno al sistema.

El borrador del proyecto de LUC tiene una idea similar. ¿Cómo la viste?

Esa parte me parece que está bien, que a determinada edad exista la posibilidad de que la persona pueda acceder a la jubilación y al mismo tiempo quede habilitada al trabajo, pero se deberían manejar con mesura otras posibilidades que tiene la ley, que hablan de la gente menor a 65 años. Esa parte sería mejor dejarla para que sea tratada en la reforma de la seguridad social. No sería bueno aprobar algo que luego tenga que ser nuevamente modificado en la reforma de la seguridad social.

¿Qué puntos podrían haber estado en el anteproyecto y no están?

Ya que tiene un capítulo sobre medicamentos de alto costo, me gustaría que recogiera una iniciativa que tuve en febrero de 2018, relacionada con los bienes decomisados al narcotráfico y lavado de activos: que 50% de los valores de esos bienes pasen al Fondo Nacional de Recursos para poder financiar medicamentos de alto costo y procedimientos de medicina altamente especializada. Lo voy a plantear en el seno del PC para que lo puedan estudiar y eventualmente trasladar al gobierno electo.

Estoy de acuerdo con la derogación de la obligatoriedad. El PC peleó mucho por eso. Creo que no darles la libertad a las personas ha terminado perjudicando muchas actividades económicas. Si la ley es tan buena como dice el FA, le tendría que dar la posibilidad a la gente para que opte por estar incluida en el sistema financiero o estar por fuera, con los medios tradicionales de pago. Si era tan buena con los estímulos de descuentos de impuestos, aquellos que entiendan que eso es bueno, que estén dentro del sistema; y los que entiendan que eso no es suficiente como para poder equilibrar, que se les complica la operativa diaria, que puedan estar con los medios tradicionales, como estuvo Uruguay hasta 2014. Y el proyecto de LUC justamente no deroga las normas que tienen que ver con la lucha contra el lavado de activos. Van a seguir existiendo controles por parte del Banco Central y los distintos agentes, como pueden ser los bancos.

Entonces, ¿decís que nadie va a poder andar por ahí con un maletín con un millón de dólares para lavar dinero?

Obviamente que si hay sospechas se van a tener que hacer los contralores para denunciar esa situación y para que esos negocios no terminen legitimados. Los políticos y los especialistas en la materia nos tenemos que sentar y afinar las cosas que haya que afinar. El concepto principal que trae la ley, que es la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera, sobre todo en el cobro de remuneraciones, es una cosa positiva.

¿Para el próximo período legislativo tenés pensado algún proyecto nuevo?

Tengo nuevos, pero hay un proyecto que presenté que no entiendo por qué no es tratado. Establece que si cargos políticos y de particular confianza cometen determinados ilícitos, como delitos de corrupción, pierden el derecho al subsidio. Si se designó a personas para que administraran de buena manera los recursos públicos y luego no actuaron como tendrían que haberlo hecho, que después no tengan el premio de poder recibir un subsidio cuando dejan ese cargo. Es una cosa de lógica que, lamentablemente, en la legislatura que está cerrando el FA no lo quiso tratar.

¿Ese proyecto lo pensaste con nombre y apellido?

Obviamente que hubo un caso resonante, el del ex vicepresidente Raúl Sendic. Me parecía realmente un atropello que una persona por lo pronto procesada por delitos de abuso de funciones y de peculado pudiera cobrar el subsidio. La sociedad no tiene por qué indemnizar a un cargo político de particular confianza que hizo las cosas mal y que cometió delitos.

En cuanto a los proyectos de futuro: en este tiempo me estuve dedicando a los temas de legislación electoral. Creo que sería muy bueno que se permitiera el voto cruzado entre la elección departamental y municipal. Es decir, que puedas votar a un candidato a la intendencia y a ediles de un partido político, y a un candidato a alcalde y concejales de otro partido. No entiendo a aquellos que se oponen a la posibilidad de que la gente tenga más libertad y que pueda elegir, en el caso de los municipios, a los vecinos que conocen de toda la vida y que los pueden representar de la mejor manera posible.

La diputada electa del PC María Eugenia Roselló, del sector Ciudadanos, liderado por Ernesto Talvi, está estudiando presentar un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a seis horas. ¿Qué te parece?

Es un tema muy profundo que hay que estudiar con mucha evidencia, tanto internacional como nacional. Entiendo el buen espíritu de la iniciativa, pero creo que en determinadas actividades eso no es posible, porque aquí estamos hablando de fijar el límite de la jornada en seis horas para todo el mundo. Es bueno que en determinadas actividades por convenio colectivo se haya llegado a acuerdos para ir a las seis horas, pero porque la actividad realmente lo ameritaba y lo permitía, pero en la actualidad no hay condiciones para hacer una norma general para todas las actividades. Yo iría a la posibilidad de estudiar un sistema más flexible, obviamente, no como una regla para todas las actividades. Me inclinaría por estudiar la posibilidad de recargar el trabajo en determinados días de la semana y dar la posibilidad de librar, por ejemplo, medio día, aparte del fin de semana, para algunas actividades.

¿En qué actividades no se podría bajar la jornada a seis horas?

En la que estén en régimen de competencia tanto interna como a nivel internacional. Si estamos tratando de que nuestros productos ingresen a determinados mercados con un costo no tan elevado, justamente para poder competir, al bajar a seis horas, se va a necesitar mayor cantidad de mano de obra para poder lograr determinadas entregas, y eso va a subir mucho los costos para la empresas. Eso puede provocar que no seamos competitivos a nivel internacional, y nosotros queremos que Uruguay se pueda abrir al mundo y pueda comerciar e introducir sus productos en la mayor cantidad de mercados posibles.

¿Cómo analizás el actual rol de Sanguinetti en el PC y la coalición?

Lo que hizo todo este tiempo es ayudar y contribuir de forma decisiva a que el PC tuviera un rol importante en la coalición y que se diera esa imagen de que podía haber un cambio de gobierno. Sanguinetti está jugando un rol muy importante dentro del PC, de reorganización interna y de articulación dentro de la coalición. ¿Quién no va a escuchar la opinión de Sanguinetti dentro de la coalición? Todos sabemos que la coalición tiene una garantía de estabilidad por la presencia de Sanguinetti.