Este martes a las 10.00 de la mañana el presidente electo Luis Lacalle Pou y el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, tendrán la primera reunión tras las elecciones con integrantes del PIT-CNT. Más tarde, a las 12.00, el presidente electo recibirá a Un Solo Uruguay.
El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo a la diaria que la derogación del decreto de ocupaciones no será una prioridad de los trabajadores, ya que la diferencia “no se va a resolver con la derogación del decreto, porque antes de él en Uruguay había ocupaciones”. Pereira contó que a él le tocó discutir con Guillermo Stirling -ministro del Interior entre 1998 y 2004- durante varias desocupaciones. “Habrá que ver cuál es el camino, pero [las diferencias] responden más a cuestiones ideológicas que prácticas”, agregó.
Lo que sí estará sobre la mesa es la organización de la negociación colectiva. “Han surgido algunas alarmas como, por ejemplo, la regionalización de los Consejos de Salarios. Si uno mira el promedio de ingreso por hogares es de 64.000 pesos, pero si se discrimina entre el interior y Montevideo, en Montevideo anda en el entorno de 72.000 y en el interior 52.000 pesos. Seguir ampliando esa brecha no parecería una señal adecuada”, dijo Pereira.
El sindicalista calificó como riesgoso que se pretenda negociar de acuerdo al tamaño de la empresa porque, “no necesariamente una empresa de pequeño tamaño tiene rentabilidad baja. El mecanismo del descuelgue parece ser el más adecuado”. En el caso en el que una empresa no pueda hacer frente al laudo, y lo pueda demostrar, en los consejos “tiene hoy todas las posibilidades de descolgarse”.
De todas formas, Pereira considera positiva la designación de Mieres en la cartera de Trabajo y a Álvaro Delgado en la secretaría de Presidencia. Sobre Delgado dijo que es una persona que “ha ido a los actos del PIT-CNT, que ha escuchado la posición de los trabajadores, nos conoce y lo conocemos. En la discrepancia o la concordancia hemos tenido un vínculo muy respetuoso, lo mismo que con [Pablo] Mieres. Lo que no podemos hacer en Uruguay es hacer de cuenta que nos conocimos ayer”, dijo.
Sobre la campaña y la posición del PIT-CNT a favor del Frente Amplio (FA) aseguró que los gobiernos fueron los que tuvieron “los oídos más abiertos”. “Las cosas se lograron porque hubo lucha sindical, eso no quiere decir que esto no pueda pasar con el gobierno de Lacalle Pou”, aunque aseguró que “colocarse de forma neutral en la relación capital- trabajo no parece ser la forma de equilibrar los vínculos”. Además dijo que los sindicalistas sólo podían hacer una comparación con “los gobiernos neoliberales de los noventa, con Lacalle padre, Sanguinetti y Batlle. Eso no quiere decir que Luis Lacalle Pou tenga que cargar con el gobierno del padre, nadie tiene que cargar con las cosas buenas ni malas [de los padres], en todo caso su gobierno hablará por sí mismo”.
Los sindicatos y el poder
El domingo, el empresario agropecuario Gerardo Zambrano dio una entrevista al diario El País en la que decía que “el tema sindical va a ser uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Los sindicatos han tomado el poder, han tenido privilegios de los dirigentes”. Además, aseguró que existe una batalla con los sindicatos “que hay que dar y ganar, porque es imprescindible para ordenar la casa”.
Estas declaraciones molestaron a Pereira, que contestó a través de su cuenta en Facebook, asegurando que Zambrano “destila veneno” y encarna la teoría de que el mejor sindicato es el que no existe. “Creo muy difícil que Luis Lacalle y Pablo Mieres, presidente electo y ministro de Trabajo designado,tengan de referencia en los temas del trabajo a Gerardo Zambrano”, escribió.
“El movimiento sindical que se pretende debilitar es el que logró las ocho horas del trabajador rural, la negociación en el sector doméstico, la ley de responsabilidad penal empresarial, la ley de empleo para personas con discapacidad, priorizó en lo salarial a los sectores más postergados”, dijo.
Pereira destacó que en 2018 hubo 12 ocupaciones sobre 100.000 empresas, “es decir, hay que llenar el Parque Viera para encontrar un empresario cuya empresa haya sido ocupada, y casi nunca están en esa lista empresarios que priorizan la negociación, más bien están los que piensan como Zambrano que hay que dar una batalla contra el sindicato para ordenar la casa”.
“En el Estado hay problemas de personal”
Por su parte, Joselo López, integrante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo a la diaria que el presidente electo se comprometió antes de las elecciones a reunirse con ellos, pero aún están esperando la confirmación.
“Estamos con una incertidumbre importante” por los anuncios que el nacionalista hizo durante la campaña, dijo. “Se dijeron muchas cosas y ahora a algunas de ellas no se les está dando el mismo ímpetu, de todas maneras está en el programa y es importante poder tener conocimiento de lo que va a hacer el Poder Ejecutivo”, dijo.
Antes de ser electo presidente, Lacalle Pou y su equipo de asesores planteaban la necesidad de abatir el déficit ahorrando 900 millones de dólares al año; de estos, 100 millones provendrían de no reponer el 21% de las vacantes en el sector público, excluyendo a los trabajadores de la salud, la educación y la seguridad. “Hemos estudiado esos números y no hay manera de poder generar un ahorro de esas características”, dijo López y estimó que sólo se podría hacer ese ajuste recortando políticas sociales.
Con relación a la reposición de funcionarios afirmó que prácticamente es imposible generar ese ahorro sin tocar a los trabajadores de la educación, la salud y la seguridad. “Hoy en el Estado hay problemas de personal, sobre todos en los lugares de contralor y fiscalización como puede ser la Aduana o los pasos de frontera. Si allí no se renuevan vacantes nuestro país va a estar más complicado en los controles, por ejemplo, del narcotráfico”. López dijo que el sindicato de Aduanas ha denunciado que “hay espacios de frontera secos sin turnos, que están liberados porque no hay personal para cubrirlos”.
Sobre las consecuencias en el desempleo dijo que serán casi 5.000 puestos de trabajo menos al año. “Estamos hablando de 25.000 funcionarios menos en cinco años, esto claramente va a impactar en las cifras de empleo”, dijo.