La semana pasada las voces que pedían aumentar la presencialidad en las escuelas públicas confluyeron, el tema se puso en agenda y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió retomar la obligatoriedad en los centros educativos. Además, solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que evalúe flexibilizar el distanciamiento físico para frenar el contagio de coronavirus, que actualmente según el protocolo sanitario debe ser de 1,5 metros, para disminuirlo y permitir que entren más estudiantes por salón, incorporando otras medidas como el uso de tapabocas por parte de los estudiantes o mayor ventilación.

Pero todo ese impulso quedó detenido a raíz de la evolución de la pandemia en los últimos días, e incluso en la ciudad de Rivera se tomaron medidas en contra de esta tendencia: primero se resolvió que la asistencia a los centros dejara de ser obligatoria y volviera a ser voluntaria, y el jueves se resolvió la suspensión de las clases presenciales por dos semanas en la ciudad norteña.

En la tarde del jueves el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP recibió, junto a los consejos de educación, a una delegación del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que el miércoles 15 convocó a una manifestación en la plaza Varela en reclamo de un aumento de la presencialidad, ya que en la mayoría de las escuelas públicas los niños concurren dos o tres veces por semana.

En el encuentro las familias reiteraron algunas de las propuestas que ha presentado el director del Institut Pasteur, Carlos Batthyány, que incluso puso a disposición el equipo de investigadores para aumentar los testeos en las escuelas en estos últimos meses del año. El presidente del Codicen, Robert Silva, respondió que comparte muchas de las medidas propuestas y manifestó que ya fueron presentadas ante el MSP, del que depende la decisión final.

La suspensión de las clases presenciales en Rivera no estuvo sobre la mesa en el encuentro, que fue previo a la conferencia de prensa en la que el presidente Luis Lacalle Pou hizo los anuncios, pero para el colectivo la medida no es una buena señal. “Se corta por el lado más fino, porque la responsabilidad del aumento de contagios no está relacionada con ir a la escuela”, apuntó Natalia Cámara, una de las madres que integra el colectivo y que participó en la reunión.

En el encuentro el consejero Juan Gabito les mostró a los representantes del colectivo una nota de Canal 4 en la que un grupo de padres reclamaba que la asistencia no fuera obligatoria por el riesgo que corren sus hijos, ante lo que el colectivo plantea que se debe divulgar más información. “A la campaña del miedo y de la parálisis hay que rebatirla con más información”, señaló Cámara, y pidió que se den más datos respecto de cómo fue la cadena de contagios en ciudades como Rivera.

Planificación y presupuesto

En la reunión los representantes de las familias contaron los orígenes del colectivo, y plantearon varios temas. El primero fue la preocupación por lograr la participación de las familias en las escuelas, a través de la revisión e implementación del formato de los consejos de participación previstos en la Ley General de Educación de 2008, aspecto que consideran “fundacional” del colectivo.

Con relación a la escuela en pandemia, insistieron con la preocupación por el aumento de las brechas educativas y las situaciones de los niños con mayor vulnerabilidad. “[Hablamos sobre] la necesidad de recuperar a los gurises que están desvinculados, de recuperar horas perdidas y de cómo se está pensando el último bimestre de este año y el comienzo de 2021, ya que no teníamos señales claras de la autoridad educativa en ese sentido”, afirmó Cámara.

También hicieron hincapié en “la contundencia de la academia con relación a que los niños están sufriendo más no yendo a la escuela, de la baja prevalencia de contagio en niños y que no contagian, que ellos no están en una burbuja sanitaria porque están en contacto con adultos que van a trabajar y en que la salud es un concepto biopsicoemocional; los niños no están pasando bien, hay situaciones de violencia, abuso, aislamiento”, dijo Cámara.

Respecto del plan para reforzar los aprendizajes, el Codicen se refirió a la reformulación de Verano Educativo, con énfasis para sexto año y con capacidad para atender a unos 12.000 niños en enero.

Las familias también plantearon la incertidumbre que se generó en muchas escuelas en relación con los comedores y la alimentación escolar, ante lo que Silva fue “muy enfático en que no están planteados recortes para la alimentación”. Agregó que las declaraciones juradas que llegaron a muchas familias son instrumentos elaborados en 2014 para “ordenar la situación de los niños, si van a ir a comer o no”.

Pero ante planteos del colectivo reconocieron que “había un problema de comunicación en cuanto a las definiciones y lineamientos, en cómo iban bajando en las escuelas e inspecciones, y que empezaba a haber un montón de ruidos en cómo interpretan las normativas y las transmiten a las familias”, dijo Cámara. La consejera de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, pidió que se le hicieran llegar en forma directa las situaciones irregulares que identifican.

Por último, los padres también consultaron “cómo se iban a cumplir los lineamientos estratégicos en el quinquenio con un presupuesto menor”, advirtiendo que el Parlamento no otorgó los recursos que solicitó la ANEP en el presupuesto nacional, tomando en cuenta que, con la pandemia “se precisan recursos excepcionales” para trabajar “con los desvinculados, con la recuperación pedagógica académica, con más horas y más equipos especializados”.