Si bien la abrumadora mayoría de los chilenos confirmaron con su voto que quieren tener una nueva constitución, resta mucho por saber acerca de cómo se conformará la convención constituyente que se designará para esa tarea y, más aún, cuáles serán los contenidos de la futura carta magna del país.

De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el Servicio Electoral, la del domingo fue la mayor votación en números absolutos de la historia chilena. En total fueron 7.562.173 los electores, lo que significa un porcentaje de 50,90% del padrón electoral. Cabe señalar que en Chile el voto no es obligatorio. De los emitidos, 78,27% se manifestó a favor de redactar una nueva constitución y apenas 21,73% lo hizo en contra. Además, 79% de quienes votaron se inclinaron por que una convención constitucional sea que la encargada de redactar el nuevo texto. Los 155 integrantes de este órgano serán elegidos en las elecciones municipales y de gobernadores que se realizarán en abril del año que viene.

Las reacciones tras el contundente triunfo de la opción Apruebo fueron muchas. Salvo los sectores de derecha, que estaban decididamente firmes en su postura de mantener vigente la vieja constitución, todo el arco político chileno tomó la victoria como propia, aunque está claro que algunos ganaron más que otros.

El presidente Sebastián Piñera, quien en principio no estuvo de acuerdo con la realización del plebiscito, poco a poco fue cambiando su postura y en la noche del domingo intentó, sin mucho éxito, capitalizar como un mérito propio el rotundo mensaje dado por la ciudadanía. En realidad, algunos creen que las elecciones del domingo terminaron de poner fin al gobierno de Piñera, cuya coalición Chile Vamos votó en forma dividida en la consulta popular. Si bien el mandato del actual presidente dura hasta marzo de 2022, expertos consideran que el enorme desgaste sufrido por el Ejecutivo desde el estallido social de octubre del año pasado y que continuó con la pandemia de coronavirus dejó al gobierno sin agenda de futuro alguna.

Según Mario Herrera, politólogo y académico de la Universidad de Talca, la puesta en escena triunfal de Piñera pretende ser su “legado presidencial”, es decir, que él es “el presidente de la nueva constitución, en circunstancia en que él no manifestó posición”. “La verdad es que está en una situación un poco extraña, porque Piñera trata de ganar aprobación presidencial mediante el Apruebo, pero él nunca estuvo a favor, o nunca lo manifestó de manera pública. Y los partidos de su gobierno estaban divididos en torno a esto. No tiene cómo cosechar apoyo electoral con esto”, afirmó Herrera, entrevistado por la revista chilena The Clinic. El académico agregó que con los resultados del plebiscito “el gobierno de Piñera propiamente tal ya se terminó. Las ideas de Piñera ya se acabaron”.

Una opinión similar vertió Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entrevistado por la BBC. El jurista expresó que, a partir del plebiscito, el Ejecutivo de Piñera es un “pato cojo”, un gobierno destinado a administrar su final. Por otra parte, Ruiz-Tagle mostró sus reparos en cuanto al cambio que puede representar en el poder la conformación de la futura convención constitucional. “El haber optado por una convención constitucional no representa per se un cambio en la distribución del poder. La convención constitucional es un órgano representativo, y por eso debemos esperar la elección de sus integrantes en abril de 2021 para ver si la distribución de fuerzas políticas que hoy existe se renueva en esa elección”, afirmó.

El insoslayable papel de las elites

En una de las múltiples reacciones a nivel político que tuvo el plebiscito, el diputado socialista Jaime Naranjo expresó en su cuenta de Twitter: “Este triunfo les pertenece a los jóvenes de la primera línea. Aquellos que nunca dejaron de marchar y ocupar las calles y se manifestaron pacíficamente. Aquellos que pagaron con su vida o bien sufrieron mutilaciones. Sobre la roca firme que ustedes representan se escribirá la nueva constitución”.

Por su parte el abogado constitucionalista Fernando Atria, quien pertenece al partido Fuerza Común, que está dentro del Frente Amplio, un sector que nuclea a varios partidos de la izquierda chilena, analizó la aplastante victoria de la opción Apruebo en el plebiscito y puso foco en la excepcionalísima victoria del Rechazo en las tres comunas más acomodadas del país, situadas en el este de la región metropolitana de Santiago. En declaraciones a Radio Cooperativa, Atria dijo que “los resultados de ayer nos muestran, del modo más claro posible, cuáles son los intereses que esta constitución [la actual] protege: los intereses de las personas que viven en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes”, zonas que son habitadas en su enorme mayoría por integrantes de la elite de la población chilena.

Precisamente el tema de las elites es uno de los tocó Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política por la estadounidense Universidad de Carolina del Norte y profesor de la escuela de gobierno de la Universidad Católica, en una entrevista con The Clinic previa al plebiscito. No sin escepticismo, Luna dijo que “el proceso constituyente es una salida deseable, necesaria, pero no es una salida suficiente ni mágica. Una parte de la sociedad tiene la legitimidad, pero no tiene el poder. Ese es el movimiento social. Por otro lado, tienes a otra parte de la sociedad que tiene el poder, tiene los cargos, pero no tiene legitimidad. Entonces, me parece que estamos apostando muy rápidamente al proceso constituyente como un camino institucional que dotará al poder de una nueva legitimidad”.

Luna remarcó que, en el marco de la nueva constitución, los sectores empresariales tendrán un rol por demás relevante. “Me parece que son bien irresponsables en el siguiente sentido: le piden a la política que les genere condiciones para la inversión y para el crecimiento, pero durante muchos años no se hicieron cargo de las inequidades ni de los problemas que generaba el modelo de crecimiento. Entonces, hoy le reclaman a la política cosas que la política no puede dar. Porque la política se desfondó”, expresó el académico.

Según Luna, dentro de la discusión sobre la nueva constitución hay que ir un poco más allá y plantear la necesidad de un nuevo proyecto de sociedad. Al respecto, dijo: “La elite, los grupos económicos, tienen que entender que el modelo –tal y como funcionaba– ya no volverá a funcionar. Aquí hay claves individuales que considerar, como lo son la frustración y el enojo. Se fue articulando una rabia en contra del sistema político y de las empresas. Son vistos como una coalición del abuso. A partir del 18 de octubre, se consolida la idea de que la única forma de que ese sistema, esa “coalición del abuso” reaccione es cuando sales a la calle a romperlo todo y le generas costos al modelo. Es decir, hacen que el modelo deje de funcionar por la fuerza. Eso ya ha empezado a suceder, y temo que seguirá ocurriendo. Por eso la urgencia por abrir una conversación en serio”.

Al respecto se expresó Bernardo Larraín Matte, presidente de una de las entidades patronales más importantes de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). El dirigente empresarial, en diálogo con Radio Cooperativa, instó a sus pares empresariales y del mundo económico a hacer una autocrítica sobre su actuación y a ser protagonistas del debate de los contenidos para el proceso que se iniciará en el país para elaborar una nueva constitución. Tras el contundente triunfo del Apruebo, “viene una discusión constitucional en la que, afortunadamente, en la Sofofa estamos activos desde hace mucho tiempo”, dijo. Larraín adelantó que, a diferencia de la postura de las entidades empresariales antes del plebiscito, de “prescindencia respecto de las opciones”, en esta nueva etapa “vamos a ser muy activos y cero prescindentes en el debate de contenidos”. El objetivo es ser un aporte en el proceso para “sentar las bases del proyecto país de los próximos 30 años”.

La cuestión indígena

Desde el estallido social del año pasado, la bandera representativa de la comunidad mapuche ha sido uno de los emblemas que se pudieron ver en todas y cada una de las manifestaciones que se registraron en todo el país, aun con mayor presencia que la propia bandera chilena. Sin duda, los pueblos originarios que habitan Chile son uno de los sectores más relegados de la sociedad, por lo que su participación dentro de la convención constitucional es otra de las cuestiones que deberán ser abordadas.

Días antes del plebiscito, en diálogo con la radio de la Universidad de Chile, Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, manifestó su preocupación al respecto.

Reinao, quien es jefe comunal de Renaico, una localidad ubicada en la región de La Araucanía, en la zona sur del país, dijo la semana pasada, luego de una reunión con representantes sociales, que es preocupante la poca voluntad de los partidos políticos para avanzar en la materia, y exigió que la representación de los pueblos indígenas en la convención sea proporcional a su población en el total del país, de 12,8%. “Hoy vemos con mucha preocupación el que los partidos políticos no quieran avanzar en entregarnos o legislar sobre los pueblos originarios, pero además creo que la clase política de nuestro país, a lo largo de la historia, siempre nos ha excluido, no nos ha querido dar espacio de participación, y [nos ha dado] menos espacios de poder para poder discutir la existencia de los pueblos originarios. Como es de conocimiento público, en el último censo, de 2017, nosotros somos 12,8%, somos más de dos millones de personas que no existimos en la constitución, por tanto, yo creo que el Estado tiene una serie de deudas con los pueblos originarios, y una de ellas es la representación política”, expresó.

El dirigente agregó que existe una deuda histórica con los pueblos indígenas, y la redacción de la futura Constitución es una oportunidad para enmendarla. “Los parlamentarios tienen una obligación moral de generar los espacios para la participación de los pueblos originarios”, concluyó.