Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hay demandas al actual gobierno nacional que no tienen que ver con desmantelamientos o recortes de lo que se había hecho en los anteriores, sino con asuntos que el Frente Amplio (FA) no había resuelto o había mantenido en veremos. En estos casos, al igual que en los vinculados con problemas nuevos (por ejemplo, los que trajo consigo la emergencia sanitaria) sería muy conveniente que los debates no se ubicaran de antemano en un marco de polarización entre oficialistas y opositores, sino que se asumieran como búsquedas colectivas de soluciones para necesidades del país.

La ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género, aprobada en 2017, es ambiciosa y avanzada, pero su implementación no había contado con los recursos necesarios. Esto es en parte responsabilidad del FA, por supuesto, pero también de quienes antes eran opositores, porque no aportaron propuestas en su momento para mejorar la situación.

La versión original del proyecto de presupuesto no implicaba avances en este sentido, y un proceso de negociación posterior, en el que tuvo importante incidencia la vicepresidenta Beatriz Argimón, trajo sin duda mejoras, aunque en algunos casos (por ejemplo, en lo referido a la creación de tres juzgados especializados en violencia de género fuera de Montevideo, no se ha definido de dónde vendrá el dinero.

Por otra parte, en la versión actual del articulado no está contemplado que comiencen a funcionar los “juzgados multimateria” previstos en la ley de 2017, que los denominó “juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual”. La idea es que abarquen todos los procesos vinculados con la violencia de género para lograr soluciones integrales en forma eficiente, evitando que distintas partes del mismo problema deban ser tratadas en sedes judiciales diferentes.

En el Senado, discrepancias internas de la “coalición multicolor” determinan ahora que no se concrete la eliminación de tales juzgados, pero esto dista mucho, por supuesto, de resolver la cuestión de fondo. Y aquí la responsabilidad no es sólo del actual oficialismo, sino del conjunto del sistema partidario.

Tampoco hay soluciones claras para otros problemas del presupuesto, aunque el oficialismo acordó reasignaciones de recursos que no convencen del todo a la oposición. A la vez, la muy controvertida cuestión de la recuperación de pérdidas salariales en el sector público sigue sin respuesta.

Mientras tanto, los datos sobre covid-19 del Sistema Nacional de Emergencias siguen en sus tendencias de los últimos días. Ayer hubo 118 casos nuevos y el total de personas cursando la enfermedad alcanzó un total de 992. En esta materia, sin duda es una ventaja comparativa uruguaya que la oposición no haya instalado controversias sanitarias en términos partidistas, como ocurre en muchos otros países, pero lamentablemente esto no es acompañado por una actitud abierta a la cooperación por parte del Poder Ejecutivo, que ante muchas propuestas se ha limitado a escuchar sin dar siquiera respuesta.

No es tarde para entablar un verdadero diálogo nacional al respecto, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo.

Hasta mañana.