Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La política se basa en la premisa de que no conviene tratar de resolver los problemas a garrotazos. La noción del “interés general” se construye en cada situación, pero por lo general significa renunciar a dos ilusiones extremas: la de que todas las partes en conflicto van a quedar conformes; y la de que es viable el triunfo total y definitivo de una de ellas.

La cuestión del nuevo Mercado Modelo ha sido un ejemplo. El primer intento de una parte del oficialismo (hay que decir “una parte”, porque no todos los dirigentes oficialistas conocían de antemano la fórmula que se incluyó en el proyecto de presupuesto) buscó que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) se apoderara del proyecto de Unidad Agroalimentaria, desalojando de su conducción a la Intendencia de Montevideo (IM). Desde esta se retrucó con una movida que dejaba al Ejecutivo sin nada, y comenzó el tiempo de la negociación política.

Ahora la intendenta electa Carolina Cosse puso sobre la mesa una fórmula que implica compartir la conducción, con la IM en la presidencia y el MGAP en la secretaría general, y dentro de la “coalición multicolor” hay ambiente para aceptarla. En la campaña para las departamentales, el relato de los opositores a Cosse enfatizó que sólo se podía esperar de ella radicalización e intransigencia, y es de interés general que las simplificaciones preelectorales vayan quedando atrás.

La reforma de la seguridad social, que comienza a tratarse en un grupo de expertos, es otro ejemplo típico de los problemas en los que hay que discutir y, si es posible, acordar qué resulta mejor para el interés general. La reforma anterior, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, buscó resolver riesgos de desequilibrio similares a los que están planteados actualmente. Se idearon fórmulas heterodoxas, más que discutibles en el terreno doctrinario: el Estado obligó a muchas personas a mantener ahorros individuales en instituciones privadas, y les impuso a estas la obligación de confiarle buena parte de tales ahorros.

Los límites de ese dispositivo están a la vista, y otra vez hay que buscar el modo de resolver conflictos, entre diversos intereses particulares y los del propio Estado.

El “corralito mutual” es un ejemplo más. Por un lado, están los intereses de los usuarios y su derecho a elegir; por otro, el interés de las instituciones prestadoras de servicios, que pueden descalabrarse en un mercado libre con vaivenes bruscos. El papel deseable del Estado es articular, en aras del interés general, una normativa que no implique grandes perjuicios para nadie.

Cuando una multinacional presenta una demanda multimillonaria contra Uruguay, resulta muy sencillo identificar cuál es el interés general. Es por eso que la divulgación de las intervenciones de Isaac Alfie en el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo coloca al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en una posición muy comprometida. Sobre todo porque ocurrieron cuando ya se sabía que iba a ocupar ese cargo, y porque Alfie aseguró que se había limitado a exponer sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones”.

Hasta el lunes.