Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El informe de ayer sobre casos de covid-19 no fue tan impactante como el del día anterior, pero los motivos de honda preocupación permanecen. El debate sobre los pros y contras de imponer fuertes restricciones a la circulación de las personas está instalado en la sociedad y se procesa también dentro del Poder Ejecutivo. El resultado de las deliberaciones en curso entre representantes del gobierno nacional y especialistas será anunciado este jueves.

Según señalaron participantes en la discusión consultados por la diaria, es evidente que la velocidad de propagación del virus ha aumentado, y que esto plantea riesgos ciertos de una mayor aceleración. Entre las causas se destaca el incremento de la circulación de las personas, que suma contactos previos de los casos nuevos y complica las tareas de rastreo, con fines de prevención, de posibles contagios, como explica Rafael Radi en una entrevista que publicamos hoy.

Lo antedicho fortalece la idea de que es preciso limitar, mucho y cuanto antes, la movilidad social, con medidas a las que se les podrá dar un nombre u otro, pero que serían algo muy parecido a una amplia cuarentena obligatoria. La cuestión es que están también en juego otras variables de suma importancia, porque la restricción drástica de las actividades implicaría grandes costos económicos y sociales, y el Poder Ejecutivo mantiene su reticencia a incrementar los subsidios y otras políticas sociales para disminuir esos costos.

Los términos del problema no son nuevos: ya estaban planteados en marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria. Desde entonces se han desarrollado mucho las capacidades del país para hacer frente a las consecuencias directas e indirectas de la pandemia, a partir de fortalezas previas, y se ha acercado el horizonte de la disponibilidad de vacunas, pero también se han acumulado perjuicios en muchas áreas.

Una de estas áreas es, sin duda, la educación. Sin quitar valor a los esfuerzos realizados para reducir daños, es obvio que este año termina con déficit en la cantidad y la calidad de los aprendizajes, no sólo en lo referido estrictamente a las asignaturas, sino también en la dimensión más amplia de la formación mediante interacciones personales. Por eso el grupo Familias Organizadas de la Escuela Pública insiste en que la asistencia voluntaria a clases presenciales ha sido un error costoso, y reclama que se defina cuanto antes cuál es el plan para el año que viene. Señalan, además, que el manejo de la problemática educativa durante la emergencia sanitaria reiteró una escasa apertura a la participación de las familias y del alumnado.

Mientras tanto, a la hora de evaluar el efecto de las medidas que adoptó el 1º de diciembre el Poder Ejecutivo, con miras a contener la propagación de la covid-19, no estará de más empezar por ver en qué medida se cumplieron. Nuestras averiguaciones acerca del regreso al teletrabajo en las dependencias del Estado sugieren que, en varias de ellas, no cambió mucho la situación anterior a esas disposiciones gubernamentales.

Hasta mañana.