El 1º de marzo asumirá un nuevo gobierno. Un gobierno que promete cambiar, luego de 15 años de Frente Amplio (FA).

Durante la campaña electoral, el presidente electo reafirmó su discurso sobre la necesidad de recortar el gasto público y terminar con el despilfarro. En abril de 2019 acusaba a integrantes del FA de “reyes del despilfarro” y decía que, si le tocaba gobernar, la prioridad sería “tapar a los que tienen más frío primero”, ya que de eso se trata la verdadera “justicia social”. En otro acto sostenía que había que “ponerle coto a la desprolijidad administrativa” y “terminar con el despilfarro”.

Una de las novedades, fiel a la tradición anterior a las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica, es su mudanza a la residencia de Suárez y Reyes. Entiendo que se trata de una decisión legítima y razonable que él mismo ha fundado en la practicidad y proximidad, debido a que su casa está en el departamento de Canelones. Es natural –y hasta deseable– que un primer mandatario pueda integrar en un mismo espacio la dedicación exclusiva al servicio público con su vida afectiva, algo que su esposa, Lorena Ponce de León, ha declarado públicamente y que fue parte de la reorganización familiar.1 También son innegables las medidas de seguridad y protocolo necesarias para un presidente y su familia. No cualquier lugar es idóneo, y siempre se suman costos que asume la administración. Fue el caso de José Pepe Mujica, cuando hubo que prever las reformas necesarias en su chacra en Rincón del Cerro.

Mi reflexión no va en la dirección de cuestionar ni referir al fondo de la decisión, aunque no es posible soslayar el simbolismo al que la familia Lacalle ha hecho referencia en más de una oportunidad. La ciudadanía eligió a quien es, además, hijo de un ex presidente, que rememora su tiempo pasado. Decide mudarse por la legitimidad democrática de las urnas, y no por derecho divino o hereditario. Y no es un caso aislado en nuestro continente, sino todo lo contrario.

Frente a esta decisión, en un nuevo contexto, la sociedad tiene el interés y el deber de formularse nuevas preguntas. Tenemos el desafío permanente –todos los partidos lo tienen como actores centrales del sistema– de mejorar la calidad democrática. Eso requiere seguir escapando de las lógicas patrimonialistas propias de la época feudal en la que el gobernante actuaba con ánimo de dueño y no como un servidor público con fecha de vencimiento. Esto, lamentablemente, sigue generando tantos dolores de cabeza en América Latina.

Algo hace ruido en este tema, más allá de la cuestión simbólica o el retorno de la tradición de los gobiernos de derecha, legítimo, razonable y discutible.

En un pasaje de la autobiografía de Michelle Obama, un dato me sorprendió. A mitad de la página 378, dice: “[...] Durante los primeros meses en la Casa Blanca sentí la necesidad de andarme con ojo en todo momento. Una de mis primeras lecciones fue que podía salir relativamente caro vivir allí [...] Todos los meses recibíamos una factura glosada que incluía hasta el último producto alimentario y rollo de papel higiénico. Pagábamos por cada invitado que pasaba la noche o comía con nosotros [...]”.2 Me puse a explorar si existía alguna previsión sobre el funcionamiento de la Casa Blanca y, en particular, acerca de la delimitación de los gastos privados del presidente y su familia por oposición a los oficiales, así como quién pagaba cada tipo de gasto y cómo lo hacía. Resulta que existe un “Memorándum sobre la organización financiera de la primera familia”,3 de 2008, elaborado en la transición al asumir la primera presidencia Barack Obama. Son tres carillas en las que queda meridianamente clara la línea institucional que separa los gastos correspondientes a la familia del presidente y los derivados de su vida privada. Los que resultan de su vida personal deben ser reembolsados o cubiertos con recursos propios, pues son eso, personales. Entran en esta categoría la comida, la bebida, la tintorería, la peluquería, los servicios para reuniones privadas y, específicamente, los viajes. Además, se informa periódicamente al Congreso y es posible conocer cada operación de reembolso, así como identificar el criterio jurídico para clasificar qué gasto es oficial y cuál no lo es.4

En Argentina, en cambio, la Secretaría General de la Presidencia es la responsable de administrar la Quinta de Olivos y, por lo tanto, paga las boletas, que naturalmente se cubren con fondos públicos.5 Lo mismo sucede en las residencias presidenciales brasileñas del Palacio de Alvorada y la Granja do Torto.

¿Y si se legisla creando un canon que abone todo presidente que haga uso del privilegio de vivir en la residencia de Suárez?

En Uruguay, desde la presidencia de Jorge Batlle Ibáñez, la residencia no se utiliza como tal. Quizás ese sea el motivo por el que no nos cuestionamos cómo delimitar institucionalmente gastos privados y gastos públicos en este punto. Vázquez y Mujica no vivieron en la residencia. La decisión de Lacalle, en nuevas circunstancias, es lo que genera ese ruido.

En horas inicia un nuevo gobierno. Llega con fuertes críticas al uso de fondos públicos y promesas en una gestión más transparente y eficiente. Lacalle se muda. Y nosotros nos preguntamos si no será tiempo de dar un paso más en regular claramente el límite institucional entre los gastos privados y públicos. ¿Quién podría estar en desacuerdo?

¿Y si se legisla creando un canon que abone todo presidente que haga uso del privilegio de vivir en la residencia de Suárez? ¿Y si se encomienda a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la elaboración de un memorándum que explicite claramente las reglas de financiamiento de la casa presidencial?

Se ha dicho que el borrador de la ley de urgente consideración (LUC) está abierto a propuestas ajenas a la “coalición multicolor”. Acá va una: un buen gesto. Ejemplarizante y disipador de dudas. Y, quizás, hasta silencia un ruido.

Controlar el gasto empieza por casa, y con urgencia.

Juan Pablo Pío es abogado.


  1. Disponible en: https://www.elobservador.com.uy/nota/lorena-ponce-de-leon-una-primera-dama-a-la-que-su-esposo-le-contagio-la-militancia-2019112323400 [Consulta: 23/2/2020 21 hs.)  

  2. Obama, Michelle Becoming, Penguim Random House, 2018. 

  3. Disponible en: https://presidentialtransition.org/publications/memorandum-on-the-first-familys-financial-arrangements/ [Consulta: 23/2/2020] 

  4. Cicero, Paola y López, Saúl: “Los gastos de la familia presidencial. El espejo de la Casa Blanca”. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=30041#.XkyawawHXVk.whatsapp (Consulta: 23/2/2020 23 hs).  

  5. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/economia/macri-victima-de-su-tarifazo-consume-menos-que-cristina-pero-paga-mas-nid2088778 [Consulta: 22/2/2020 20 hs.]