La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) dio a conocer este martes un documento que recoge las críticas de varias organizaciones sociales sobre la ley de urgente consideración (LUC).

Wilder Tayler, integrante de la INDDHH, dijo a la diaria que el documento “denota tendencias sobre el accionar del próximo gobierno”, y que la INDDHH “tiene planeado comentar sobre algunos artículos del proyecto cuando haya ingresado en las cámaras”.

La institución consultó a más de 30 organizaciones sociales, que plantearon varios reparos. Uno de los principales fue: la ley, al tener carácter de urgente, “restringe la posibilidad de diálogo y debate, y excluye a la comunidad de la discusión”. Además, varias organizaciones criticaron que se trata de una sola norma que incluye una gran variedad de temas: la llamada “ley ómnibus”.

Sobre la seguridad pública, varias organizaciones señalaron su preocupación por el enfoque punitivo del anteproyecto y lo calificaron como “la instalación de un ‘Estado policial’”. Incluso, el Servicio de Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) y Defensa de Niñas y Niños Internacional (sección Uruguay) señalaron que la norma “contraviene compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Además, el colectivo Idas y Vueltas planteó reparos sobre la posibilidad de que “los retirados policiales y militares porten armas y puedan formar parte de la seguridad pública aun en situación de retiro”, y consideró que el contenido de la reforma Vivir sin Miedo “está incluido en gran parte del articulado [...] a pesar de no haber sido aprobada por la ciudadanía”.

Hubo reparos también sobre la eliminación de la obligatoriedad de la inclusión financiera. Colectiva Mujeres e Idas y Vueltas cuestionaron que los cambios “expondrían a las personas en situación de vulnerabilidad a un eventual aumento en la desprotección de derechos, como las contrataciones fuera de la ley y el incumplimiento de laudos”. Como ejemplo, citaron a las personas migrantes y a las empleadas domésticas, “que han logrado más protección laboral con la obligación del pago por medios bancarios”. En el caso de las personas migrantes, aseguraron que la habilitación bancaria les facilita la inserción social.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT expresó preocupación –que fue compartida por delegados de otras organizaciones– por el derecho a la “libre circulación”, dado que el borrador del proyecto “promovería una política estatal de criminalización de la protesta social”, que a su entender “afecta los principios liberales que ponen límites al poder punitivo” frente a las manifestaciones.