“Hemos asesorado en estructuras societarias; ese siempre ha sido nuestro trabajo”, dijo el 10 de marzo de 2017 a la diaria el abogado Óscar Algorta, propietario del estudio jurídico que lleva su apellido. En 2015, el 13er Tribunal Penal Federal de Curitiba, a cargo en aquel entonces del juez Sérgio Moro, inició un proceso en su contra, acusándolo de ser el “cerebro” de una operación de lavado de activos que involucraba al ex director internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, en el marco de la causa denominada “Lava Jato”.

El Ministerio Público Federal de Brasil denunció en aquel momento que “para ocultar el origen y la naturaleza criminal de los valores involucrados en la compra, así como para ocultar la identidad del verdadero dueño de los valores y el inmueble, Cerveró, ayudado por Algorta”, constituyó la compañía Jolmey SA en Uruguay y una subsidiaria en Brasil, también llamada Jolmey, en noviembre de 2008. Algorta alegó ante la Justicia de Brasil que se incluyó como director de la sociedad “con el único propósito de facilitar los trámites”.

En los últimos tres años, la Justicia brasileña ha intentado comunicarse con Algorta sin éxito. Solicitó cooperación internacional y le envió correos electrónicos, que no han recibido respuesta. Lo intimó a que designara un abogado en Brasil para representarlo, pero no tuvo respuesta del profesional y, por lo tanto, en octubre de 2018 fue declarado en rebeldía. Algorta finalmente designó un abogado en Brasil y presentó un hábeas corpus impugnando la imputación. La Justicia brasileña intimó al abogado designado a asumir la defensa del profesional uruguayo, pero según consta en el despacho judicial, pese a ser intimado, el abogado “permaneció en silencio”.

El último despacho judicial en el marco de esta causa está fechado el 7 de febrero de 2020; allí el juez resuelve designar una defensoría de oficio para que represente a Algorta ante tribunales brasileños. “En este caso, no puede hablarse de un cercenamiento del derecho de defensa, ya que se tomaron todas las previsiones para que el acusado constituyese defensor en Brasil”, explica el juez en su decisión.

Consultado al respecto por la diaria, Algorta explicó que su defensa, ejercida por el abogado Jorge Barrera, solicitó la nulidad del juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Algorta recordó que en noviembre de 2017 la Justicia uruguaya archivó la causa que lo involucraba tanto a él como a otros profesionales en el marco del Lava Jato. El Banco Central del Uruguay había denunciado ante la Justicia la posible participación de uruguayos en maniobras de lavado de dinero para ocultar los sobornos que cobraban los directivos de Petrobras. Según informó en aquel momento Búsqueda, la Justicia, a pedido de la Fiscalía, dispuso el archivo de la causa que involucraba a Luis María Piñeyrúa, Óscar Algorta, Eduardo Brande, Jorge Davies y Serrana Casagrande por entender que “de la abundante prueba colectada” no emergieron “elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidades penales”. La Justicia evaluó que no pudo probarse el conocimiento por parte de los acusados del “origen ilícito de los fondos recibidos, transferidos o movilizados”.