Este lunes en la sede de Todos hubo numerosas reuniones del presidente electo, Luis Lacalle Pou, y los futuros jerarcas del gobierno. El designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y el futuro subsecretario, Ignacio Buffa, recibieron a una delegación de las gremiales agropecuarias, que plantearon algunas coincidencias y reparos a las disposiciones contenidas en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) referidas al sector agropecuario.
En el encuentro participaron delegados de la Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA). “Lo que tratamos con prioridad fue la LUC, qué cosas podían estar incluidas y cuáles no”, dijo Uriarte a la prensa al finalizar la reunión con “el campo unido”. El futuro ministro señaló que las gremiales plantearon “varias sugerencias” respecto de los contenidos del anteproyecto de la LUC, pero que “en general ha sido una idea muy bien recibida”.
Además, contó que conversaron sobre “cómo va a encarar el próximo gobierno, en un ambiente en el que la mayoría de los sectores agropecuarios se encuentran con serios problemas; con pérdidas de productores, con falta de rentabilidad”. “En estos últimos tiempos se ha generado una expectativa enorme. Cambiaron la motivación y la esperanza, y es responsabilidad del gobierno responder a esa expectativa”, expresó.
El presidente de la ACA, Alfredo Lago, dijo a la diaria que las gremiales “hicieron una valoración positiva” de la LUC, en particular de los contenidos relacionados con la seguridad. Lago destacó “la mejora en la seguridad rural, una política más firme sobre el abigeato y los hurtos que padecemos en el medio rural”, y modificaciones vinculadas a la “institucionalidad agropecuaria”, con “más protagonismo del sector privado”. No obstante, señaló que en el caso de que se apruebe la ley, los impactos de las medidas son de mediano y largo plazo, y son necesarias medidas “de aplicación inmediata” para acompasar la situación económica de algunos sectores e incrementar la competitividad del sector agroexportador, temas que no están incluidos en la ley. El presidente de la ACA aclaró que no propusieron incluir esos temas en el texto de la ley, pero que “precisan acciones del Poder Ejecutivo [PE] que contemplen la urgencia de ciertos sectores productivos”.
Por su parte, el presidente de la CNFR, Mario Buzzalino, manifestó a la diaria que en su caso plantearon a las futuras autoridades inquietudes vinculadas con las modificaciones al Instituto Nacional de Colonización (INC), pero señaló que “está todo en discusión”. “Nosotros estamos preocupados”, dijo Buzzalino, y prosiguió: “Creemos que es una herramienta que debe mantenerse. El ministerio está de acuerdo, pero están dispuestos a hacer algunos cambios”, remarcó.
El borrador de la LUC introduce dos modificaciones en la legislación del INC, que eliminan la obligatoriedad de habitar el predio para los colonos propietarios y sus familias, y desafectan de la órbita del instituto cerca de 150.000 hectáreas de tierra enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.
Otros reparos de las gremiales se vincularon con que las sociedades anónimas puedan volver a comprar tierras, apuntaron. Buzzalino señaló que este “elemento puede distorsionar los precios de la tierra, haciendo que suban” y que “Uruguay es visto con mucho interés por inversores, pero también por estados”. “Si a esto sumamos la distorsión del mercado por las compras efectuadas por extranjeros y un INC que no cumpla exactamente con sus cometidos, se va por la borda la posibilidad de que los productores familiares puedan acceder a la tierra”, manifestó.
El presidente de la CNFR comentó que las autoridades del nuevo gobierno “tomaron nota de todo” lo que plantearon, y que “quedó claro que todo esto está para conversar y discutir. El futuro ministro asegura que las cosas que están funcionando bien no se van a tocar, pero todavía hay mucha incertidumbre”, planteó Buzzalino, por ejemplo con la designación de los futuros jerarcas en los institutos vinculados al agro y en el Banco República.
Contra la reducción de vacantes en el Estado
En tanto, el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se reunió con representantes en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), y el tema principal de la reunión también fue el texto de la LUC. En una conferencia de prensa, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, explicó que trasladaron al futuro gobierno la preocupación por la reducción de vacantes en el Estado y que la forma en que está redactada “ata de manos al propio gobierno”.
“Nos preocupa que sea una regla de carácter general, que de las vacantes cada tres se llenó sólo una. Nos parece que es una limitación para el propio gobierno, porque hay organismos que ya en los próximos cuatro años van a tener una pérdida de 40% de personal”, dijo López. Además, señaló que la limitación es “mucho más de lo que planteaban algunos de los planes de gobierno, sobre todo el del propio Partido Nacional”. El secretario general dijo que desde el gobierno se les solicitó que presentaran sus inquietudes por escrito y que próximamente tendrán una nueva reunión.
COFE pidió al gobierno electo que incluya en el texto del anteproyecto una aclaración que prohíba al PE reducir el número de funcionarios en áreas como la salud, la educación y la seguridad. El inciso B del artículo 297 del borrador de la LUC plantea que, previa consulta con la Oficina Nacional de Servicio Civil, las entidades del Estado podrán designar “a personas que no sean funcionarios públicos, a razón de una designación por cada tres vacantes generadas a partir de la promulgación” de esa normativa, “salvo las excepciones que establezca el PE a “efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los cometidos esenciales y sociales del Estado”.
Mieres dijo que las preocupaciones con COFE “son más bien resultado de dudas sobre la interpretación y no sobre el tema de fondo”. “No es que haya diferencias de fondo”, sostuvo. Planteó que la necesidad de reducir vacantes “es un dato de la realidad, que se había anunciado durante la campaña electoral”, pero “es lógico que hay un límite”. En ese sentido, manifestó que “no se van a comprometer” cargos que tienen que ver con “áreas sensibles en lo social o en la prestación de servicios”.