En los últimos meses se ha intensificado el debate entre diferentes actores políticos y sociales sobre qué hacer con el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el nuevo período de gobierno. Las posturas son variadas. Algunos proponen eliminarlo, aduciendo la escasa prosperidad del ente y las limitadas capacidades de ingreso económico que logran los colonos. Proponen habilitar la transferencia en propiedad de la tierra, a partir de financiamiento de largo plazo. De esa forma se podría fomentar un mercado de tierras atractivo para la clase media con ahorros, y por esa vía se dará un salto productivo, de inversión, requerimientos de servicios y generación de mano de obra en las 600.000 hectáreas de que dispone el INC. Otros reclaman potenciar sus acciones sin dejar de percibir los recursos económicos que permiten el acceso a la tierra en una coyuntura en la que la valorización del recurso excluye a los “trabajadores rurales” que son los destinatarios de la Ley 11.029.

Más allá de las discusiones del anteproyecto de la ley de urgencia, en lo inmediato todo indica que el INC seguirá actuando. En el artículo N° 1 de la Ley 11.029 se establece que el objetivo de la colonización es tanto el aumento y mejora de la producción agropecuaria como la radicación y bienestar del trabajador rural. En el espíritu de la ley está tanto el incentivo a la productividad como la función social de la tierra. Las políticas de tierras desde 1948 hasta la actualidad han pendulado entre uno y otro de estos cometidos de acuerdo a la orientación ideológica de los sucesivos gobiernos democráticos o autoritarios.

A diciembre de 2019, el INC contaba con 615.534 hectáreas, que representaban casi 4% del territorio agropecuario nacional y 27% de la superficie ocupada por productores familiares de todo el país. Conforman el INC unas 3.685 unidades productivas. Se consideran “unidades productivas familiares” aquellas que tienen a uno o dos titulares, de las cuales se registran unas 3.422 y ocupan 66% de los inmuebles del INC. Y por otra parte, unas 263 unidades “asociativas” (las que presentan tres o más titulares), que ocupan 34 % del territorio colonizado.

El año 2019 cerró con porcentajes de superficies en manos de colonos arrendatarios similares a los de 2005, en detrimento de la superficie estimada en manos de colonos propietarios y promitentes compradores de campos del INC (que pasó de 56% a 38%). A su vez, el INC presenta al día de hoy ocho veces más experiencias asociativas que las que presentaba en 2005.

Una de las particularidades del INC es que se reglamenta en la Constitución la conformación de su directorio; se establece que el instituto se integrará con: a) un presidente designado por el Poder Ejecutivo; b) un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; c) un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas; d) un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que deberá elegirlo de una lista integrada con dos candidatos propuestos por la Universidad de la República y dos candidatos propuestos por la Universidad del Trabajo del Uruguay; y e) un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que deberá elegirlo de entre los candidatos propuestos por las organizaciones nacionales de productores.

Quienes atacan al INC destacan la baja productividad e ingreso de los productores colonos, pero esa baja productividad no es exclusiva de ellos ni de los productores familiares. También las grandes empresas tienen ese problema.

En las próximas semanas la Universidad de la República (Udelar) y el Consejo de Educación Técnica Profesional deberán proponer nombres para que el Poder Ejecutivo designe los “representantes”.

Considerando al INC como un instrumento por demás vigente en nuestra realidad nacional, y partiendo de su tradición de vinculación de extensión y actividades en el medio, la Udelar debería ofrecer su trabajo al servicio del país, como lo hace en tantos otros asuntos de interés público.

¿Qué tiene para aportar la Universidad?

Los que atacan al INC destacan la baja productividad e ingreso de los productores colonos. Lo primero a señalar es que la baja productividad no es patrimonio de los productores colonos, ni de los productores familiares. Las empresas grandes o muy grandes como UAG, El Tejar o NZ Farming Systems Uruguay tuvieron y tiene serios problemas de productividad. Un número importante de las empresas ganaderas de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, que manejan en promedio 2.000 hectáreas, muestran baja producción de carne e ingreso neto.

Pero es buena cosa reconocer el problema de productividad de la producción familiar y en particular de los colonos. No por un sentido productivista, sino porque en la producción familiar el ingreso económico de las familias, para tener un vida digna, una casa cómoda y poder dar facilidades para la formación de los hijos, tiene directa relación con los niveles de producción. Por tanto, la remuneración de la mano de obra familiar depende de los niveles de producción que se logren y la forma de producir (costos de producción).

Para los productores colonos, la ganadería, la lechería y la horticultura son los rubros principales. En estos rubros, equipos de investigación de la Udelar junto a diferentes actores sociales han generado conocimiento científico y experiencias prácticas que permiten dar viabilidad, sostenibilidad y robustez (frente al clima y el mercado) a los sistemas de producción, mejorando la calidad de los recursos naturales y el ingreso económico de las familias.

Repasemos brevemente algunos casos sin pretensión de exhaustividad. En horticultura, los grupos interdisciplinarios que conducen los profesores Dogliotti y Galván han demostrado cómo los predios hortícolas pueden mejorar la productividad y el ingreso neto a partir de un rediseño del sistema de producción, dado por la implementación de una planificación del uso del suelo, prácticas de manejo en cultivos que hagan énfasis en la ecofisiología de estos, uso de materiales genéticos adaptados y el control biológico de plagas y enfermedades. Estos trabajos han utilizado la metodología de coinnovación o investigación participativa, con el involucramiento de diferentes actores sociales.

En lechería, los profesores Chilibroste y Meikle trabajan en desarrollar sistemas de producción lecheros basados en alta producción y consumo de pasto a partir del manejo de la intensidad de pastoreo de pasturas perennes, de forma de lograr un incremento en la producción de leche y reducir costos de producción. La Red Tecnológica que conducen estos docentes ha procurado el involucramiento de productores e industrias, combinando trabajos de investigación en estaciones experimentales y en predios. Estos trabajos mostraron que los predios, cuando producen y cosechan mucho pasto, logran excelentes ingresos económicos, aun en momentos de precios bajos de la leche.

Equipos de investigación de la Udelar junto a diferentes actores sociales han generado conocimiento científico y experiencias prácticas que permiten dar viabilidad, sostenibilidad y robustez (frente al clima y el mercado) a los sistemas de producción.

Por otro lado, los grupos interdisciplinarios que conducen los profesores Carriquiry y Soca han mostrado el potencial de producción de carne en predios ganaderos sobre campo natural a partir de mejoras en la producción y las medidas tácticas de intervención sobre los animales, para una mejor utilización de la energía consumida por las vacas. Se combinan el trabajo experimental con el desarrollo de sistemas de producción, con la metodología de coinnovación. Junto con los productores se ha mostrado una ruta de cambio técnico que permite que en poco tiempo los predios puedan duplicar la producción de carne por hectárea (el promedio nacional es de 70 kg/ hectárea) y obtener un ingreso neto mayor a 130 dólares por hectárea por año.

Una novedad que ha tenido la colonización en los últimos años ha sido el carácter asociativo del uso de la tierra (superando las 200 experiencias). La Udelar cuenta con un espacio académico de referencia en cooperativismo y asociativismo que es la Unidad de Estudios Cooperativos, conducida por el profesor Gerardo Sarachu. Esta unidad académica de la Udelar viene llevando adelante una profunda línea de investigación y formación a partir del concepto de adecuación sociotécnica de los emprendimientos asociativos para construir viabilidad. El acompañamiento de muchos y diversos emprendimientos ha mostrado que la viabilidad no está dada per se, sino que se construye.

En las próximas semanas la Udelar deberá resolver qué nombres le propone al Poder Ejecutivo para integrar el directorio del INC. Pero lo más relevante es que la Udelar tiene la oportunidad de elaborar ideas y propuestas, a partir de su actividad académica, para contribuir al desarrollo de la colonización en Uruguay.

Ignacio Paparamborda es ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.