El diputado colorado Ope Pasquet presentó hoy un proyecto de ley para legalizar en el país la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que actualmente está condenado en el derecho penal uruguayo.

En la exposición de motivos del proyecto, Pasquet explica que la eutanasia está regulada en circunstancias extremas, cuando el homicidio sea cometido “por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de su víctima”. En cambio, el suicidio “médicamente asistido” se castiga con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.

El legislador sostiene que “toda persona adulta es dueña de su propia vida y debe poder disponer de ella, mientras no haga daño a otros”, lo que se trata de un criterio “radicalmente liberal” que “impregna nuestras leyes, que no castigan la tentativa de suicidio”. Además, observa que “hay situaciones en las que quien quiere consciente y deliberadamente dejar de vivir para dejar de sufrir, necesita ayuda para hacerlo”, ya sea porque “le resulta físicamente imposible suicidarse” o “porque no quiere emplear métodos violentos para hacerlo y no tiene acceso a otros”.

Por eso, junto a la firma de varios diputados del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Pasquet presentó este proyecto, que establece que “no comete delito el médico que practica la eutanasia activa, ni el que ayuda a otro a suicidarse, si cumple con las disposiciones de la ley”. Lo que propone el texto es “regular por ley cuándo y cómo son admisibles la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido, estableciendo procedimientos y controles que den garantías a los sufrientes, a sus familiares y a los médicos dispuestos a ayudarlos”.

Para poder decidir acabar con su vida, la persona debe ser mayor de edad, estar “psíquicamente apta” y afectada por una “enfermedad termina e incurable”, o que padezca “sufrimientos insoportables y el médico actúe de conformidad con las disposiciones de la ley”.

La voluntad de la persona para acabar con su vida debe ser “libre, seria y firme”, y el médico que llevará adelante el proyecto debe dialogar “extensa y reiteradamente con el sufriente”. Una vez tomada la decisión, el paciente debe firmar una “declaración de voluntad final”, emitida ante dos testigos, uno de los cuales ha de carecer todo “interés económico” en el deceso. Esta declaración de voluntad, no obstante, podrá ser revocada por el propio paciente.